Desposesión global

En esta nueva etapa del capitalismo salvaje que estamos padeciendo desde los años ochenta del siglo pasado, a partir del “Consenso de Washington”, cuando el capital decretó de manera unilateral la eliminación de todo tipo de límites a la acumulación del capital, hemos venido viviendo un proceso de despojo progresivo, no sólo de los recursos económicos, sino de los bienes comunes, de los valores democráticos, de la política, de los derechos y hasta de la esperanza.

Este periodo no surge de la nada, sino que nace de la misma lógica perversa del sistema capitalista que ante su inminente caída, provocada por él mismo, busca en vano revitalizarse socavando sus propias bases materiales e ideológicas, con la esperanza de alargar su sobrevivencia, a costa de lo que sea.

La violencia desatada en diversos frentes a nivel global, bautizada como terrorismo, crimen organizado, conflictos interétnicos, raciales o religiosos, fundamentalismos, terrorismo migratorio, es el marco general creado para sostener y radicalizar los nuevos modos de acumulación por despojo, última oportunidad de sobrevivencia de los más ricos; y es la última, porque implica la destrucción de la vida sobre el planeta.


Esto que puede sonar algo lejano, en realidad está tocando ya nuestra vida cotidiana: la semana pasada acabamos de ver cómo el partido en el poder no ha tenido empacho alguno en aprobar una supuesta ley de seguridad que legitima de hecho el terrorismo de Estado que ya se viene aplicando desde hace años, con la presencia del Ejército en las calles bajo el pretexto del combate al narcotráfico; una ley claramente violatoria de la propia Constitución y del Derecho y los Acuerdos Internacionales.

Al mismo tiempo y para tratar de ocultar el grado de corrupción al que han llegado los políticos y los funcionarios, aprobaron también la reforma al Código Civil que prohíbe denunciar y divulgar información sobre personajes públicos cuya imagen resulte afectada, no importando si los hechos son reales o no.

En pocas palabras, ante la avalancha de los casos de corrupción y de rapiña que han surgido y siguen surgiendo continuamente de funcionarios ligados al poder, los políticos corruptos se blindan con esta ley que les permite multar o encarcelar a quien los denuncie.

Y aprovechando el viaje y como regalo de fin de año, también se aprobó la Ley de Biodiversidad que autoriza la minería en Áreas Naturales Protegidas, lo cual significa luz verde para la destrucción, sin importar nada. Este tipo de traiciones a la patria y a la sociedad es posible por una sencilla razón que quedó ampliamente documentada en la declaración de un senador que ante las protestas sociales por la Ley de Seguridad Interior dejó en claro que en el Legislativo, “el pueblo no manda”, sino que son los diputados y senadores quienes aprueban las leyes, y le faltó aclarar que son las leyes que les ordenan sus patrones, a sus grupos criminales a los que pertenecen.

Después de este tipo de declaraciones, es evidente que la clase política se considera no sólo ajena a los intereses de la sociedad, sino muy por encima de ella, de tal manera que el “poder delegado” es una simple mentira piadosa.

La desposesión de la política y de los derechos es, por lo pronto, un hecho formal, pero falta la respuesta social ante este nuevo despojo, ahora más cínico y descarado, hay que echar abajo las leyes injustas, ya sea por los medios legales o por la desobediencia civil de una sociedad consciente y organizada.