Cuando la CNDH emitió la Recomendación 10/2017 en marzo pasado, determinó que uno de los derechos fundamentales violados por las autoridades de los tres niveles de gobierno era el derecho a la información. De hecho, a lo largo del texto de la Recomendación se puede constatar que las autoridades sabían de la situación de la contaminación –e incluso simularon actuar para remediarla por medio de dos fallidos planes de saneamiento (en 2005 y en 2011)–, pero no informaron a los pobladores de las comunidades ribereñas de las condiciones de contaminación de los cauces de los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y sus afluentes.
El hecho constituye una violación del derecho que los ciudadanos tenemos a que nuestras autoridades nos adviertan de los riesgos que pueden afectar nuestra integridad, nuestro patrimonio (como las tierras de cultivo de los ejidatarios), nuestra salud o nuestra vida y termina ocultando las verdaderas responsabilidades, la corrupción, la negligencia y el desvío del poder institucional, para favorecer los intereses de las grandes empresas asentadas en los corredores industriales y transferir los costos a la población de la cuenca. Además, las autoridades han aprovechado el ocultamiento de la información para evitar abordar seriamente la crisis ambiental, de salud y de violación de derechos humanos en la cuenca, que afecta directa o indirectamente –como bien dice la Recomendación de la CNDH–, a más de 2 millones de personas que habitan dentro de la cuenca en los estados de Tlaxcala y Puebla.
Ahora, 10 meses después de haberse emitido la Recomendación y sin que se haya constituido formalmente un Grupo Interinstitucional para el diseño de un Plan Integral de Restauración Ecológica de la cuenca (siendo que la Recomendación lo solicita a todas las autoridades y que éstas se obligaron a hacerlo al aceptar los términos planteados por la CNDH desde abril de 2017), el gobierno de Tlaxcala ha anunciado que destinará 160 millones de pesos a la construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) que, presuntamente, servirán tanto para el saneamiento de la cuenca como para dar respuesta a la Recomendación emitida por el ombudsman nacional. Sin embargo, nuevamente las autoridades han echado a andar el camino de la opacidad, porque no han hecho públicos los criterios que siguieron para determinar que sólo construyendo PTAR se saneará el río; tampoco está claro cuál será el esquema de gestión, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento: ¿quedarán en manos de los municipios o compartirán la responsabilidad con el gobierno del estado o el federal? ¿De esa manera desaparecerán las altas concentraciones de plomo, cianuro, arsénico, los compuestos orgánicos volátiles, los bencenos, xilenos y toluenos y otras sustancias que contaminan los ríos, los suelos y envenenan a la gente? ¿Una PTAR representa una simbólica disculpa pública a los pobladores afectados? ¿Las plantas de tratamiento restituyen plenamente los derechos de las comunidades que han denunciado por más de 20 años el problema? Por lo pronto, en varias comunidades de Tepetitla y Natívitas ya aumentaron, hasta en 30 por ciento, la cuota por el abasto de agua potable y nadie sabe quién construye, quién administrará, ni cuánto tiempo durará esta nueva y costosa simulación gubernamental.
Al aceptar los términos de la Recomendación, las autoridades federales, estatales y municipales no adquirieron automáticamente el “privilegio” de decidir qué partes acataban y cuáles no. Aceptaron la Recomendación como fue formulada y entre sus puntos se incluye el requerimiento de incluir a las organizaciones de la sociedad civil para diseñar e implementar un plan de saneamiento que sirva tanto para restaurar ecológicamente los ecosistemas ribereños como para restituir los derechos conculcados a las comunidades y pobladores de la cuenca. El gobierno de Tlaxcala, al actuar al margen de una instancia multilateral acordada con la CNDH (pero con la complacencia de la Comisión Nacional del Agua) y determinar el ejercicio de recursos públicos para construir PTAR en la cuenca alta de los ríos Atoyac y Zahuapan, está pretendiendo que las comunidades acepten que ese es el plan de saneamiento y que de esa manera se solventan las violaciones de derechos humanos en Tlaxcala y en México.
Desde noviembre pasado, organizaciones ciudadanas de la cuenca alta del Atoyac y el Zahuapan (como la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos) hicieron pública una Propuesta comunitaria de saneamiento originada en el diálogo y la consulta con cientos de pobladores de las comunidades afectadas y que recoge las exigencias más sentidas de los afectados en materia de saneamiento del agua, de restauración de los suelos, de prevención de la contaminación, de atención a la salud de las personas, de regulación de la industria y de reconocimiento de los agravios. Esa propuesta representa un ejercicio de participación ciudadana responsable que se tomó en serio la Recomendación y discutió colectivamente cómo resolver esta crisis, incluso consultando a científicos especialistas de la UNAM y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Ya es hora de que las autoridades dejen de desperdiciar recursos con fines electorales y atiendan seriamente el problema. La vida de muchas personas va en ello.