A pesar de que reconocen que el munícipe incurrió en actos ilegales, los integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia y Responsabilidad de Munícipes del Congreso del estado desecharon la solicitud de procedencia y revocación de mandato que existe en contra del alcalde de Natívitas, Cuauhtémoc Barranco Palacio, por lo que ahora esa resolución será presentada al pleno para su dictamen final.
Los diputados priistas Sinahí del Rocío Parra Fernández y Angélica Zarate Flores, el panista Julio César Álvarez García y el ecologista Jaime Piñón Valdivia, determinaron que la solicitud de juicio político en contra del alcalde emanado del PRI es improcedente, ya que ninguna de las acusaciones que los inconformes expresaron ameritaba la instauración de juicio político. .
La solicitud de juicio político y de revocación de mandato en contra del alcalde fue promovida desde septiembre de 2014 por la síndico Carolina Vázquez Galicia y los regidores Julián Espíritu Hernández, José Javier González García, Everardo Pérez Quiroz, Adriana Ruiz Serrano y José Félix Lezama Hernández, además de ocho presidentes de comunidad, quienes acusaron a Cuauhtémoc Barranco de diversas irregularidades al frente del ayuntamiento.
La resolución de los integrantes de esta comisión se da a pesar de que en el propio acuerdo, al cual La Jornada de Oriente tuvo acceso, advierte que el priista Barranco Palacio incurrió en un acto ilegal como es la retención o disminución del sueldo de los integrantes del cabildo.
“Si bien es cierto se presume como un acto ilegal la retención o disminución del sueldo de los denunciantes… más cierto es que eso constituyó un solo acto, mismo que era susceptible de ser impugnado a través de un medio legal correspondiente, para el efecto de que éste cesara o dejara de subsistir, y por otro lado, se les restituyera en el goce del derecho que se considerara violentado”, señala parte de la resolución.
En lo que se refiere a la revocación de mandato, los diputados de esta representación parlamentaria expresaron que no es la Comisión Instructora de Juicio Político la que debe conocer sobre el caso, sino la de Puntos Constitucionales.
Respecto a las presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto, la Comisión argumentó que éstas debieron haber sido denunciadas ante el Ministerio Público, a fin de que fueran investigadas bajo la denominación de peculado y por todo ello, decidieron desechar esa petición de juicio político en contra del priista, misma que deberá ser aprobada por el pleno en los próximos días.