Desaparición forzada, agresiones, presos de conciencia, falsas acusaciones, etc

México, en los últimos años, ha recibido una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos, pues en los informes sombras o en las visitas y reportes realizados por los y las relatoras, se muestra que nuestro país incumple con lo establecido en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de todas y todos.

En esta ocasión quiero compartir la preocupación en materia del Derecho a Defender los Derechos Humanos, por lo que no quiero perder la oportunidad de mencionar: ¿Qué es un o una defensora de derechos humanos? Ellos y ellas son personas que actúan a favor de un derecho o varios derechos humanos, de manera individual y colectiva. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Las y los defensores abordan cualesquiera de problemas de derechos humanos, que pueden comprender desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitraria, la violencia hacia la mujer, la trata de personas, la discriminación, las cuestiones laborales, las expulsiones forzadas, el derecho a la tierra, el derecho al medio ambiente sano, a la salud, etc.

A pesar de esta importante labor que realizan a lo largo y ancho del país, la situación de las y los defensores en derechos humanos es preocupante, pues la situación de adversidad que enfrentan los coloca en situación de riesgo e incluso en peligro de perder la vida, y que como ciudadanos y ciudadanas no alcanzamos tal vez a visualizar del todo, y más cuando ciertos medios de comunicación permiten el juego para colocar a los y las defensores de derechos humanos como personas con intereses personales o como las y los violentos que alteran el orden público.


El informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, actualización 2012 y balance 2013, publicado por la Oficina del Alto Comisionado en México, muestra que en ese periodo tomaron como base 89 agresiones registradas por la Oficina del ACNUDH en México en contra de personas defensoras, sus organizaciones o familiares entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, mostrando que las y los defensores viven en un clima de hostilidad en el marco de las actividades que realizan.

Aun cuando no existe una cifra consolidada a nivel nacional, los datos publicados por las comisiones de Derechos Humanos reflejan este clima de hostilidad contra los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la CNDH documentó 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras durante el periodo enero de 2005 a mayo de 2011. Asimismo, a nivel nacional, el sistema de organismos públicos de protección a los derechos humanos inició, en el periodo mencionado, 523 expedientes de queja y solicitó 156 medidas cautelares por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas defensoras, generando un total de 33 recomendaciones. En su Informe Anual 2011, la CNDH registró un incremento de 23 por ciento en los ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos en comparación con el año 2010. Este último dato coincide con lo documentado por la Oficina del ACNUDH en México respecto al incremento de agresiones durante 2011.

Dentro de las agresiones que sufren los y las defensoras de derechos humanos se tienen: desapariciones forzadas, privación arbitraria de la vida, atentados, amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias, injerencias arbitrarias, entre otras.

Ante esta situación quiero abordar dos casos en particular: uno de ellos sobre los casos de detención arbitraria de los y las integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, que por el simple hecho de defender sus derechos humanos han sido atacados y privados de su libertad, sin derecho a fianza por que un juez los considerarlas “personas peligrosas”.

Otro caso es el de la Mtra. Teresa Ulloa, a quien se le están haciendo falsas acusaciones por dos lideresas del PRI en el Distrito Federal, quienes aseguran que las amenazó incluso de hacerle daño a su familia, si no declaraban en contra de Gutiérrez de la Torre, por la supuesta red de trata que opera.

¿Desde cuándo las defensoras de derechos humanos necesitan inventarse pruebas? ¿Para quién, ser una o un defensor de derechos humanos implica ser una persona peligrosa? Cuando los casos por sí solos son tan evidentes, lamentablemente en la lógica de procuración y administración de justicia o de las autoridades involucradas, lo lógico puede ser ilógico, y lo ilógico, lógico.

Tal vez nos suene familiar este tipo de situación, ya que en algún momento de nuestras vidas o en muchos momentos, cada ciudadano y ciudadana es un defensor de los derechos humanos; es decir, cuando exigimos a una autoridad municipal y/o estatal cumpla con garantizar infraestructura, luz, agua, seguridad, trabajo, etc., o denunciamos algún delito del cual fuimos víctimas y no encontramos respuesta, y que nos lleva hacer otra acción pública para visibilizar las omisiones, a buscar alternativas con organizaciones sociales, o nos lleva a organizarnos a nivel comunitario para encontrar una solución; en esas acciones estamos ejerciendo nuestro derecho a defender nuestros derechos humanos, y preguntémonos: ¿Si, por exigir o expresar la falta de, nos hemos sentido acusados, intimidados y amedrentados?