El Sistema Penal Acusatorio (SPA) aún desafía algunos obstáculos, como la falta de criterios homologados para su aplicación, de salas de oralidad y de difusión, puntualiza Héctor Maldonado Bonilla, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quien establece que en la medida en que la sociedad tlaxcalteca lo conozca y entienda, no pedirá la pena privativa del imputado, sino alcanzar un acuerdo para que le reparen el daño.
De junio de 2016 a la fecha, el SPA ya está en completa operación en la entidad y los diferentes operadores “estamos en plena coordinación y trabajo”. De ese año a este momento –explica–, en el Distrito Judicial de Guridi y Alcocer hay una estadística de 363 asuntos y en el de Sánchez Piedras de 195, pues este inició funciones con posterioridad; ambos son en materia penal. Para 2018, la proyección es de 164 causas en el primero de estos y de 133 en el segundo.
Actualmente casi el 90 por ciento de asuntos penales corresponde al sistema tradicional y el resto al acusatorio; esta misma proporción se mantiene en la segunda instancia. Todavía tardará un tiempo dar salida a todos los casos del esquema anterior. En tanto, continúan las actividades de capacitación, no con la misma dinámica que al inicio, pues se pasó del proceso de implementación al de consolidación, asienta.
El magistrado subraya que para el presente ejercicio fiscal, al Sistema Penal Acusatorio se le asignaron casi 19 millones de pesos para sueldos y salarios, capacitación y operación de todos los órganos jurisdiccionales.
–¿Son suficientes?
–Evidentemente, por muy bien que se manejen de manera clara, eficiente y oportuna, los recursos nunca serán suficientes, sobre todo para cuando se tienen que afrontar nuevos retos, como el cúmulo de asuntos que están por llegar de la Procuraduría General de Justicia del Estado( PGJE), que ya se encuentra judicializando gran cantidad; el crecimiento empezará a ser exponencial.
Los juzgados y las casas de Justicia todavía “funcionan muy bien” y son suficientes, pero con ese incremento tendrán que nombrarse jueces nuevos en los años subsecuentes. De hecho, el gasto que ello implica fue considerado en el anteproyecto de presupuesto 2018; sin embargo, con los cerca de 19 millones, la “operación está garantizada”.
La proporción en que el número de asuntos aumente, dependerá de la judicialización. Tan solo en el distrito de Guridi y Alcocer, en 2015 hubo 48 asuntos; en 2016, 127; en 2017, 151 y en 2018, se prevén 164. El crecimiento gradual es de entre 10 y 15 por ciento anual, pero habrá que ver el comportamiento real. “Estamos preparados para hacerle frente”.
En cuanto a la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, para judicializar algunos asuntos del sistema tradicional con el acusatorio, expone que el tema se abordó recientemente en una reunión con el titular de la PGJE, José Aarón Pérez Carro, para colaborar interinstitucionalmente. “En eso estamos y se verá reflejado en próximos días en el trabajo cotidiano”.
–Cuando usted asumió la presidencia del Poder Judicial (en febrero pasado), dijo que consolidaría el Sistema Acusatorio, ¿cómo se está trabajando porque hay mucha inconformidad por parte de la ciudadanía?
–Dije que partiría de un diagnóstico de todas las áreas y materias. Es un documento base que va a determinar la actuación del Poder Judicial al año 2020, cuando termine mi encargo. Entre los cinco ejes destacan la consolidación de la justicia alternativa que tiene que ver con la mediación y conciliación.
–¿Cuáles han sido los principales obstáculos para operar el Sistema Acusatorio?
–Es un sistema de implementación reciente, que como todo lo nuevo implica una resistencia al cambio, pero el reto fundamental es la capacitación, no nada más de personal judicial, sino de todos los operadores, de manera continua.
Por otra parte –acentúa–, es importante que tengamos criterios homologados, no solo al interior del Poder Judicial del estado, sino entre éste y los jueces de la Federación. Se ha avanzado, cada año en el mes de noviembre se llevan a cabo conversatorios, con magistrados y jueces, sobre una agenda de por lo menos 10 temas, considerados los puntos principales que se vienen dando cada día.
“¿Qué obstáculos tenemos en este momento?, que todavía no se logra construir toda la interpretación de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales; está empezando a generarse apenas todos los criterios y son muy cambiantes, eso es algo que en el día a día estamos compartiendo”.
El magistrado–presidente resume: “Iríamos por capacitación, se necesita continuar; homologación de criterios y más espacios, faltan más, dígase salas de oralidad con su debido equipamiento; aquí en Ciudad Judicial tenemos dos salas que ya están montadas, amuebladas, pero requieren de equipamiento”. Para ello será necesario gestionar recursos federales o estatales que en este momento ya no los hay como cuando se realizaba el proceso de implementación de este nuevo sistema, añade.
Resalta la importancia de difusión del SPA y la sensibilización, dirigida a la ciudadanía en general y a los representantes de los medios de comunicación, “porque hay que explicarles cuáles son los verdaderos alcances en cada etapa, cuál es la función del juez, qué pasa con las medidas cautelares y con la prisión preventiva oficiosa o con los acuerdos reparatorios y cómo funcionan los mecanismos en relación a la materia penal”.
Maldonado Bonilla subraya la trascendencia “de poner mucho énfasis en que el Sistema Acusatorio no busca realmente la sanción o la pena privativa, porque esa ya no es su esencia, sino la reparación del daño en cuanto al patrimonio de la persona”; además, persigue un equilibrio entre la víctima y el imputado.
“Es un sistema eminentemente garantista; es relevante que se divulgue, pues en la medida en que la sociedad lo va entendiendo y conociendo, se familiariza más con los procedimientos y muchas veces los cuestionamientos que surgen para las instituciones van quedando desterrados”, abunda.
Invita a la sociedad a conocer los mecanismos alternativos de solución de controversias: mediación, conciliación y justicia restaurativa. El Poder Judicial tiene dos mediadores especializados en materia penal y en justicia para adolescentes; ha apoyado a la PGJE con capacitación a su personal, por lo que en este sentido “ya hay criterios homologados”.
“En medida en que la gente se acerque no va a buscar tanto la pena privativa, sino va a decir, cómo puedo alcanzar un acuerdo donde me reparen el daño, por algún fraude, abuso de confianza, por cuestión eminentemente patrimonial”, reitera.
Cita como ejemplo que el Poder Judicial tiene gran cantidad de asuntos por incumplimiento de la obligación de dar alimentos, “cuestión meramente de origen familiar, en la cual solo hay que poner a las partes con un facilitador experto para que ayude a determinar posibilidades de pago, periodicidad y la manera de hacerlo, así no tendrá por qué terminar el caso en una cuestión de índole penal, y se deja la actuación de jueces, fiscalías y salas, para tramitar asuntos graves donde la justicia alternativa no tiene cabida”.
En abril de 2017 –realza– fueron certificados los dos primeros facilitadores “y ya estamos por encima de muchas entidades federativas” que incluso tienen mayores recursos.
Según la base de datos del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias por entidades federativas, del 11 de agosto de 2017 al 28 de febrero de 2018, Tlaxcala está en el lugar 14, con 18 asuntos y por encima de la media nacional y de estados como Campeche, Yucatán, México, Tamaulipas, Durango, Puebla y Colima. La primera posición la ocupa Guanajuato.
–¿Qué le dice a las personas, sobre todo del sector privado, que han mostrado mucho disgusto porque se deja en libertad a imputados?
–Como Poder Judicial decidimos y resolvemos con lo que nos llega, con el planteamiento que nos hacen por parte de la Procuraduría y con la estrategia legal que determinan quienes representan legalmente a las personas físicas o morales.
“Como jueces o magistrados no podemos desconocer la existencia de tratados internacionales, que es donde se recoge el principio de presunción de inocencia, y la propia Carta Magna donde se habla del derecho del imputado a la defensa adecuada… entonces es una cuestión de ponderación, pero es un sistema garantista, pues no se puede dejar de ver a la víctima, que es parte del proceso y debe estar debidamente representada, aunque advertimos que en muchas ocasiones no lo está, ni siquiera es notificada o hay alguna irregularidad”, puntualiza Maldonado Bonilla.
Afirma que el Poder Judicial siempre ha reconocido el derecho de apelación, el de intervenir en todas las audiencias, el de ser informado y asesorado, para hacer efectivo lo que la Constitución establece para ambas partes, y si alguna no está de acuerdo con la resolución, puede promover un juicio de amparo.
“La gran ventaja que hemos tenido es que las resoluciones que se han venido dictando en su mayoría, arriba de 80 u 85 por ciento son confirmadas por el Poder Judicial de la Federación, ahí se ve una coordinación en cuanto a los criterios. Es un alto grado de cumplimiento”, destaca el magistrado.