Denuncian devastación socio ambiental en el río Atoyac ante la ONU

Gabriel Hernández García

Del 29 de agosto al 7 de septiembre del año en curso visita nuestro país el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y Derechos Humanos, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2011. Su mandato incluye la promoción de la implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. Sostuvieron reuniones en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Jalisco, Sonora y Estado de México con organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por abusos de la actividad empresarial, las cuales  denunciaron ante esta instancia internacional un rosario de afectaciones socioambientales a lo largo y ancho del país. Como es por demás evidente, estas afectaciones se dan en un contexto de violencia, desigualdad estructural, impunidad y corrupción, a favor de la mayoría de las empresas para acrecentar sus capitales a costa de nuestro medio ambiente y de la vida de los pueblos. Además de ello, las reformas estructurales facilitan la realización de muchas de las actividades industriales y debilitan la protección y vivencia de los derechos humanos.

Existen miles de casos de falta de acceso a la justicia e incumplimiento de normas y sentencias, lo que sin duda alguna violenta el Estado de derecho y los más altos estándares internacionales de justiciabilidad. Otra de las situaciones que está violentando la vivencia de los derechos humanos es la criminalización de la protesta social y los abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual se ha vuelto común. Esto nos coloca como uno de los países en donde la defensa de los derechos humanos es una de las acciones más peligrosas. Muchos de estos abusos son contra defensores y defensoras ambientales que han luchado junto a sus comunidades contra diferentes proyectos empresariales y otros son contra aquellas personas que exigen sus derechos laborales. La persecución a defensores y defensoras van desde el desprestigio, la estigmatización como personas u organizaciones que “se oponen al progreso”, las amenazas de muerte, las agresiones físicas, el uso del aparato judicial en su contra, hasta los encarcelamientos y asesinatos. Un caso emblemático es el de Ildefonso Zamora, recientemente liberado y su hijo Aldo Zamora, asesinado en 2007, por proteger los bosques de su comunidad por taladores clandestinos en el Estado de México.


En su visita a nuestro país, este Grupo de Trabajo de la ONU ha podido conocer violaciones a los derechos humanos que realizan empresas en el ámbito forestal y agroindustrial, como el de las comunidades mayas afectadas por la siembra de soya transgénica y los riesgos de contaminación transgénica del maíz nativo, entre otros. También ha establecido contacto con comunidades afectadas por megaproyectos de infraestructura como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el acueducto Independencia que afecta al pueblo Yaqui, la presa el Zapotillo en Jalisco o la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, que resiste a la construcción de la autopista de cuota Toluca–Naucalpan en el Estado de México. Numerosos son los casos que ha conocido el grupo de la ONU, relacionados con proyectos de generación de energía, como hidroeléctricas y eólicas.

El 4 de septiembre, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos acudió a San Francisco Xochicuautla para reunirse con más de 28 organizaciones, comunidades y movimientos procedentes del Estado de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Chiapas, entre otros, cuyos derechos humanos han sido violados por las actividades empresariales, “legales” e ilegales. En su breve recorrido por diferentes lugares del país y a través del diálogo con diversos actores sociales, el grupo de trabajo conoció la gravedad de la crisis en materia de derechos humanos que vive nuestro país. Esperamos que en las conclusiones que está por presentar, se refleje el sentir de los pueblos y comunidades afectadas por la actividad empresarial en complicidad con el Estado, a través de proyectos económicos, extractivos, energéticos, industriales o de infraestructura. También será fundamental que se pronuncie en torno a la falta de transparencia en las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico.

Los defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones sociales, los pueblos y comunidades afectadas que claman por justicia han solicitado al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos que la ONU recomiende al Estado mexicano el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de pueblos y comunidades, tanto indígenas como campesinas, urbanas y rurales, especialmente los pueblos originarios y barrios de grandes ciudades que están siendo afectadas por la actividad empresarial.

Desde Tlaxcala, la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Red Juvenil en Defensa de los Pueblos y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local denunciaron en Xochicuautla la gravedad de la devastación socio ambiental del río Atoyac, mostrando que las empresas de los  tres corredores industriales continúan descargando de manera persistente, desde hace varias décadas, sus desechos tóxicos al río Atoyac sin ningún tratamiento previo.

Con ello, violentan los derechos fundamentales de las comunidades, como son el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad, a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano y a un trabajo digno.

Junto a otras luchas socio ambientales del país, exigieron la intervención de la ONU para que, después de varias décadas de omisión, el Estado mexicano asuma su responsabilidad histórica con los pueblos y comunidades que viven cotidianamente el dolor que provoca la contaminación de su río, su territorio y el deterioro de su vida y salud. Esta visita alimenta la esperanza de un pueblo que clama por justicia ambiental y las organizaciones sociales seguirán exigiendo que las recomendaciones que emita el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos sean asumidas por los diferentes gobiernos.