DE MAL EN PEOR. LAIP Y CAIPTLAX

Uno de los pocos avances, sino es que el único que provocó la alternancia en el gobierno federal y que se reprodujo en cascada en los gobiernos estatales y municipales, fue el derecho de los ciudadanos a la información pública.

Se parte del principio de que toda la información que produce el Estado –y no sólo el Poder Ejecutivo–  es pública en razón de que son entidades que no se representan a sí mismas, sino que son producto de un pacto social para representar a la sociedad en su conjunto.

En Tlaxcala, la ley (LAIP) y la Comisión de Acceso a la Información Pública (Caiptlax) ha vivido un proceso atravesado por la alternancia: La iniciativa es presentada y aprobada en el gobierno perredista, la comisión instalada por el gobierno panista y juntas siguen su camino en el gobierno priista.


El artículo 28 de la LAIP refiere que la Caiptlax por sí o a través de terceros debe evaluar semestralmente a los sujetos obligados y publicar los resultados. A casi 10 años, el número de evaluaciones realizadas y publicadas no son  más que ocho.

Con excepción de la segunda de 2012 y la de 2013 en que se establece un índice general de cumplimiento, en todas las demás se ha privilegiado un elemento: la existencia de las áreas de información (ARI), las páginas web o la información mínima.

El mayor problema de las evaluaciones es que no se ha desarrollado una metodología que permita la comparabilidad para conocer los avances o retrocesos en la aplicación y observancia de la LAIP.

De los 140 sujetos obligados, algunas evaluaciones utilizan como población a 132, 133, 137 o 139. Las evaluaciones han sido realizadas por dos  grupos de trabajo, consultores externos y la propia Caiptlax, aunque en este último caso, nunca se especifica.

Un primer balance arroja que las páginas web de los sujetos obligados han avanzado de un 87.7 al 100 por ciento. En donde el asunto resulta crítico es en el cumplimiento de la información mínima.

Hasta 2012 e inclusive en 2013 el Congreso pasa de 26 puntos en la primera evaluación a 44 en la última, el Poder Ejecutivo de 65.1 puntos a 29.41, los ayuntamientos de 18 a 14.76 puntos y los que están para llorar son los partidos políticos, de 13.4  a cero puntos.




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