Culpabilizar a la ciudadanía

Cuando existe deficiencia en la acción gubernamental la salida más fácil será siempre culpar a la propia ciudadanía de las situaciones críticas. Lo anterior a propósito de lo dicho en días pasados por el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaria de Gobernación, Alberto Begné Guerra, quien señaló a los medios de comunicación que es difícil combatir la trata de personas porque “es la propia comunidad la que los cobija y solapa”; incluso, se atrevió a culpar a las madres por involucrar a sus hijas en el delito y justificó que la razón por la que se derrumban los procesos judiciales es porque las mujeres declaran hacerlo por su voluntad.

Lo anterior muestra que las autoridades siguen sin comprender claramente el delito.

Una primera crítica a lo dicho por Alberto Begné es que suele, en muchísimos casos, culpabilizarse a las comunidades por las situaciones de criminalidad en las que se encuentran, sin analizar de fondo las condiciones históricas y estructurales que generaron esas situaciones. Para el caso de las comunidades de la entidad, es necesario reconocer que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es producto de un proceso que se ha venido desarrollando a lo largo de varias décadas, sin que los gobiernos que estuvieron en ese tiempo actuaran para detener el incremento del delito, de tal manera que en las dos últimas décadas las redes tlaxcaltecas alcanzaron una operación nacional e internacional.


Lo que difícilmente escucharemos por parte de los funcionarios públicos es una posición autocrítica, en la que se reconozca que el problema ha crecido porque no han implementado verdaderos procesos de prevención de la trata en la que las jóvenes estén ampliamente informadas de los mecanismos de enganche; donde los hombres tengan procesos educativos permanentes en los que rechacen las masculinidades explotadoras o consumidoras de los cuerpos esclavizados de las mujeres y las niñas.

Una autocrítica en la que se reconozca que los aparatos de impartición de justicia, como ocurre en muchos otros delitos, tiene una incapacidad sistemática de comprensión de los delitos y de eficiencia para castigar a los responsables, muestra de esto es que el propio subsecretario señaló que los procesos se caen porque las víctimas señalan hacerlo por su voluntad, siendo muy claro que en buena medida las redes de trata manipulan a sus víctimas para que manifiesten un consentimiento que sin lugar a dudas está viciado. Es claro que en los procedimientos judiciales el “consentimiento” de la víctima no debe ser un elemento determinante del proceso, sino demostrar la existencia de la explotación, pues  como lo han señalado diversas personas expertas en el abordaje de este fenómeno, nadie puede consentir su explotación, además de que existen elementos que muestran dicha condición, como es la libertad de la persona, el riesgo de la salud y la vida, o el destino del recurso económico generado.

En el contexto generalizado de desconfianza hacia las autoridades, el hecho de que no se hagan investigaciones y sanciones ejemplares hacia las redes de trata, alimenta tres hipótesis: a) las autoridades no comprenden el delito y no hay interés de profesionalización; b) las autoridades de alguna u otra forma se benefician del delito; o c) las autoridades están más ocupadas investigando a periodistas y activistas que las critican y no a las redes delincuenciales.

Respecto a esta última hipótesis, resulta increíble que con el desarrollo tecnológico para la intervención de comunicaciones, incluidos los sistemas de espionaje cibernético en los que el gobierno federal ha gastado un altísimo recurso, no sea posible encontrar pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de la delincuencia, incluso bastaría con seguir las rutas financieras.

Si bien una de las causas por las que persisten los delitos, incluida la trata, es porque se va generando un arraigo comunitario, en sus causas más profundas está la irresponsabilidad del Estado para actuar. Si hubiera altos índices de sanción y con sentencias ejemplares, los jóvenes pensarían más en involucrarse en estos actos delictivos; si existiera una adecuada protección y atención de las víctimas, seguramente habría más colaboración en las denuncias y se impediría que fueran reenganchadas; si existieran proceso de prevención permanentes, las comunidades cada vez más rechazarían a quienes se dedican a esta actividad, esto es el verdadero horizonte de la acción pública, no el de pasar la responsabilidad a las comunidades, a las víctimas o a sus familias.

En términos delincuenciales, al actual gobierno le ha tocado un escenario difícil, herencia de la inacción de sus antecesores. Hay una sensación ciudadana de que existen más delitos,  que el incremento del número de personal de seguridad no es el fondo y como ejemplo véase la presencia de la Gendarmería que desde que llegó a Tlaxcala, poco ha hecho por disminuir eficazmente la delincuencia. Se trata no del número de personas en las instituciones, se trata de su profesionalización y de que su eficacia sea medida en términos de los impactos reales en las diversas problemáticas, es decir, que avancen en la disminución y que en el mediano largo plazo alcancen la erradicación de las problemáticas.

En una entidad, en donde las personas reconocen su ciudadanía, no se puede esperar que el  Estado pase la responsabilidad a su población, pues justo se nombran a las personas en el gobierno para ser los responsables de la implementación de la política pública que lleve a la resolución de los problemas, es el Estado el responsable de proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos, si el gobierno nos pasa la responsabilidad de ello, ¿cuál es entonces su función? Algunos teóricos señalan que en este último escenario la función del Estado es la de ser gerente de los capitales legales e ilegales.