Contaminación del Atoyac-Zahuapan será llevada al Tribunal, confirman OSC

El caso de contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan y el incumplimiento a la recomendación 10/2017, será presentado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en octubre; asimismo, será expuesto a Lorena Cuéllar Cisneros, nombrada coordinadora estatal de programas de la administración federal próxima.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, señaló que a más de un año, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, continúan en omisión.

Recordó que esta asociación, la Coordinadora Por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, promotoras de la queja que derivó en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida en marzo de 2017, rechazaron firmar el convenio para la integración del Grupo Interinstitucional que se encargará de elaborar el programa de saneamiento de la cuenca.


“Enviamos las razones de por qué no íbamos a participar, por considerarlo contradictorio, absurdo e insuficiente; el delegado de Conagua (Comisión Nacional del Agua) en Tlaxcala (Epifanio Gómez Tapia) envió un oficio al director general de este organismo sobre nuestra respuesta, ese fue el último comunicado institucional que recibimos”, dijo.

Hasta ahora –indicó- la Conagua no ha buscado contacto con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), porque la propuesta comunitaria “es viable, técnica y científicamente” e implica discutirla.

“Además, con base en información difundida en medios de comunicación, el gobierno proyecta una solución a través de plantas de tratamiento. Yo creo que el negocio está más o menos armado, y esto los mete en otra lógica”.

Hasta donde se tiene conocimiento –expuso- el convenio aún no ha sido firmado, pero estaremos pendientes; además, las organizaciones analizaremos las vías jurídicas para emprender acciones en contra del incumplimiento a la recomendación.

Independientemente de ello, el CFJG trabaja en la documentación del caso, para presentarlo en la audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), a efectuarse en octubre próximo en el estado de Jalisco, pues a pesar de que esta problemática fue planteada desde 2006, las omisiones y violaciones son recurrentes, acentuó.

“Aun cuando las OSC han efectuado propuestas de solución y entregado información, no son tomadas en cuenta. Por este motivo el asunto será llevado al TLA, donde será expuesto como uno de los casos emblemáticos donde se está pisoteando el derecho humano y se visibiliza la impunidad y la simulación del Estado”, confirmó.

También –añadió- será necesario establecer comunicación con las nuevas autoridades federales, debido a que tendrán una obligación al respecto. “Vemos que se puede abrir una puerta, sin embargo, tenemos que seguir trabajando y evidenciando”.

Contestó que todavía no se han acercado a Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha sido nombrada por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, como coordinadora estatal de programas, “pero –sostuvo- tenemos intenciones de buscarla”.

Aseveró que la desaparición de delegaciones federales en los estados aún no ha quedado clara, por lo que no podría señalar si esta medida tendrá algún efecto en el cumplimiento de la recomendación, ya que actualmente “en la práctica no se ha visto un avance real”.

Méndez Serrano consideró que esta nueva propuesta e innovación en la administración pública plantea retos, tanto para la próxima administración como para la propia sociedad civil, “por el hecho de que las secretarías se establecerán en las entidades, pareciera difícil trasladarse a otros lugares”.

Sin embargo, opinó que esta figura nueva de coordinación estatal, “puede abrir una ventana de oportunidad para dialogar y poder acercarse a lo que le toca a la acción federal”.

En cuanto al ámbito estatal, puntualizó que la administración no cambiará, pues el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez culminará en 2021, “por lo que –subrayó- seguiremos insistiendo en el tema”.

En reiteradas ocasiones las OSC han criticado que a más de un año de la emisión de la recomendación de la CNDH, esta no ha sido acatada y que las autoridades han puesto varios pretextos, entre ellos el temblor del 19 de septiembre de 2017, cuando pidieron una prórroga, pero no les fue concedida.