Aun cuando el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ordenó su reinstalación como presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), Marlene Alonso Meneses ratificó la petición de juicio político en contra de David Cabrera Canales y de José Francisco Morones Servín; en tanto, estos comisionados impugnarán el fallo emitido por los magistrados, pues aún “no hay borrón y cuenta nueva” en este asunto.
En rueda de prensa este domingo, Alonso Meneses reiteró que se ha conducido por la vía legal y que las acciones emprendidas por sus compañeros han vulnerado sus derechos humanos y han ejercido violencia institucional y de género.
Precisó que el pasado viernes el TSJE le notificó el acuerdo relativo al expediente 03/2018 del Juicio de Protección Constitucional que promovió y en el que los magistrados suspenden el acto de su destitución en la presidencia del IAIP (y el nombramiento de Cabrera Canales en su lugar), por parte de esos dos comisionados (el 16 de febrero de este año), por lo que el fallo tiene efectos restitutorios. “Yo soy la presidenta”.
Refirió que convocará formalmente a sus pares para sesionar y enviará copia al Congreso local para que tenga conocimiento y, en dado caso, tome alguna determinación si es que sus compañeros no se presentaran. Además, “tendré que hacer lo que la normatividad me señala, el reglamento establece levantar acta circunstanciada sobre las faltas”.
Advirtió que la lucha a favor de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales “no se van a detener por intereses mezquinos o facciosos, de grupos internos o voces externas que quieran desestabilizar a una institución fundamental para el desarrollo democrático del estado”.
Pero al ser cuestionada sobre la injerencia externa en el IAIP, contestó que esa es una pregunta para los dos comisionados, pues son los que han efectuado acciones ilegales tanto dentro como fuera. Luego, precisó que no hay algún personaje ajeno inmiscuido.
En cuanto a la denuncia ciudadana de juicio político en contra de Cabrera Canales y Morones Servín ante el Congreso local, dijo que ya la ratificó la semana pasada, por lo que seguirá su curso, al igual que las denuncias penales interpuestas contra ellos por violentar cerraduras de las puertas de áreas administrativas.
Con esta suspensión otorgada por el TSJE –añadió–, la reinstalación de personal y los nuevos nombramientos que ambos comisionados hicieron, también quedan sin efecto. Al respecto, negó que exista un vínculo familiar entre ella y el director de Desarrollo Administrativo, Mario Cisneros, por lo que respondió que los comisionados mienten al señalar que sea su tío.
Alonso Meneses enfatizó que sus homólogos tienen a salvo sus derechos para refutar la decisión del TSJE y ofreció una disculpa a la sociedad tlaxcalteca por este tipo de acontecimientos que, agregó, “no me doblegarán en esta loable tarea”. Asimismo, rechazó que haya conflicto de intereses en el IAIP.
Sostuvo que los trabajos del IAIP continuarán ordinariamente y anunció que emprenderá tres acciones a corto plazo: una campaña masiva para otorgar el distintivo “T” a instituciones educativas de nivel básico; la creación de la Escuela On Line por la Transparencia y una campaña masiva itinerante para generar una cultura cívica en las comunidades más alejadas de la entidad.
En entrevista por separado, David Cabrera Canales expuso a La Jornada de Oriente que este asunto “tendría que ir hasta” las instancias jurisdiccionales federales. En tanto, este lunes convocará a sesión para someter al pleno el cumplimiento de la suspensión concedida por el TSJE.
“No queremos ser omisos ante una instrucción” de esa autoridad, de ahí que será valorada la reinstalación de Marlene Alonso, ya que la autonomía del IAIP deviene del artículo 116, fracción VIII, de la Constitución federal.
Sin embargo, “vamos a ser respetuosos de la determinación del Tribunal… no la podemos desacatar, es un hecho”, pero será combatida a través de un recurso de revocación.
A pregunta expresa, rechazó que el cumplimiento a un acuerdo de los magistrados del TSJE no significa que haya “borrón y cuenta nueva”, pues los problemas fueron generados por Marlene Alonso. “Estoy seguro que su actitud no cambiará, al contrario. Estamos firmes en la decisión que tomamos de relevarla y la vamos a defender”.
“Sin facultades, ella convocó a una sesión el viernes pasado, para su reinstalación, y al no presentarnos los comisionados, manifestó que daría parte al TSJE por desacato. Eso es un exceso, un abuso de poder, creo que eso no va a cambiar”.
Así ratificó su postura y la de Morones Servín, fijada a través de un boletín de prensa enviado por Nancy Cuatzo, a quien reinstalaron en la jefatura de la Unidad de Comunicación Social. Alonso Meneses“no tiene la personalidad jurídica para promover el Juicio de Protección Constitucional, ya que este medio solamente puede ser empleado por particulares en contra de actos de autoridades y en este caso ella es autoridad, en su calidad de comisionada del IAIP, “incurriendo en falsedad de declaración ante una autoridad jurisdiccional”, indicaron.
Citaron que la admisión del Juicio de Protección Constitucional “es a todas luces ilegal, ya que no se cumple con la calidad de particular” y que el TSJE “no estableció el día en el que debe ser cumplida la reinstalación”.
Puntualizaron que la decisión tomada por el Consejo General del IAIP, como máximo órgano de gobierno y por el pleno como máximo órgano de decisión, de relevar del cargo a la comisionada “por todas las irregularidades cometidas, está apegada a la legalidad”. A través de este boletín de prensa, Cabrera Canales y Morones Servín aseveraron que la determinación del TSJE “invade la autonomía del IAIP”.
A pesar de toda esta coyuntura, Marlene Alonso consideró que existen condiciones para acatar la resolución del TSJE, mediante una sesión para “constituirnos como Consejo General”. Llamó a sus pares a trabajar y subrayó que no permitirá que se violente la institucionalidad y la legalidad de este órgano autónomo.
Afirmó que están garantizados los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de la población. Mencionó que a la fecha el IAIP ha recibido 61 solicitudes de información y 30 recursos de revisión.