Hace días los cimientos de la monarquía española se cimbraron con la destitución del presidente del gobierno y líder del partido de derecha y ultraneoliberal que ha detentado el poder en las últimas décadas. El motivo de su caída fue la presión conjunta de movimientos sociales y partidos de izquierda que fueron acorralando a los jueces para que aplicaran la ley y fallaran en contra de dirigentes partidistas que incurrieron en actos de corrupción con fondos públicos, algo que era un secreto a voces, pero que ahora fue litigado en los tribunales hasta las últimas consecuencias.
En el caso de España, los escándalos de corrupción, traducidos, por ejemplo, en el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de uno de los miembros de la familia real, habían salido a la luz, pero nunca hasta ahora habían tenido consecuencias tan graves, como la caída de un gobierno. Este acontecimiento aparentemente lejano a nuestra realidad electoral, no lo es tanto, ya que en sí mismo revela los verdaderos mecanismos que mueven la vida política y social de cualquier país capitalista neoliberal: existe una clase política corrupta que busca llegar al poder para estar en el lugar privilegiado (diputados serviles levantadedos o funcionarios menores que tramitan el ingreso a un programa social) para enriquecerse sirviendo al interés de las empresas (tan grandes como Monsanto, exigiendo una ley de bioseguridad a su favor, o tan pequeñas como las que imprimen la papelería electoral) y cobrando a los usuarios de los servicios por su trabajo.
Es decir, ahora el favor, la palanca, la mordida o el moche se ven como normales en el contexto de la supuesta “competitividad” capitalista que no es otra cosa sino la habilidad para corromper a quien sea, para lograr los objetivos personales. La corrupción es un mecanismo inherente al sistema capitalista, tan íntimamente ligado a él, como que es el combustible que hace funcionar la máquina social. Esta concepción de la vida social como un negocio que no se puede detener y en donde casi silenciosamente los derechos se han transformado en favores o concesiones, la justicia en el derecho del más rico, los bienes comunes en bienes para el “desarrollo” de unos cuantos, y las consideraciones éticas en meras referencias retórico–discursivas, es inútil creer que los casos más notorios de corrupción de funcionarios que salen a la luz día a día, en el marco de las campañas políticas, sean casos aislados, casos excepcionales; se trata de la “normalidad neoliberal”, de la cleptocracia como sistema de gobierno, implantada, no tanto por los políticas que están felices de dejarse corromper, sino por el capital corruptor que a través de este sistema compra voluntades y leyes a modo a favor de su interés supremo de lucrar con lo que sea y a costa de lo que sea.
Es sintomático que en los pobres y ridículos discursos de la mayoría de candidatos a puestos de gobierno de cualquier nivel, se repita recurrentemente la idea de que el gobernante sólo sea gestor que obtenga recursos: todos prometen “gestionar” apoyos a las amas de casa, a las personas de la tercera edad, a los jóvenes en su primer empleo; a eso se reduce su programa de gobierno. Muy pocos son los que plantean cambios radicales en la estructura misma del sistema, un cambios completo del proyecto social, en el que la sociedad se salga del juego corruptor/corruptible.