En Argentina, las organizaciones y los ciudadanos preocupados y comprometidos con el futuro de la madre tierra, celebran el 16 de junio como el “Día de la Ciencia Digna”, en recuerdo de la fecha de nacimiento de Andrés Carrasco, un científico comprometido con la ciencia y con la sociedad, quien fue uno de los primeros en estudiar y denunciar los efectos del glifosato en la salud humana y en la salud de todos los seres vivos en general. Como director del Conicet (el equivalente a nuestro Conacyt) y como biólogo investigador de la Universidad de Buenos Aires, apoyó y difundió las investigaciones sobre los efectos devastadores que el uso del mortal herbicida provocaba en las poblaciones aledañas a los campos de soya transgénica, por las fumigaciones aéreas masivas.
Este fue sin duda un gran mérito, pero también es importante destacar que fue el primer científico que experimentó en carne propia lo que significa enfrentarse al aparato de control montado por las empresas y sus cómplices del gobierno para imponer por la fuerza de los hechos sus cultivos de muerte. En este sentido, desde principios de este siglo, este científico comprometido con la verdadera ciencia y con las necesidades sociales, pudo desenmascarar las estrategias aplicadas para el control del conocimiento científico y el ocultamiento de los datos que demostraban las mentiras criminales respecto a las afectaciones del paquete tecnológico del cultivo de organismos genéticamente modificados; en especial en el ámbito académico–científico, ya que a las empresas les interesa legitimar sus mentiras ante la sociedad, revistiéndolas del aura de la ciencia.
En su momento, el Dr. Carrasco reveló cómo las empresas transnacionales como Bayer–Monsanto tejen una alianza con los grandes terratenientes para sembrar masivamente sus semillas genéticamente modificadas y acompañadas de todo un paquete de agrotóxicos; luego ambos presionan al aparato del Estado para modificar las leyes en su favor, y finalmente para legitimarse compran el discurso científico favorable, incrustando a sus incondicionales en el aparato académico para legitimar ante la sociedad la falsedad de sus propuestas. Carrasco denunció en su momento cómo le Conicet fue poco a poco controlado por los agroempresarios y se convirtió en un instrumento de control en contra de los verdaderos investigadores que, al no apoyar el modelo agroproductivo de las empresas, vieron sus carreras truncadas o estancadas desde este organismo público que supuestamente debía defender los intereses de la sociedad y no los de las empresas.
Denunció también cómo las empresas y sus seudocientíficos a sueldo nunca entablan un verdadero debate sobre los efectos de sus cultivos, sino que su defensa se basa en promesas futuras de acabar con el hambre y en el discurso que descalifica a sus oponentes como retardatarios, opuestos al progreso y al desarrollo, evitando siempre encarar las evidencias negativas de sus efectos en la salud humana. En años recientes la sociedad argentina organizada ha logrado, por ejemplo, impedir que se instalara una megaplanta de producción de semillas de maíz transgénico en las Malvinas argentinas, y también ha logrado que se establezcan leyes que limitan las fumigaciones masivas de glifosato en las áreas habitadas, especialmente en las áreas cercanas a las escuelas rurales; sin embargo, ahora los agroempresarios proponen trasladar las escuelas a otras áreas, y seguramente después propondrán desplazar a poblaciones enteras lejos de sus siembras de muerte. Hay mucho por hacer en Semarnat y Conacyt.