El proceso de fiscalización de los recursos que ejercen los funcionarios públicos tiene el pestilente aroma del fraude e ilegalidad, y no por las normas y las áreas técnicas, sino por quienes lo hacen, ya que parece que son los intereses millonarios y las ganancias los que les obliga a cerrar los ojos ante la ilegalidad.
Históricamente, el proceso de revisión de la cuenta pública había sido usado como “garrote político” y coacción a intereses electorales, que también es deleznable, pero ahora, presuntamente, ha sido el pago de importantes sumas de dinero a cambio de la validación del gasto.
Ahora si tienes para gratificar el respaldo legislativo, apruebas tu cuenta pública y si no te prestas a esos enjuagues, enfrentas a la justicia, si no es que antes también haya arreglos.
Muestra de ello es que los ex diputados, contraviniendo a lo establecido en la Constitución Política local, decidieron soslayar las irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en la cuenta pública de los municipios de Zacatelco, Calpulalpan, Texoloc, Panotla, Totolac, Contla, Zitlaltépec y Tocatlán del ejercicio fiscal 2017.
A pesar de que el OFS, órgano técnico y especializado en la revisión de los entes públicos en la aplicación del presupuesto, encontró en esos casos anomalías por cerca de 100 millones de pesos, que incluye acciones como falsificación o presentación de facturas apócrifas, decidieron cerrar los ojos.
El daño patrimonial propiciado en esos municipios es millonario y las autoridades municipales gozarán de impunidad, esa que les dieron los ex congresistas al decidir, dudosamente, dejar pasar los evidentes abusos.
Además, dejaron clara la selectiva aplicación de la norma, ya que mientras aprobaban estos desfalcos millonarios, a administraciones como la de Santa Apolonia Teacalco –una de las cinco reprobadas– decidieron no aprobar su gasto porque le encontraron anomalías por un millón 766 mil 276.91. Aunque en su descargo, ladrón es quien roba sin atender el monto.
Los informes del OFS están a la vista de todos, en especial de los actuales diputados, que bien harían en revisar el proceso de fiscalización de sus antecesores, para que, de ser posible, revoquen esos dictámenes y procedan por la vía de la Ley de Responsabilidades en contra no solo de los alcaldes que hicieron el desfalco, sino de los ex congresistas que decidieron “cerrar los ojos a la ilegalidad”.