“Por ser improcedentes”, actualmente alrededor de 100 infracciones impuestas por la Policía Federal (PF) se encuentran en proceso de resolución jurisdiccional, informó el delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Tlaxcala, Pedro Carmona Zamora.
“Los transportistas seguimos sufriendo lo mismo, porque no se cambia al policía, sigue siendo abusivo, pidiendo dinero y poniendo cantidades. Sigue aplicando su criterio y para nosotros es una violación”, expresó el dirigente.
Aseveró que constitucionalmente ninguna persona “puede ser despojada de sus pertenencias, en este caso, de la fuente de su trabajo que es un vehículo, el que tampoco se puede dar en garantía”.
Pero contradictoriamente –indicó-, el artículo 76 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que el monto de las sanciones administrativas, podrá ser garantizado con el valor de los propios vehículos o mediante el otorgamiento de garantía suficiente para responder de las mismas.
“Las infracciones son impugnadas ante los tribunales, porque son improcedentes, hemos ganado muchas; eso es lo que le molesta a ellos, porque no les entra el dinero, pues ya hicieron un trabajo que después les resulta infructuoso”.
Comentó que hace unos meses la Conatram se reunió con el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la PF y la coordinación de esta corporación en Tlaxcala, en la que se dio a conocer que el número de infracciones impuestas y detención de unidades entre 2017 y 2018, fue superior a mil 800.
“Se molestaron cuando pregunté sobre las recuperaciones por robos en camiones, pues no aparecían en la información. Y sobre la cantidad de detenciones respondieron, es que no podemos detener si no hay orden, ¿entonces cómo es que sí detienen a los camiones, para eso sí llevan orden?”, agregó.
Acentuó que lo que la Policía Federal debe realizar es detener a los delincuentes, ”porque para eso está, para brindar seguridad. Tiene que verificar si el operador que trae la unidad es el verdadero; debe corroborar que no vaya amarrado en alguna parte interior”.
Insistió en que es necesaria una revisión a la Constitución y de todas las leyes en la materia, “para que se apliquen adecuadamente y no al criterio de cada elemento policiaco; incluso –remarcó-, de la figura del Grupo de Operaciones Especiales porque no existe en la norma ni en reglamento, por eso todo lo hacen a criterio de la PE”.