Avala SCJN artículo 160 de Ley de Seguridad local

En la acción de inconstitucionalidad 01/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó que policías, ministerios públicos, militares y miembros del Servicio Exterior Mexicano puedan crear sindicatos, realizar huelgas y tener los mismos derechos laborales que los trabajadores al servicio del Estado, por lo cual avaló lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública de Tlaxcala aprobado por el Congreso local.

Dicho artículo ordena remover a los policías por “asociarse, formar parte o intervenir en sindicatos o agrupaciones, ya sea para reclamar sus derechos o para presionar a los mandos en relación a cuestiones del servicio, funciones, prestaciones, o cualquier otra”.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN rechazó un proyecto que declaraba que la relación de policías, militares y otros grupos de este tipo con el Estado debe ser considerada como de naturaleza laboral y no administrativa, como ha sido clasificada por el Poder Judicial.


El ministro José Ramón Cossío propuso en su proyecto declarar que las restricciones a los derechos laborales tienen que estar en el artículo 123 apartado B de la Constitución, que por ejemplo, prohíbe la reinstalación de policías y ministerios públicos despedidos, aún sin que haya causa justificada.

“Toda restricción al catálogo de derechos del apartado B del artículo 123 hechas por el legislador ordinario sin contar con soporte constitucional específico, es inconstitucional e inválida”, dijo Ramón Cossío, a quien solo apoyó Arturo Zaldívar.

El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que el ordenamiento “establece lo que para mí no es una restricción sino simplemente un mandamiento concreto al Congreso –cualquiera que éste sea–, a efecto de que las relaciones entre las instituciones policiales y sus integrantes se rijan por las leyes que al efecto se expresen, lo cual le da un carácter eminentemente administrativo, que no laboral”.

Este estudio se dio en el análisis de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que proponía la invalidez de la fracción X del artículo 160 de la Ley de Seguridad Pública de la entidad, que establece que será motivo de remoción para los integrantes de instituciones policiales asociarse, formar parte o intervenir en sindicatos o agrupaciones.