Cuenca Atoyac–Zahuapan: un año de trabajo comunitario frente a la simulación

Se refuerza el argumento de que una de las principales causas de la catástrofe ambiental y de salud en la cuenca es ¡la descoordinación institucional!

Este miércoles 21 de marzo se cumple un año de la emisión de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a autoridades de los tres niveles de gobierno por la violación de los derechos humanos fundamentales a un medio ambiente sano, al saneamiento del agua, a la información, a la salud y otros, de quienes habitan en y transitan por la cuenca de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes (incluido el Zahuapan), en los estados de Tlaxcala y Puebla.

Hace un año, ante el anuncio de la Recomendación, las autoridades notificaron que la aceptarían y acatarían sus más de 100 puntos para dar solución a este problema. Poco después, todas las autoridades recomendadas, salvo la presidencia municipal de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, habían aceptado los términos de la Recomendación y se comprometían a iniciar el proceso que, según el documento de la CNDH, debería conducir –mediante el diseño de un Plan de Saneamiento de la cuenca, que debía no sólo ser integral, sino participativo– a la reparación del daño ocasionado por al menos dos décadas de negligencia, complicidad, simulación y descarada violación de los derechos humanos de los pobladores de las comunidades ribereñas. Para alcanzar el objetivo intermedio de diseñar el Plan de Saneamiento, las autoridades (coordinadas por la Comisión Nacional del Agua) tendrían que convocar a la conformación de un Grupo Interinstitucional integrado por representaciones de todas las autoridades señaladas en la Recomendación, así como por “las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen”. El objetivo último del documento de la CNDH es la reparación del daño hecho a las comunidades por décadas de inacción, simulación, negligencia, complicidad y corrupción empresarial y gubernamental.

Hoy, a un año de la Recomendación, el llamado Grupo Interinstitucional no ha sido conformado, siendo que la CNDH otorgó a las autoridades un plazo de seis meses para hacerlo (y ese plazo venció en octubre de 2017), lo cual refuerza el argumento planteado en la Recomendación de que una de las principales causas de la catástrofe ambiental y de salud en la cuenca es ¡la descoordinación institucional!


Todo el asunto podría ser considerado irrisorio si no fuera porque cada día que pasa, más personas enferman o mueren debido a una depredación ambiental ocasionada por el vertimiento de decenas de sustancias tóxicas industriales en los cauces de los ríos y arroyos, en los campos aledaños a las fábricas y en el aire, con pleno conocimiento de las autoridades. De hecho, en 2005, la Conagua estimaba que cada año se vertían, sólo a los cauces de los ríos Atoyac y Xochiac, 32.85 toneladas de compuestos orgánico–tóxicos y 51.1 toneladas de metales pesados, que se sumaban a las 81 mil 600 toneladas anuales de contaminantes orgánicos, sólidos suspendidos y nutrientes vertidos en las corrientes de agua.

Lo anterior implica que la Conagua sabe, desde hace 13 años, qué tipo de contaminantes había en la cuenca (¿sólo desde 2005 lo sabe?) y que la población estaba expuesta entonces, cada día, a una acumulación de 224 toneladas diarias de residuos tóxicos, peligrosos, mutagénicos y cancerígenos.

¿Habrán disminuido entre 2005 y 2018 los niveles de contaminación? Ni pensarlo. Por ello, no es de extrañar que las tasas de mortalidad por cáncer, enfermedad renal crónica y otras enfermedades crónico– degenerativas en algunas comunidades de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, Puebla, y Tepetitla, Ixtacuixtla y Natívitas, Tlaxcala, estén entre las más altas del país.

Mientras las autoridades juegan a nadar de muertito, esperando heredarle la crisis a la siguiente administración, las comunidades se pusieron a trabajar. Desde el momento en que se emitió la Recomendación, organizaciones comunitarias como la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos buscaron a grupos y personas interesadas en conocer la Recomendación de la CNDH. Organizaron talleres y reuniones de discusión en varias comunidades para difundir sus principales argumentos y reencontrarse con vecinos y conocidos. En esos talleres poco a poco fue emergiendo la memoria de quienes habían conocido los ríos limpios, vivos y llenos de especies de flora y fauna que eran parte de la diversa dieta de las comunidades, y eran además símbolos vivientes de la cultura tradicional que se reforzaba con la convivencia cotidiana a la orilla del río, para lavar, jugar, nadar y cosechar colectivamente.

De los diálogos entre las comunidades emergió una propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac–Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, que fue avalada por académicos universitarios de enorme prestigio y presentada en la Plaza Juárez de la ciudad de Tlaxcala, ante más de 100 representantes de las autoridades, la prensa y la ciudadanía en noviembre pasado. Todo este trabajo se realizó a sabiendas de que las autoridades harían todo lo posible por excluir a las comunidades de las deliberaciones y de la toma de decisiones sobre el Plan de Saneamiento.

Mientras las autoridades juegan con la muerte de los pobladores de la cuenca, las comunidades ya construyeron una propuesta que además está en proceso de perfeccionamiento. Hoy, a un año de la publicación de la Recomendación 10/2017 de la CNDH, las comunidades siguen exigiendo ser incluidas en la mesa de deliberación de las autoridades. La simulación debe terminar ya.