Jueves, marzo 28, 2024

Aprobó Congreso ley que prohíbe pagos para servicio de guaruras y bonos de fin de mandato

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Con la finalidad de erradicar el dispendio de recursos públicos, el abuso y las canonjías que gozan los funcionarios públicos, el pleno de la LXIII Legislatura local aprobó la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el Manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Con ello, por ejemplo, no habrá gastos para servicios médicos particulares, ni el pago de bonos de fin de mandato o pensiones, tampoco seguridad personal –conocidos como guaruras–, ni gastos superfluos para la contratación de difusión en los medios de comunicación locales.

En sesión extraordinaria y con el rechazo de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC), los diputados avalaron la creación de esta nueva norma que busca cumplir los principios de austeridad, racionalidad, probidad y disciplina presupuestal en el manejo y aplicación de recursos públicos.

Con esta norma, todos los servidores públicos recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social que proporciona el Estado y no podrán pagarse servicios médicos privados, excepto tratándose de aquellos que, eventualmente, no pueda proporcionar el sistema público de seguridad social.

 Además, no se otorgarán pensiones de retiro o bonos de conclusión de mandato o periodo de gobierno o encargo al titular del Poder Ejecutivo, a los diputados del Congreso local y a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), ni a los funcionarios de los poderes públicos estatales, de los órganos autónomos y de los municipios.

De igual forma, los diputados establecieron la obligación para que todos los poderes y organismos ajustensu respectiva estructura orgánica, de acuerdo con sus atribuciones, para el óptimo cumplimiento de los objetivos y metas de los programas o funciones a su cargo; tendrán que eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de los entes públicos, sin perjuicio de que dos o más servidores públicos tengan encomendadas las mismas funciones o actividades, si el correcto funcionamiento del ente lo amerita.

También deberán eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación; establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, evaluaciones de desempeño para los servidores públicos incorporados a los sistemas profesionales de carrera de los entes públicos; disminuir el gasto en contratación de personal eventual en áreas que no sean sustantivas para la prestación de servicios e incrementar el uso de tecnologías de la información y comunicación para mejorar la capacidad de entrega y la calidad de los servicios públicos y generar ahorros en el mediano y largo plazo.

Con la nueva ley, los diputados prohibieron la creación de plazas adicionales a las autorizadas con motivo de la aprobación del Presupuesto de Egresos, ni se aumentarán los recursos que se les hubieren asignado. Además, las plazas vacantes del ejercicio inmediato anterior serán presupuestadas, sin que impliquen erogación mientras no sean ocupadas. Si no se ocuparen, los recursos financieros inherentes quedarán incorporados al Programa de Reducción y Ahorro del Gasto Público.

Respecto a la seguridad personal de los funcionarios, los diputados dispusieron que únicamente podrán disponer de escolta de seguridad durante el tiempo en que ejerzan sus funciones los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad pública, de procuración de justicia y el titular del Poder Ejecutivo; o cuando peligre la vida de algún servidor público.

“En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta. El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos”, ordena la nueva disposición.

Asimismo, los congresistas establecieron la creación de un Catálogo Único de Productos y Servicios por cada ente público, el cual será de observancia obligatoria para éste y los proveedores, como referente de los precios de mercado. Éste será puesto a disposición del Congreso del estado durante los meses de enero y julio de cada año, quien lo analizará y lo deberá autorizar.

En materia de obra pública, determinaron que el Congreso del estado establecerá un Catálogo de Precios Unitarios, como referente de precios de mercado, el cual será de observancia obligatoria para los entes que prevean inversión en obra con recursos públicos, y para los contratistas.

De paso, ordenaron que el Poder Ejecutivo y los municipios deberán destinar, preferentemente, el 20 por ciento, como mínimo, del Fondo Estatal Participable a obra pública.

De la misma manera, determinaron que el pago del servicio de telefonía celular con recursos públicos sólo podrá otorgarse a los servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones así lo requieran, previa autorización del titular de los entes. La autorización de referencia no incluirá la adquisición de los equipos de telefonía celular inherentes, amén de que prohibieron el arrendamiento de vehículos, aviones, helicópteros o cualquier otro medio de transporte y se restringe el arrendamiento de inmuebles, salvo que sean para servicios de salud, seguridad, servicios de emergencia y protección civil “para atender situaciones temporales y justificadas”.

Aunado a todo lo anterior, los congresistas determinaron que los montos por concepto de difusión  se ajustarán a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria, con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, salud y seguridad pública.

También quedó prohibido el pago de alimentación para los servidores públicos fuera de oficinas, salvo los requeridos con motivo del desempeño de una comisión oficial, en cuyo caso se deberá aplicar el principio austeridad.

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