Por considerar que la decisión del gobierno federal de no decretar Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para Tlaxcala, se basó principalmente en apreciaciones subjetivas, organizaciones no gubernamentales (ONG) solicitaron, por segunda ocasión, la declaratoria de este mecanismo en todo el territorio estatal, “específicamente en el denominado corredor de la trata”.
El Colectivo Mujer y Utopía (CMU) y Justicia Pro Persona, entre otras asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, son las impulsoras de esta reclamación, pero en total 40 agrupaciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y locales signaron la petición entregada el martes pasado.
“La solicitud está focalizada al contexto regional de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, fenómeno que se encuentra íntimamente ligado a delitos vinculados como consecuencia de la desaparición misma: violencia sexual, feminicidios o trata con fines de explotación sexual”, explicó Edith Méndez Ahuatzi, directora del CMU, en rueda de prensa realizada este miércoles en instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (CEOS) de la Ciudad de México.
Repasó que en agosto de 2016, organizaciones de la sociedad civil solicitaron por primera vez la alerta de género, especialmente por el problema que representa la trata, pero la respuesta del gobierno federal (de fecha 4 de agosto de 2017) fue no decretarla, pues “se basó principalmente en apreciaciones subjetivas como ‘la buena voluntad’ y el ‘reconocimiento’ de la problemática”.
Pero –advirtió– no se establecen mecanismos que ataquen los patrones sistemáticos que perpetúan la violencia contra las mujeres en el estado”.
Hay 35 desapariciones de enero de 2016 a la fecha
Con base en documentación y acompañamiento de casos por parte de la Red Retoño e investigación hemerográfica del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Tlaxcala, puntualizó que se han documentado al menos 35 desapariciones de mujeres de enero de 2016 a agosto de 2017.
La mayoría de esas personas son adolescentes, entre 14 y 16 años de edad, cifra que –resaltó– contrasta con las cuatro desapariciones reconocidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el lapso 2014–2016 ante el Grupo de Trabajo integrado para atender la primera solicitud de alerta en Tlaxcala.
Ese Grupo de Trabajo indica en su informe final “únicamente 42 desaparecidas, de 2013 a abril del 2017”, pero solo cuatro fueron localizadas y “cinco más fueron víctimas de feminicidio”, agregó la activista.
“La desaparición de mujeres en la entidad indudablemente es el preámbulo al delito de trata de personas con fines de explotación sexual y al feminicidio, que se agrava por una situación de impunidad”.
Ello –añadió– queda evidenciado en el Informe del Grupo de Trabajo al anotar que respecto del tipo penal de homicidio, de 2011 a 2016 se iniciaron 10 averiguaciones previas, de las cuales seis han sido consignadas y que en tres de éstas, se identificó al inculpado como esposo o concubino de la víctima, en dos se trató de un familiar y en la restante se desconocen los datos del agresor.
Sin embargo, aseveró que llama la atención que a pesar de que el tipo penal de feminicidio se encuentra previsto en el Código Penal del estado, “ninguna averiguación previa se siguió por dicha hipótesis”, aun cuando se observan indicadores “que permiten presumir el homicidio en razón de género”.
En el estado de Tlaxcala la desaparición, la explotación sexual y los feminicidios “no están siendo investigados, lo que coloca en peligro constante a las mujeres, adolescentes y niñas”, acentuó, al tiempo de pedir la incorporación de la perspectiva del bien superior de la infancia, pues la mayoría de ellas son menores de 16 años de edad.
“Es necesaria también, pues en los casos en los cuales esas personas dicen haber declarado su salida ‘por cuenta propia, no existe exhaustividad por parte de las autoridades, lo que mantiene a este tipo de casos en la impunidad y normalizados”.
Extravío de evidencias
Al respecto, Miriam Pascual, de la Red Retoño, abundó que desde enero de 2016, a partir de la desaparición de la niña Karla Romero, se ha denunciado la situación de San Pablo del Monte y ha documentado el rescate de mujeres en tentativa de violencia de trata y con rastros de violencia tanto sexual como física.
Desde entonces inició el seguimiento técnico–jurídico y la documentación, mencionó, al remarcar que la negativa de la declaratoria de alerta no atiende las problemáticas ni deficiencias, como la no activación oportuna de la alerta Amber, que en el caso Karla se hizo 21 días después del 13 de enero de 2016, fecha de su desaparición, lo cual derivó en un amparo (333/2016) para que la PGJE iniciara averiguación previa.
Este tipo de situaciones no se analizan en el contexto de la condición de riesgo, pues solo dejan en reportes, sin iniciar indagaciones, lo cual se convierte en una cadena de violaciones graves de derechos humanos, pues tampoco de aplican protocolos, dijo.
Subrayó que existe incertidumbre sobre las cifras reales de mujeres y niñas desaparecidas; además, recalcó que se ha denunciado el extravío de evidencias de este tipo de delitos, como las de videos que muestran la forma en que las víctimas son “levantadas” en autos particulares “y cómo han sido violentadas”.
“En el caso de una de ellas se tiene documentado cómo fue arrojado su cuerpo afuera de un Oxxo y hay videos de hoteles a donde fueron llevadas, pero también han sido extraviados, y los funcionarios que cometieron esta falta siguen laborando en la PGJE”, reprochó.
Consideró que el no declarar alerta es un parteaguas ante otros posibles hechos delictivos y que una vez que las personas son desaparecidas, corren riesgos. Insistió en que esta es una problemática regional de Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.
Información sistematizada, exigen en solicitud de Alerta de Género
Desde esta perspectiva, las ONG exigieron que se adopten medidas necesarias para garantizar investigación y resolución de todos los casos, “con la debida diligencia y exhaustividad”, de delitos vinculados a la violencia de género, en particular la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.
Asimismo que la PGJE disponga información sistematizada y desagregada, con perspectiva de género e interés superior de la infancia, en cuanto al número de denuncias por desaparición de mujeres, adolescentes y niñas, así como sobre su localización.
También del número de alertas Amber solicitadas al Enlace Nacional de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por desaparición.
Pidieron al Comité Nacional del Programa Alerta Amber México que, a través de Fevimtra y con base en las atribuciones que le confiere el inciso VI, del Protocolo Nacional de Alerta Amber, el Subcomité de Seguimiento y Evaluación realice una revisión exhaustiva de la activación conforme al protocolo, funcionamiento, capacidades y deficiencias del Enlace de Alerta Amber local para el estado de Tlaxcala y emita un informe.
Nahyeli Ortíz Quintero, de Justicia Pro Persona, fue la encargada de enumerar todas estas demandas de las ONG solicitantes de la alerta de género.