Actuar solo por presión en la lucha contra la trata, no genera resultados

Margarita Sánchez Cruz

Tlaxcala es uno de los estados más pequeños de México y se encuentra en una ubicación que ha sido aprovechada por las redes de tratantes tlaxcaltecas para enganchar a mujeres y niñas en 18 entidades de la República mexicana y además trasladarlas a otras 14 más para explotarlas sexualmente.

La acción de las redes de trata tlaxcaltecas no se ha limitado a operar en el territorio mexicano, están obligando a mujeres y niñas a prostituirse en los estados norteamericanos de Georgia (Atlanta), Alabama, Carolina del Sur, Florida (Miami), Nueva York, Illinois (Chicago), California (Los Ángeles) y Texas (Houston). Toda esta información se ha  obtenido a través de un seguimiento hemerográfico realizado por el Centro Fray Julián Garcés desde el año 2009 hasta marzo de 2017.


Esta realidad nos muestra cómo las mujeres y las niñas en nuestro país pueden ser sustraídas de sus comunidades y desde la impunidad y una lógica capitalista, son colocadas en el mercado como objetos que pueden ser vendidos, una y otra vez, a la vista de la sociedad y  de las autoridades.

Un actor clave que se ha invisibilizado y prácticamente legitimado por el sistema patriarcal y el sistema capitalista –argumentando que la solicitud de servicios sexuales es para satisfacer “necesidades”, sin ningún auto cuestionamiento,  ni cuestionamiento social de que su práctica favorece diariamente que niñas y mujeres sean enganchadas y explotadas sexualmente–, es el consumidor.

En otras palabras, para que el mercado de mujeres y niñas explotadas esté presente, se hace indispensable quien genere esa demanda, para que entonces exista quien las oferte, en este caso las redes de tratantes que explotan a mujeres y niñas, la interacción de estos actores en un marco de impunidad favorece que el mercado permanezca y aumente.

En la actualidad, con gran indignación, se puede afirmar que la explotación de mujeres y niñas sigue creciendo y los consumidores tienen una responsabilidad esencial en la prevalencia de este delito, junto con las autoridades estatales que son omisas.

Ni el anterior, ni el actual gobierno han sido capaces de darle vida a la Estrategia Estatal contra la Trata, a tal grado que actualmente tiene interpuesta una Solicitud de Alerta de Violencia de Género (SAVG) contra las mujeres desde agosto de 2016.

El actual gobierno se ha visto obligado a actuar por la presión de la SAVG, sin embargo, preocupa que estas acciones sean débiles porque no se encuentran articuladas, no cumplen el objetivo profundo de llegar a enfrentar realmente el delito e incluso en algunos casos como las propuestas de leyes que ha presentado el titular del Ejecutivo al Congreso Local, pareciera que representan un retroceso en la materia.

Asimismo, es preocupante que en los últimos seis meses –que son los mismos en los que el gobierno está implementando las acciones para que no se declare la AVGM–, en los medios de comunicación se revela que ha habido 12 mujeres asesinadas y ocho desaparecidas, situación que el Grupo de Trabajo que da seguimiento a las acciones gubernamentales respecto a la solicitud de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, deberá tomar en cuenta.

La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena menciona: “… la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”.

Por ello, lo que plantea la convención es un llamado al gobierno en turno para que actúe no solo bajo la presión de los plazos, sino para que implemente integralmente todas las acciones contempladas en la Estrategia Estatal y en su Plan Sexenal, además de lo que ha establecido el Grupo de Trabajo, y no solo para que no se declare la Alerta en el estado, sino para que verdaderamente cambie la situación de violencia en la que nos encontramos  las mujeres.