Activistas tlaxcaltecas se pronunciaron por la despenalización del aborto voluntario durante las 12 primeras semanas de gestación y por garantizar el acceso a la interrupción por motivos de abuso sexual, sin requisitos previos ni dilación; por eliminar barreras institucionales y la criminalización hacia mujeres que se someten a este proceso.
Durante el foro “Violencia Sexual e Interrupción del Embarazo; avances y retos en la implementación de la Norma Oficial 046”, celebrado en el Hotel Posada San Francisco, organizaciones civiles puntualizaron que las mujeres “no se embarazan para abortar, sino porque es el último recurso ante falta de mecanismos necesarios de prevención” que el Estado está obligado a ofrecer.
Edith Méndez, directora del Colectivo Mujer y Utopía, dio lectura al pronunciamiento signado por varias agrupaciones, como Buscadores de Sueños e IPAS México, en el que demandan acciones diversas a favor del derecho del género femenino.
Entre ellas, explicitar la violencia obstétrica en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia; acceso a víctimas a reparación integral del daño y salvaguardar el secreto profesional por parte de personal del sector salud, a fin de evitar criminalización.
Registrar abortos médicos por tipo de causa legal, así como mantener actualizado el banco de datos en términos del acceso a la salud integral, y asentar el sexo de personas acusadas por aborto y homicidio en razón de parentesco.
Formar a personal docente en materia sexual y reproductiva; educación integral de sexualidad y generar mecanismos de acceso a información sobre estos temas. Realizaron un llamado a la Secretaría de Salud (Sesa) para publicar la Norma 007 para la atención durante el embarazo, puerperio y recién nacido.
Antes, Edith Méndez anotó que datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que Tlaxcala se encuentra por arriba de la media nacional de no proporcionar información completa ni correcta y en los primeros lugares de necesidad insatisfecha ante métodos anticonceptivos.
Además, evidencian que en los centros de salud se condiciona el acceso a dichos métodos. Agregó que el embarazo en adolescentes es un problema multifactorial que requiere de legislación y políticas públicas, así como “atención urgente del Estado para prevenir y atender la violencia sexual y evitar matrimonios infantiles”.
Citó que el informe del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) evidencia que “se sigue condicionando el servicio de acceso al aborto a las menores”, pese a que desde marzo de este año entró en vigor la Norma 046.
Esa disposición indica que mujeres y niñas mayores de 12 años de edad que hayan sufrido violencia sexual y, como consecuencia, resultado embarazadas, pueden acudir a cualquier centro de salud pública para interrupción de la concepción, sin necesidad de haber presentado denuncia penal, ni autorización de autoridad o consentimiento de padre, madre o tutor.
Abundó que de agosto de 2012 a diciembre de 2013, Tlaxcala reportó al GIRE solamente dos autorizaciones emitidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Mientras que en 2013, a través de solicitudes presentadas por el Observatorio de Violencia, Género y Trata de Personas, que alberga el Colectivo Mujer y Utopía, las instituciones reportaron sólo dos casos de violencia sexual.
Sin embargo, en el seguimiento realizado en medios de comunicación, se identificaron 32, “lamentablemente no todos cuentan con dato de edad, pero oscila entre 4 y 34 años, lo que muestra desconfianza para denunciar, además del peso social y cultural que predomina y abona para que las mujeres no hablen” sobre el tema.
A pesar de este “grave panorama”, el acceso al aborto es precario o nulo, tampoco a la pastilla anticonceptiva de emergencia, ni a la interrupción legal del embarazo.
“Se trata de un tema pendiente y ha tenido que ver con la cuestión de doble moral de las instituciones que nada tendrían que ver”, ya que las niñas o adolescentes no cuentan con información necesaria para acceder al aborto como opción, antes de ser obligadas a llevar a término la gestación, aseveró.
Acentuó que se ha naturalizado la maternidad sin importar la edad, aunque coloque en riesgo la vida. Tampoco se avisa a la autoridad de los casos de menores de 16 años de edad “con pareja” mayor a 34 años. Hay una “fuerte estigmatización y criminalización” contra quienes solicitan la interrupción o llegan con un aborto en proceso.
Por barreras institucionales no se autoriza el aborto
Las barreras oficiales conllevan hacia prácticas clandestinas e inseguras, que generan “violencia institucional, obstétrica y feminicida”.
Julia Escalante de Haro, de la organización IPAS México, señaló que Tlaxcala es uno de los estados con mayor número de causales para la interrupción legal del embarazo, es decir, con seis de un total de ocho reconocidas en el país.
Sin embargo, la mayoría de mujeres desconoce los derechos en materia de salud reproductiva. La asociación realizó un diagnóstico con población femenina de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), de entre 15 y 45 años de edad.
De ellas, 40 por ciento sabe que el aborto es legal, aunque no bajo qué condiciones. Otro hallazgo es que hay una aceptación social a este proceso, sobre todo cuando es producto de violación, pero son pocas las y los jóvenes que declaran abiertamente su oposición, dijo.
“Esto es muy importante porque a pesar de que Tlaxcala está considerado como un estado muy conservador y cercanía a la jerarquía católica, la sociedad no se rige necesariamente por lo que ésta le indica”.
Se encontró que –añadió– la PGJE ha sido una barrera para la autorización del aborto y que el Hospital de la Mujer atiende secuelas de una agresión, pero no oferta la interrupción, por lo que muchas personas acuden a la Ciudad de México a realizarlo.
Esta asociación ha trabajado con los hospitales General de Tlaxcala, de la Mujer, el de Apizaco y el de Huamantla, en materia de atención a mujeres en situación de aborto. El primero de éstos ya prevé instalación del servicio en esta materia con medicamentos.
“Hay un poco de desconocimiento con una buena dosis de estigma; preocupa qué se va a decir de los médicos. Hay que trabajar en la destrucción de estigmas”.