A 20 años del TLC

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Este tratado se anunció como el logro más grande del gobierno del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, se pregonaba que éste era el elemento que llevaría a México al llamado primer mundo, a la abundancia, al fin de sus crisis.

Como bien se señaló desde el inicio, el TLCAN es un acuerdo que fue diseñado por y para las empresas transnacionales y los inversionistas, por esta razón ha beneficiado particularmente a éstas. Contrariamente sus efectos negativos han sido particularmente severos para el pueblo y el campo mexicano, pero también han perjudicado a trabajadores y el medioambiente. Es constatable cómo el TLCAN ha restado soberanía a los gobiernos y generado un desvío de poder; ha contribuido al despojo territorial y la destrucción ambiental; ha aumentado la migración de mexicanos hacia las ciudades y hacia el Norte; y ha incrementado la dependencia alimentaria. A 20 años de la entrada en vigor del Tratado en mención podemos constatar los efectos negativos que desde entonces se anunciaban.

Desde el enfoque de los derechos humanos, la apuesta centrada en un modelo neoliberal no ha llevado a mejorar la calidad de vida, por el contrario se ha agudizado en términos generales la violación sistemática y estructural.


Muy desde nuestro contexto local, podemos ver cómo se han generado procesos de pérdida de autonomía en la producción alimentaria, de la calidad de los trabajos, del poder adquisitivo, del despojo de tierras para favorecer el tránsito de mercancías (en particular para carreteras), vemos la continuidad de los procesos migratorios ante la falta de oportunidades locales.

Con el TLCAN, México, Canadá y Estados Unidos se comprometieron liberar sus economías, al libre tránsito de mercancías, pero también implicó obligaciones tales como la implementación de políticas económicas neoliberales, privatizar empresas hasta entonces controladas por el  Estado, como el petróleo y la electricidad, así como flexibilizar leyes, como las laborales, para elevar la llamada “competitividad” y abrir por completo nuestro país a las inversiones extranjeras.

Las recientes reformas estructurales son parte de ese gran modelo neoliberal y nuevamente, como hace 20 años, se anuncia que cambiarán el destino del país y mejorarán nuestra calidad de vida, lamentablemente visto desde la historia de la imposición neoliberal se observa que este tipo de ajustes únicamente beneficia a los grandes capitales y sus poseedores. Para la sociedad a la que se va desposeyendo en este modelo, sólo le va quedando su propia fuerza de trabajo, el despojo de recursos para quienes lo tienen y en general ser vistos como consumidores.

En este contexto en que se agudiza la pobreza y la violencia, los derechos humanos como parte de la responsabilidad del Estado, ha quedado sólo como un discurso incorporado a las estructuras institucionales del gobierno, sin que tengan una efectividad real.

Para el presente año no se prevén mejoras en nuestro contexto, para la sociedad civil los retos por una vivencia plena de los derechos humanos seguirá siendo el horizonte en el que hay que caminar frente a la agudización de un modelo económico que privilegia el capital y no la dignidad de las personas.

Los grandes problemas del país tienen sus propias expresiones en lo local y es desde estas particularidades que habrá que ir incidiendo para resistir a este modelo económico que, en un balance a 20 años de la aprobación de un Tratado que se postuló como la respuesta a la crisis, vemos que para un amplio margen de la población ha tenido efectos bastante negativos. En este escenario tan complejo se requiere que como ciudadanía tengamos una participación más activa, que generemos una democracia más deliberativa, generar economías solidarias y locales, pero sobre todo que descentralicemos la visión de desarrollo a partir del crecimiento de los capitales, que por cierto cada día están más en manos extranjeras.

Ya en los próximos 20 años podremos evaluar los efectos de las recientes reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal y que el año pasado fueron aprobadas, o quizá no haya que esperar tanto, pues al amanecer del 1 de enero de este 2014 pudimos sentir el costo de los nuevos impuestos, pudimos constatar también el ínfimo incremento que se ha dado al salario mínimo.

Y a pesar de todo, quienes somos parte de diversos movimientos sociales que buscan poner al centro a las personas, sabemos que la esperanza persiste y que más tarde que temprano los efectos dirán si una propuesta fue buena o no. Habrá que resistir reivindicando los derechos humanos desde una praxis real y desde la organización y exigencia de quienes se ven afectados.

A dos décadas del TLC se le da la razón a sus críticos, entre ellos a las comunidades zapatistas del estado de Chiapas, que ya desde hace 20 años hacían estos señalamientos. Finalmente los críticos del TLC tenían razón, Mé-xico estaba en serias desventajas.

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C.