25 de noviembre y la violencia hacia las mujeres sigue

Como bien lo señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “la violencia contra la mujer es la forma más extrema de discriminación y, en los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte”. El pasado 25 de noviembre se conmemoró una vez más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos ciudadanos que se hacen para que se establezcan políticas públicas que de manera eficiente generen cambios, la realidad sigue siendo sumamente adversa para las mujeres y las niñas.

Casos como el feminicidio de Jazmín Contreras López, ocurrido en el municipio de Mazatecochco, es un claro ejemplo de una sociedad que permite y reproduce la violencia hacia las mujeres en sus grados más extremos. El hecho, implícitamente, también es un señalamiento de la ausencia de políticas públicas o de su ineficacia. Lo mismo demuestra la problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual a pesar de que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez señale que “en el caso de Tlaxcala, hemos tenido mayor visibilidad debido a que los últimos años ha habido documentales y reportajes que han llamado la atención sobre casos en el sur del estado, pero debo decir que el problema de trata de personas es un problema regional”. Es cierto, el problema es regional y global, pero dado que su competencia es estatal, debe ser desde este ámbito que debe actuar y contribuir a prevenir el delito, proteger a las víctimas y sancionar a los delincuentes.

La globalización de las problemáticas sociales no puede ser una justificación de los gobiernos para dejar de actuar, pero sí es un indicador para que además de las políticas de carácter local se generen articulaciones con otras entidades y regiones, tal como se indicó en el resolutivo Cuarto emitido por la Secretaría de Gobernación respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Tlaxcala. En ella se señala que se debe asegurar que en la política contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se “consideren las posibles rutas de movilidad que van de Tlaxcala a Puebla y de Tlaxcala a la Ciudad de México, o cualquier entidad federativa, estableciendo, para ello, una acción coordinada entre dichas entidades federativas para atender el movimiento de posibles víctimas de trata de personas”.


El problema de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es ya de por sí preocupante, pese a ello su gravedad puede incrementar con los nuevos elementos que aparecen en el contexto regional como lo es la instalación del complejo automotriz Audi en San José Chiapa, Puebla, lo que ha detonado el incremento en la demanda de servicios sexuales en el municipio de Huamantla, de acuerdo con algunos medios de información. Este nuevo contexto implica para los gobiernos no sólo proponer políticas articuladas, sino además deberán generar un mecanismo para que las empresas implementen acciones en las que se sensibilice a los hombres para que asuman que desde sus prácticas de consumo contribuyen a la generación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Los indicadores respecto a las realidades de la violencia hacia las mujeres no son los discursos, los encuentros entre funcionarios, los acuerdos firmados entre instituciones, las pláticas impartidas a los funcionarios o las listas de asistentes a cursos. No. Los indicadores son los cambios prácticos que las mujeres puedan constatar al caminar por las calles, en sus trabajos, en las escuelas, en sus comunidades, las transformaciones que los hombres tengamos en la renuncia a privilegios desde los que ejercemos la violencia. Los indicadores son que deje de haber mujeres enganchadas y trasladas para ser explotadas sexualmente, que los niños dejen de aspirar a ser tratantes, que los hombres tengamos conciencia de que desde la demanda sexual que generamos contribuimos al delito de trata, que los hombres que delinquen tengan sanciones ejemplares.