2014 fue el segundo año que Enrique Peña Nieto estuvo a cargo de la Presidencia de la República, durante éste, particularmente en el segundo semestre, se agudizaron las manifestaciones sociales de indignación por los sucesos en que se visibilizó la profunda crisis de seguridad que existe en el país, particularmente a raíz de los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde se asesinaron a tres normalistas y se desaparecieron a 43 más, hoy confirmado el asesinato de uno de ellos. Tlatlaya había sido el antecedente de las masacres donde cuerpos de seguridad a cargo del Estado estaban involucrados; hoy sabemos que en el asesinato de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, también hubo participación de policías. La indignación ciudadana es también producto de una serie de reformas y medidas que no vemos cómo beneficiarán realmente a la ciudadanía, particularmente lo que se le ha llamado las reformas estructurales, las cuales también generaron movilizaciones sociales.
Esta indignación ciudadana es resultado de una serie de agresiones en la historia contemporánea: el levantamiento zapatista en 1994, el Charco, Aguas Blancas, Atenco (cuando el mismo Peña Nieto era gobernador del Estado de México), la guerra contra el narco de Calderón.
Al actual gobierno se le cayó la máscara que construyó a nivel internacional de ser el salvador de México, por lo cual se le elogiaba en medios de comunicación y se le entregaban reconocimientos a nivel internacional. Hoy su imagen y la de los cuerpos de seguridad se encuentran en cuestionamiento. Queda claro que delincuencia organizada, grupos políticos y cuerpos de seguridad operan en colusión, aunque no sabemos exactamente a qué nivel. La historia indica que ante la protesta social se apaga el fuego castigando a los niveles más bajos, es decir, a los policías municipales, como es el caso de Iguala y como seguramente será el caso de San Fernando.
México nos duele. Duele que nuestros militares maten en vez de resguardarnos de las amenazas extranjeras, que por cierto no tenemos; que nuestros policías estén bajo el mando de la delincuencia organizada y le quiten la vida a nuestros jóvenes; duele que los políticos no estén al servicio del pueblo y habrá que preguntar si realmente alguna vez lo han estado; duele que esos mismo políticos les importe poco los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia, la paz y que sus intereses estén más bien dirigidos al ascenso en un poder que está al servicio de los grandes grupos de la economía global, entregándoles nuestra fuerza de trabajo y nuestros recursos; duele que los mexicanos seamos cada día más pobres, que nuestro poder adquisitivo caiga día con día. Es esa rabia la que se ha ido convirtiendo en movilización y tiene que convertirse en acción permanente si no queremos que el ciclo de violencias se repita.
Este es el último artículo que compartimos de este 2014, así que aprovecho para señalar algunos temas que a lo largo de la presente administración estatal quedan pendientes. En la trata de mujeres para la explotación sexual no vimos avances, por el contrario vemos que el problema se expande. La creación de refugios y la aplicación de campañas de prevención siguen siendo temas pendientes; en 2014 quizá uno de los elementos más vergonzosos y a todas luces ilegal por parte del gobierno fue la reservación por 12 años de la información sobre las acciones que desarrollen las instituciones integrante del Consejo Estatal contra la Trata. Seguimos preguntando: ¿por qué una cartilla para docentes en la que se identifican personas posiblemente tratadas y los mecanismos de canalización debe ser información reservada? Este es el país y el estado de los absurdos, peor aún de las simulaciones.
Los problemas ambientales continúan: los ríos Atoyac y Zahuapan no han disminuido en nada su contaminación y, por tanto, los efectos hacia las comunidades continúan. En el tema de construcción de megaproyectos, como el gasoducto Morelos, vemos que se siguen impulsando sin que haya un respeto a las decisiones comunitarias. Por lo que respecta al tema de transmigración, para el gobierno es más fácil que se sigan perdiendo vidas o arriesgando su integridad que quitar los postes que generan ello, queda claro que para el gobierno es más importante una empresa que la vida.
No es pesimismo con el que les comparto este último artículo del año, sino con indignación por todas las violaciones a los derechos humanos que se están viviendo. Es también, como sabiamente lo diría uno de los fundadores del Centro Fray Julián Garcés, Ricardo Avilés Espejel (qepd), una invitación a ser sembradores de esperanza en medio de la incertidumbre; o como recientemente lo han dicho las y los jóvenes a propósito de lo de Ayotzinapa, ser luces en la oscuridad. No es con pesimismo que les comparto este escenario, sino con la invitación a todas y todos a ser defensores/as de nuestros derechos humanos.
Todo es un ciclo, tomo prestadas las palabras de una mujer campesina con quien tuve la fortuna de levantar la cosecha de maíz en las faldas de La Malinche el fin de semana, al término de la jornada le dijimos: “ya acabamos”. Ella nos respondió con sabia serenidad: “Nada más para volver a empezar”, cuánta razón tiene esa mujer, nuestra vida es un ciclo, así también es nuestra lucha por los derechos humanos, cerramos este año sólo para volver a empezar, así que preparemos la energía y la buena semilla de la justicia y la paz para sembrarla en 2015, no importa que haya que sembrarla en la incertidumbre porque siempre habrá una esperanza de que por mal que vengan los tiempos, como sucede en el campo, algo bueno producirá.