Representantes de la Unidad de Observación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron ayer en Puebla para escuchar argumentos y revisar el caso de los tres presos ambientalistas recluidos en los penales de Atlixco y San Pedro Cholula por defender el derecho al agua y la tierra en el estado, por lo que en los próximos días, tras recopilar la evidencia de todas las partes inmiscuidas en el caso, la ONU podría estar emitiendo una recomendación sobre el encarcelamiento de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.
El recorrido de los visitadores Tom Haeck y Kim M. Smeby comenzó a temprana hora en las oficinas de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), donde tuvieron acceso a los expedientes de los detenidos.
De este acto privado no se tuvo información al respecto, pues tanto Haeck como Smeby dijeron a esta reportera que no tienen facultad de dar declaraciones a los medios de comunicación sobre la documentación de los casos denunciados contra los ambientalistas poblanos.
Al mediodía, los representantes de la ONU –quienes no dieron declaración alguna a los medios de comunicación– mantuvieron una reunión a puerta cerrada en las oficinas del Sindicato de Telefonistas en Puebla, en donde dialogaron con luchadores sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes de agrupaciones locales.
En el recinto estuvieron presentes integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos–Puebla–Tlaxcala; del Frente de Campesinos, Ejidatarios y Pequeños Propietarios de San Martín Texmelucan y la Sierra Nevada, así como un grupo de académicos de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) a nombre del doctor Ricardo Pérez Avilés y del Comité de Afectados por el bulevar Las Torres.
Ahí, los relatores expusieron que su visita a Puebla obedece en el sentido de escuchar la opinión de las agrupaciones sociales que señalan ser objeto de represión por parte del gobierno del estado.
Los visitadores explicaron que están para asesorar al gobierno y garantizar que se respeten los tratados internacionales a los que está suscrito el país, como es en materia de derechos humanos.
Otra de las finalidades de su visita, dijeron, es dar seguimiento jurídico al expediente de los encarcelados a fin de documentar el caso con argumentos de todas las partes en conflicto.
Miriam Vargas Teutle, miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, informó a La Jornada de Oriente que es de suma importancia que la ONU haya acudido al llamado de auxilio de las agrupaciones sociales de Puebla, que denunciaron que están siendo violentados sus derechos.
Señaló que con la presión a nivel internacional que ejerce la ONU sobre los gobiernos locales se puede lograr que las autoridades poblanas respeten el Estado de Derecho y la integridad física de los luchadores sociales.
A lo largo de tres horas explicó que cada uno de los grupos sociales que se entrevistó con los visitadores del organismo internacional expuso su problemática a fin de que se logre documentar de forma exhaustiva cada caso.
Acusan a la CDH de prestarse para la detención de ambientalistas
La integrante del Frente de Pueblos denunció que durante el diálogo con los representantes de la ONU las agrupaciones culparon que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) se prestó para la detención de Juan Carlos Flores Solís.
Reveló que una trabajadora de la CDH retuvo al grupo de campesinos que habían acudido al organismo a interponer una queja por la detención de la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, quien dos días antes había sido aprehendida por policías estatales.
Vargas Teutle precisó que la empleada del organismo pidió al grupo de campesinos que pasaran a las instalaciones del CDH “a tomar agua y ver un rato la tele, porque daban muy mal aspecto afuera de la oficina”.
Cuando el grupo de labriegos de la zona del volcán Popocatépetl se encontraba dentro del edificio –relató– fue cuando apareció el convoy de uniformados para detener a golpes a Flores Solís.
Durante la reunión refirió que también destacaron que durante la aprehensión de Juan Carlos Flores participaron por lo menos un centenar de agentes policiacos a bordo de 20 unidades.
“A la gente de la ONU le expusimos que nosotros no tuvimos tiempo de defender al compañero; incluso cinco miembros del Frente de Pueblos fueron golpeados por la Policía Estatal hasta que lograron llevarse por la fuerza a Juan Carlos”, expuso.
En ese sentido, Miriam Vargas fue directa: “Nosotros estamos seguros de que la Comisión de Derechos Humanos estuvo involucrada en la detención del compañero, y por eso pedimos que quedara asentado en el expediente que recaba la ONU”.
Exigen protección al académico Pérez Avilés
En su oportunidad, comentó que el grupo que fue en representación del académico Ricardo Pérez Avilés relató a los visitadores de la intimidación y acoso contra el investigador, al igual que a su familia, violando con ellos sus garantías individuales.
“En representación del docente de la UAP estuvo el estudiante Alberto Melchor Montero, quien pidió garantizar la integridad física y moral de su maestro”, indicó en una entrevista.
De la misma forma, Vargas Teutle relató que el estudiante de Sociología informó que él también fue amenazado a través de mensajes y llamadas a su teléfono móvil, en donde le exigieron que no llevara a cabo el programa radiofónico titulado “El campo y la ciudad, un diálogo necesario”, del que es titular el doctor Pérez Avilés o de lo contrario sería reprimido.
La informante –quien participó en la reunión– señaló que de estas declaraciones, los visitadores de la ONU tomaron nota en todo momento sin que se emitiera un juicio adelantado.
Mientras, dijo, los vecinos que habitan la zona del bulevar de Las Torres, quienes fueron defendidos y asesorados también por Juan Carlos Flores Solís, pidieron a los enviados del Alto Comisionado del organismo internacional que se evidenciara la represión que padecen de parte del gobierno morenovallista.
Los pobladores denunciaron que el gobierno estatal los está amenazando con sacarlos por la fuerza de sus viviendas por donde pasará el trazo de la nueva vialidad sin pagar indemnización de por medio.
Enviados de la ONU visitaran comunidades del Izta–Popo
Al último, la declarante informó que en el caso de Enedina Rosas Vélez, los visitadores de la ONU realizarán un recorrido por las comunidades de Atlixco, así como de la zona de los volcanes, para recabar de primera mano la problemática que padecen estos pueblos, en cuanto a la defensa de los recursos naturales.
En ese sentido, adelantó que los representantes del organismo cedieron a una segunda visita al estado de Puebla, donde efectuarán una visita a cada una de las comunidades que están dentro del trazo del gasoducto Morelos.
Asimismo, refirió que acudirán a la comunidad de donde es originario el tercer preso ambientalista, Abraham Cordero Calderón, para dialogar con los pobladores de la comunidad de San Francisco Tepeyecac.
En la reunión, detalló que el abogado Hilario Flores, miembro del Frente de Pueblos de la Sierra Nevada, dijeron a Tom Haeck y Kim M. Smeby la serie de arbitrariedades y anomalías en la detención de Cordero Calderón.
Agregó que las irregularidades se presentaron desde la “fabricación del delito”, ya que lo acusan de secuestrar a funcionarios federales hasta la participación de directivos del Ministerio Público, quienes dictaron al juez que emitió la orden de aprehensión al líder campesino lo que tenía que decir.
Al término del día, Haeck y Smeby acudieron a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.