Urgen las elecciones anticipadas para la presidencia de México

“La sociedad moderna

burguesa… se asemeja

al mago que ya no es capaz de


dominar las potencias

infernales que ha desencadenado

con sus conjuros”.

 

Carlos Marx

 

Es incuestionable que urgen las elecciones anticipadas para la presidencia en México. De acuerdo con la Constitución –que, por cierto, está por conmemorar 100 años de su promulgación–, el periodo presidencial es de seis años, cuya duración es de las más prolongadas, por lo menos en América Latina. Comparando con otras administraciones públicas, tenemos que la duración de la presidencia en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Guatemala es de cuatro; en Paraguay, Perú, Panamá, El Salvador y Brasil es de cinco años; y solamente en Venezuela y México es de seis años. Sin duda, la mejor forma de celebrar los 100 años de vigencia de la Constitución es la reforma para que se permita adelantar las elecciones en México, para reducir el periodo de la presidencia. Independientemente de que en algunos de esos países existen reelecciones –algo que en México no pasa por razones históricas–, lo cierto es que un periodo de seis años, como se observa en los últimos periodos presidenciales, es un desgaste para la población y, sobre todo, para el propio titular del Ejecutivo. En las últimas administraciones en México se ha podido apreciar claramente cómo durante el quinto y sexto años del sexenio disminuye la credibilidad de la figura presidencial, pierde legitimidad y, con ello, aumentan los problemas de seguridad pública y, sobre todo, los económicos.

Evidentemente, no hay otra alternativa: Urgen las elecciones anticipadas para la presidencia en México pues dos años más significan el indudablemente desgaste del propio titular del Ejecutivo y, sobre todo, de los gobernados. Convocar a elecciones anticipadas sería una bocanada de aire fresco, de oxigeno y de esperanza para la población. De no haber reversión a la reforma educativa, a la energética y a las demás reformas constitucionales y legislativas que se han suscitado en México en este sexenio, es claro que la mejor forma de terminar esta administración es convocando a elecciones, para reinventar la visión de Estado.

Así como comparamos el precio de los energéticos con otros países para justificar su aumento, vale la pena hacer memoria de la renuncia de los presidentes y primeros ministros de diversas naciones, en donde se han presentado sucesos que ameritan esa situación, es decir, se encuentran ante la contravención del principio de eticidad; por ejemplo, el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, dejó su cargo tras conocerse su vinculación con el escándalo conocido como Panamá Papers, y lo mismo sucedió con el presidente de Finlandia; por su parte, Matteo Renzi, primer ministro de Italia, dimitió tras perder la consulta sobre la reforma de la constitución; Chung Hong–won renunció en Corea del Sur por el hundimiento de un ferry, lo que provocó la muerte de trescientas personas; el presidente de Guatemala renunció luego de una orden judicial de aprehensión por un caso de corrupción. En todos estos sucesos se rompió con el principio de eticidad, que consiste en que el Estado debe comportarse para gobernar siempre de buena fe, y tiene prohibido confundir su conducta con la de un infractor o la de un delincuente.

De acuerdo con las teorías que justifican el origen del Estado –Thomas Hobbes–, el Estado se creó debido a que permite vivir a las personas fuera del estado de naturaleza en donde se vivía todos los días: “la guerra de todos contra todos”, y como el propio Estado puede contar con tanto poder que puede dañar a sus propios ciudadanos, los derechos humanos son la herramienta que tiene la ciudadanía frente al Estado para limitar al poder político, de la misma forma en que la seguridad jurídica es de los gobernados y no del Estado. Sin embargo, cuando estos papeles se invierten, es decir, en donde la función del Estado se vuelve insuficiente, en donde el Estado no demuestra su capacidad para mantener la paz y armonía en la convivencia de la sociedad, en donde se regresa al estado salvaje de los hombres, se deben de cuidar todos de todos. Es inevitable: el Estado está agotado. Si el principio de legalidad se rompe con la corrupción; la división de poderes, con la arbitrariedad; la seguridad jurídica, con la ilegalidad; la buena fe, con la perversidad; la paz social, con la violencia, y no hay distinción entre “la orden de la autoridad con la del asaltante” (Alexy, R., El concepto y la validez del derecho, España, Gedisa, 2004), entonces urgen las elecciones anticipadas.