Universidades contra el recorte

El pasado 4 de noviembre, los rectores de 10 universidades –entre ellos el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz– publicaron un desplegado de prensa donde demandaron a la Federación evitar el recorte presupuestal a la educación que asciende a más de 37 mil millones de pesos; interesa específicamente aquel destinado a la educación superior. El ajuste, de acuerdo con los firmantes, pone en riesgo múltiples proyectos y programas sustantivos para la operación de las universidades. Por supuesto, huelga decir que tal reducción afectará la función más importante de la universidad: la producción del conocimiento. Como dice el desplegado “Recortar los recursos destinados al desarrollo de ciencia y tecnología es un contrasentido, pues el país requiere, de manera urgente, incrementar su competitividad y ello solo se logra generando más y mejores conocimientos. Además, la medida nos aleja del compromiso de alcanzar una inversión, al menos el uno por ciento del PIB en Ciencia y Tecnología lo que, en los hechos, significa renunciar al objetivo estratégico de consolidar nuestras capacidades científicas a favor del crecimiento económico”. Resulta obvio que tanto a legisladores como al gobierno federal les importa un pepino la educación y no consideran la importantísima necesidad que tenemos de incentivar la producción de conocimiento vía las universidades y los tecnológicos, el desarrollo y puesta en marcha de nuevas tecnologías producidas en México, nada de esto es prioritario cuando de lo que se trata es de garantizar los votos para 2018. Al contrario, se pretende importar tecnologías, procesos, teorías y metodologías; lo que nos queda por nuestra parte es ofrecer mano de obra barata, y por los resultados electorales en Estados Unidos, quizá ni eso. Afortunadamente, nuestras universidades nacionales y estatales están produciendo con y sin presupuesto, avances considerables. Baste ver las pocas notas que aparecen en la prensa al respecto.

En respuesta, Aurelio Nuño, nuestro flamante secretario de Educación, propuso en recientes fechas a los rectores, justo en la inauguración de la Conferencia Internacional de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), según reportaron Emir Olivares y Arturo Sánchez para La Jornada nacional, “trabajar en un acuerdo entre los universitarios y el gobierno para replantear el esquema de financiamiento de la educación superior. Se trataría, según dijo, de que el financiamiento no tenga que negociarse año con año, sino que permita a las universidades planear el uso de sus recursos por décadas. (…) En el acuerdo debería quedar clara, dijo, la responsabilidad del gobierno federal para financiar a las universidades, así como las obligaciones de los gobiernos estatales y el compromiso de las instituciones educativas de usar los recursos con transparencia y responsabilidad”. Por supuesto, queda la idea de un financiamiento a largo plazo que debiera trascender gobiernos y rectorías, pero que en casos muy señalados, como el de Veracruz, y la utilización de los presupuestos federales y estatales para la compra de votos y conciencias para 2018, pues la sugerencia resulta poco menos que inoperante. Desde hace años se han ido sucediendo recortes de manera progresiva y el amable lector que tenga paciencia podría ponerse a revisar la red y verá que año con año diversos rectores pertenecientes a la ANUIES se han manifestado en contra de estos recortes con resultados poco contundentes, pues a los gobiernos panistas y priistas tales observaciones les vienen guangas. Para Enrique Graue, rector de la UNAM, las cosas son terribles. Según reportan Olivares y Sánchez, Graue comentó en el evento de ANUIES que “hay que decirlo con toda claridad: difícilmente podremos con esa demanda en las condiciones actuales. Para las instituciones públicas, ya saturadas, crecer con calidad y con menor presupuesto es materialmente imposible. En tanto que para las instituciones privadas, mientras no crezca significativamente la economía familiar, aumentar la matrícula sin detrimento de la calidad se antoja una meta difícil de alcanzar, pues ya cubren a 29 por ciento de la población en edad de estudiar”.

Por su parte, continúan los rectores en el desplegado: “Reivindicamos nuestra convicción de que, en la compleja situación que vive el país, la educación aparece como un signo de esperanza y por ello la universidad pública, más allá de su quehacer académico, debe constituirse en un espacio que albergue los mandatos sociales, económicos y políticos de los mexicanos, y ser parte fundamental del sistema social, rescatando valores y principios esenciales, así como las justas aspiraciones de bienestar y progreso de la población”. Bien, todos parecemos estar de acuerdo salvo nuestras élites políticas y alguno que otro empresario medio perdido en los discursos de autoayuda más ramplones. Cada vez más se acercan las empresas a las universidades para solicitar practicantes y muchas de ellas, para intercambiar tecnología y conocimientos; otros están interesados en tener parte en la formación de sus próximos recursos humanos. Y en este entorno, el INE solicita a la Federación más de 15 mil millones de pesos para operar este año. Las prioridades de nuestros políticos están en otro lado…





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