No es el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador cuestión menor, pero hay que ubicarlo como el empuje del descontento popular captado dentro de una estrategia que intenta mediatizar la lucha anticapitalista y autónoma como la ruta menos grave para el capital financiero criollo y transnacional.
El capitalismo actual y particularmente en México exige la vida de nuestros pueblos, requiere materiales y energía para satisfacer las exigencias de producción y consumo de los países explotadores, así como del consumo enajenado de las capas medias del resto mundo para producir o ensamblar automóviles, aviones, tanques de guerra, computadores, celulares, refrigeradores, televisores, así como generalizar la comida chatarra y la diversión chafa. Para garantizar la permanente y depredadora innovación tecnológica, saquea metales y minerales, energía y petróleo, ante la profunda crisis civilizatoria que vuelve a las guerras de despojo, con el militarismo y el narco como protagonistas de la devastación.
Los gringos y el capital dependen de nuestras vidas y riquezas, pues necesitan de los países pobres en un combate a muerte por el control de los recursos y el territorio por lo que realizan invasiones, ocupaciones, matanzas, desplazamientos, torturas y crímenes, feminicidios o desapariciones.
El capital impone un reordenamiento territorial para que funcionen los espacios geoestratégicos en concordancia con los nuevos y viejos negocios con altísimos márgenes de ganancia para el narco-capital. Con ello estimula la reconquista de un México saqueado por los megaproyectos que destruyen las cuencas de los ríos, los corredores biológicos, impone sobre los territorios de pueblos originarios o en zonas de protesta social sus zonas especiales con aeropuertos, carreteras, represas, acuíferos, ferrocarriles “bala”, cables de fibra óptica y despojo de materias primas.
La apropiación de estos recursos incluye la mercantilización del agua, el aire, la tierra, el suelo y su energía y de toda la naturaleza. La impulsa como estrategia neoliberal y con el discurso del libre comercio desde la década de 1990 en América del Norte (TLCAN).
Por ello somos un escenario de la guerra mundial, si hasta ahora lo ha encabezado el PRI y los sirvientes del imperio, nada asegura que un cambio de partido gobernante transforme tal escenario. Quizás pueda reordenarlo para mediatizar las defensas comunitarias y populares de los recursos y en defensa de la vida. Porque los nuevos conquistadores no quieren obstáculos y a nombre del desarrollo y del progreso, el imperialismo y su falso libre comercio ejercen la guerra contra el pueblo con viejos o nuevos gerentes en las presidencias, siempre que le sean fieles a su doctrina de despojo y muerte.
El régimen se ha distinguido, hasta en sus momentos de simulada “democracia electoral”, por golpear a los pobres y humildes, eliminar estudiantes, indígenas, campesinos y pensadores populares, como a sindicatos y docentes rebeldes, a hombres y mujeres; por cerrar hospitales públicos, desabastecerlos, privatizar la salud, la educación y las pensiones, por aumentar los impuestos, todo para garantizar mayores ganancias e impunidad a los ricos y al capital extranjero.
La crisis en sus formas de gobierno y su sistema de partidos vuelve a utilizar los aparatos represivos legales e ilegales como una bestia herida y acosada que se dispone a usar toda su fuerza y sus mañas contra los antisistema.
Las elecciones de 2018 han sido un episodio en que el pueblo no debe perder de vista que sólo organizado y unido podrá construir otra vida para México libre del sistema capitalista, racista y patriarcal que padecemos. En lo inmediato no nos descuidemos y preparemos la resistencia que eluda y venza las dentelladas de la fiera.
Costos y saldos de la batalla electoral entre los de arriba
Andrés Manuel López Obrador llega como ganador en un proceso en el que antes y durante las elecciones, la violencia política ha sido el factor que recompone los acuerdos informales que pudo construir con las fuerzas del poder fáctico que se disputan la gerencia del Estado en 2018.
Esa violencia sumada a la del paramilitarismo y la militarización del país, así como a la corrupción, la simulación y la guerra sucia en las campañas incluida la del el mismo día de los comicios, no le quitan el triunfo en la presidencia, pero sí recortan aún más su margen de maniobra político-económica para despegarse de la lógica de un Estado hegemonizado por el capital financiero, dependiente de sus ligas trasnacionales y sometido aún a los pactos militaristas ligados a la estrategia de seguridad nacional estadounidense.
En el plazo inmediato -tal como lo advirtió la noche del 1 de julio el fascista de Ricardo Anaya-, sobreviene la presión del régimen de partidos de Estado para que los poderes locales y estatales se distingan y distancien de la fuerza del voto federal dado a López Obrador.
Se debe explicar casi 120 asesinatos políticos durante la campaña y el día de las elecciones, el alto número de los candidatos que renunciaron amenazados por el narco paramilitarismo o por otros partidos del mismo sistema (como lo hecho por los antorchistas del PRI).
Solo se comprenden esos hechos como parte del terror o, mejor dicho, la guerra al pueblo que opera en los choques de policía y ejército contra quienes buscan autogobernarse según sus normas básicas de pueblos originarios o quienes combaten la negativa del Estado a hacer justicia y encontrar la verdad sobre las víctimas de desapariciones, desplazamientos y ejecuciones extrajudiciales.
Es en las disputas territoriales con representaciones municipales, estatales y en el Congreso legislativo, donde se dará voz a la oposición capitalista a toda acción que amenace las ventajas que ha dado a los grandes empresarios y al imperialismo.
El programa de Morena NO se ha comprometido a ir contra las reformas estructurales como la energética o la fiscal o a la seguridad social, ni contra el desarrollo extractivista que despoja y depreda a los pueblos del mundo y en particular de Nuestra América. Es más fácil que anule los decretos recientes del Peña Nieto sobre la eliminación de la veda de aguas en la mayoría de las cuencas amenazan con ser entregadas a las mineras y transnacionales puede un presidente echarlas atrás, así como puede rehacer la llamada reforma educativa.
Lo cierto es que es un programa que reforma los modos de gobernar, de anticorrupción en la administración y mayor asistencialismo, pero que no modifica sino garantiza la lógica principal del capital: su disputa de territorios a las comunidades y pueblos o la lucha de ganancias contra salarios. Peor se mira su limitación ante el caso de la deuda externa y la interna: la postura de AMLO en el mejor de los casos es de endeudarse menos, o a menor ritmo, pero no ha manifestado ningún compromiso contra el pago de la deuda eterna, así que de cada peso del presupuesto se seguirá yendo a las bolsas de los financieros.
Pero aún en sus medias tintas, el voto de los descontentos y la esperanza popular abren campo para ganar la iniciativa y confrontar rechazando o boicoteando esas reformas como pueblo consciente y organizado y no solo como votantes aislados o convocados.
Pero no nos descuidemos: lo cierto es que durante el periodo de transición, cinco meses del 1 de julio al 1 de diciembre, se prevé una agudización de conflictos que seguirán dividiendo en los espacios barriales y comunitarios a un pueblo volcado o esperanzado en un cambio frente a otra parte del mismo pueblo que no se ha desatado del clientelismo y el corporativismo que al PRI y el PAN les permitió dominar con un consenso pasivo y una activa coerción durante ocho décadas.
Empujar contra todo lo que va en contra de las aspiraciones populares, no se dará sólo en las Cámaras y puestos de gobierno, más si se ve que ahí permanecen las tribus politiqueras que se arrebatarán los puestos federales y locales.
La guerra a los colectivos, organizaciones y pueblos autónomos y anti sistémicos vendrá desde arriba, en primer lugar de la derecha opositora al nuevo gobierno con sus empresas y sus paramilitares incluido el narco. Pero también vendrá del centro gobernante como legalidad represiva contra todo lo que suene a “violento” aunque sea búsqueda de verdad y justicia, o que se califique de rebelde al ejercicio del poder popular desde abajo, pensando, decidiendo y actuando por el bien común y la libertad de defender la vida digna.
Valernos como sujetos autónomos en cada lucha y tejer la unidad como pueblos y trabajadores contra el capital y su Estado será resultado de organizar desde abajo y hasta las últimas consecuencias.
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