Es urgente ejercer un equilibrio entre la opulencia y la pobreza, no es posible tanto derroche y privilegios en unos pocos, en medio de más de 60 millones de mexicanos en pobreza. Los encargados de impartir justicia se resisten a no sujetarse a las leyes que moderen la opulencia, como bien refieren los “Sentimientos de la Nación” del generalísimo Morelos.
Es absurdo que, ante un México desquebrajado moral, económica, cultural, social, educativa, ambiental y políticamente, no sean los pobres o de clase media quienes se manifiesten ante las limitaciones del entorno; sino ministros, magistrados, jueces, políticos y funcionarios corruptos, muchos de ellos envueltos en conflictos de interés, nepotismo, tráfico de influencias, con familiares y amigos en nómina y sin devengar un sueldo como ha sido revelado, se niegan a perder su vida de dispendio y privilegios pagada con dinero público..
“La honrada medianía juarista, que proporciona la retribución que la ley le señala”, resulta obsoleta para los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, ya que esta máxima se ha de aplicar solo en los bueyes de sus compadres o vecinos.
La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada en septiembre pasado por la Cámara de Diputados con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, es parte de la austeridad republicana anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña, en la que se establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración o retribución mayor a la del presidente de la República. Esta ley fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de los senadores del PRI, PAN, PRD y MC, lo cual confirma lo que ha sido el Poder Judicial a lo largo de la historia: una instancia protectora de sus propios intereses, sin importarles la realidad que atraviesa el país. A lo largo del neoliberalismo, jamás hicieron un pronunciamiento para denunciar tantas injusticas y violaciones a los derechos humanos, pero apenas tocarles sus bolsillos, reacción con vigor, lo que solo mostro su verdadero rostro.
Sus sueldos insultantes y autoasignados sin rendición de cuentas superan en unos casos los 600 mil pesos mensuales, se tornan inmorales al igual que sus prestaciones sin límite. Ellos representan el verdadero “peligro para México”.
Con la voltereta de las últimas horas del proyecto de anulación de la gubernatura de Puebla, el TEPJF acabó con la raquítica credibilidad que le pudiera quedar; presiones, amenazas o cañonazos, todo es sospechable a estas alturas, lo cierto es que “haiga sido como haiga sido” el Poder Judicial de la Federación, amerita urgentemente una reingeniería de fondo.
Si bien la Constitución delega la soberanía popular en los Poderes de la Unión, los partidos políticos y el sistema electoral, costoso y vulnerable, no representan estrictamente al pueblo; también, es cierto que todo poder dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El 39 constitucional, debe cobrar sentido a través de la consulta popular, u otras expresiones, para exigir la actividad justa e inteligente de quienes nos representan.