Luego de un año de batalla legal y una serie de protestas, Sonia, madre de la menor Guadalupe “N”, quien fue violada de manera tumultuaria por tres compañeros de salón de una telesecundaria en Tlatlauquitepec, logró que los presuntos agresores fueran vinculados a proceso por las autoridades estatales.
Se trata de Ángel Daniel “N”, Arnaldo “N” y Juan Diego “N”, quienes se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), debido al supuesto ataque sexual a la menor dentro del salón de clases.
El caso de Guadalupe llegó hasta el Senado de la República, donde la legisladora Lucero Saldaña exhortó al gobierno de estado de Puebla, para que a través de las instancias correspondientes ejerzan las acciones necesarias para brindar justicia y seguridad a las mujeres víctimas de violencia sexual, en especial atienda el caso de la adolescente y su familia de Tlatlauquitepec”.
Después de suspender dos veces la audiencia, finalmente los tres estudiantes acudieron ante la jueza de control especializado en Justicia para Adolescentes, para dar salida al proceso penal número 722/2017/AIMP.
Sin embargo, la autoridad solo les imputó como medida cautelar la vigilancia por parte de sus padres, quienes deberán reportar mensualmente al juez las actividades de los jóvenes.
La Fiscalía General del Estado tiene hasta el próximo 26 julio para recabar los datos de pruebas necesarios y acreditar la responsabilidad de los tres jóvenes.
La juez determinó que los acusados deberán de ser investigados por el presunto ataque sexual cometido en agravio de la estudiante que ahora cuenta con 14 años.
Los hechos se registraron el 2 de mayo de 2017 al interior de la escuela “Jaime Torres Bodet” de la comunidad de Calatepec, en el municipio de Tlatlauquitepec.
La agresión se perpetró dentro del salón de clases, mientras el resto de los compañeros participaban en los ensayos del festival del Día de las Madres.
Inicialmente, la víctima reconoció a cinco jóvenes quienes fueron señalados del abuso sexual, pero solo tres habrían cometido la acción ilícita. El resto actuaron como testigos.
Después de un año, el caso fue judicializado gracias a que la madre de la menor obligó a las autoridades a dar atención al caso.
La madre calificó la decisión de la juez como un “acto de justicia” para las mujeres que sufren de violencia sexual en diversas comunidades de la entidad, donde aseguró se vive bajo opresión.
En ese sentido, recordó que durante el último año fue objeto de amenazas de muerte por visibilizar ante los medios de comunicación el caso de su hija.
Incluso, dijo que la menor tuvo que ser dada de baja de la telesecundaria de Tlatlauquitepec y trasladada a otra institución educativa, para evitar el acoso de los agresores.