El Congreso del estado dio entrada al escrito que presentó el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), a través del cual exige a ese poder del Estado explicar las inconsistencias detectadas en la aprobación de la ley en materia de fuerza pública, mejor conocida como #LeyBala.
La Comisión Permanente envió el documento a la Comisión de Derechos Humanos, que preside el diputado priista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para que sea analizado y dictaminado por los integrantes de ese órgano legislativo.
La petición se fundamenta en la disparidad que se registró entre el contenido del dictamen de ley, presentado a los diputados en la sesión del 19 de mayo para su aprobación –en el cual se permitía el uso de armas de fuego contra manifestantes, según el testimonio de algunos representantes populares–, y el documento que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, donde se prohibió el manejo de armas letales para disolver las protestas.
El MAS solicita a los representantes populares documentar los cambios que sufrió la iniciativa presentada por el gobernador Rafael Moreno Valle el 12 de mayo, desde su análisis y revisión en comisiones hasta su dictaminación el 14 de este mismo mes y posterior aprobación en el pleno.
“Es deber de los legisladores dar cuenta sobre la confusión de documentos y si en todo caso el gobernador hubiera publicado en el Periódico Oficial un texto que los diputados no votaron, también sería su deber denunciar penalmente al mandatario por usurpación de funciones”, manifestó Marco Antonio Mazatle Rojas, dirigente del Sindicato de Telefonistas y uno de los firmantes del ocurso.
Al activista aseguró que la intención del gobierno estatal de utilizar armas de fuego responde a una estrategia represiva ligada a la nueva Ley de Expropiación.
Las modificaciones referidas, propuestas por el diputado del PAN Eukid Castañón, pospusieron en caso de urgencia el derecho de audiencia dentro de un proceso expropiatorio, hasta después de emitido el decreto que dé origen a ese acto.
Además, la autoridad ya no tendrá la obligación de notificar directamente a los afectados, pues podrá hacerlo a través del Periódico Oficial del Estado.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso formó parte de los órganos legislativos que dictaminaron la normativa.
Las otras dos comisiones que conocieron del tema fueron la de Procuración y Administración de Justicia y la de Seguridad Pública.