Cuatro de las 13 recomendaciones que en 2017 emitió la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, fueron dirigidas a la Fiscalía General del Estado (FGE). Paradójicamente, a esta institución, encargada de la procuración de justicia, se le señaló de incurrir en el delito de tortura.
Así se constata en los expedientes 4938/2015, 5430/2014–I y sus acumulados 6158/2014–C y 6363/ 2016; 4824/2015 y 7540/2015, donde los quejosos develaron prácticas intimidatorias que atentaron contra su integridad física y mental.
En éste último, por ejemplo, se hace referencia a que el 27 de noviembre de 2015 un hombre fue detenido por elementos de la Policía Ministerial, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), quienes posteriormente lo trasladaron al edificio central de la misma.
“Lugar donde fue torturado, mediante toques eléctricos en espalda, testículos, pene, le enredaron la cabeza, brazos y piernas con vendas, le estiraron los brazos con las vendas, 3 obligándolo así a declarar lo que ellos querían (sic)”.
En el expediente 4824/2015, una madre narra que el 29 de agosto de 2012, personas entraron su domicilio, donde ella y su hija fueron sometidas y encañonadas, mientras que su esposo además de golpearlo, le colocaron una bolsa en la cabeza.
Estos actos fueron cometidos por elementos adscritos a la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
En su portal de internet, la CDH Puebla reporta que la FGE dio cumplimiento a cuatro recomendaciones; en una de ellas, la que corresponde al expediente 5430/2014–I, solo lo hizo parcialmente.
Mala cirugía dejó secuelas en paciente del ISSSTEP
Por ocasionar alteraciones a físicas y emocionales a una paciente, derivadas de una mala práctica quirúrgica, la CDH Puebla emitió una recomendación al Instituto de Seguridad y Servicios Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).
En el expediente 12311/2014–I se detalla que la quejosa solicitó por escrito el apoyo de dicha institución, para que de manera subrogada le practicaran una cirugía adecuada con un médico especialista, único en México que cuenta con la especialización y experiencia en el caso clínico que presenta, pero no recibió respuesta.
Las secuelas, narró, podrían afectar sus órganos internos e incluso llegar a la perforación de su útero o la muerte. Pese a la gravedad del caso, el instituto solo cumplió parcialmente con la recomendación.
Las recomendaciones restantes fueron dirigidas al edil de Atlixco, por violar del derecho a la vida, así como a los de Coyomeapan, Cuetzalan, Pahuatlán, Quecholac, Tlachichuca y San Pedro Cholula, estos últimos por transgredir el derecho a la seguridad jurídica y personal, legalidad, privacidad, libertad, trato digno e integridad. En todos los casos, el cumplimiento está en trámite.
Una más fue enviada a los Servicios de Salud del Estado de Puebla y a su director, por violación al derecho a la seguridad j personal y jurídica, integridad y derecho a la salud. La recomendación fue cumplida.