Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
Santiago Ramón y Cajal
Si a usted le gustan los informes de gobierno, en este país todo es posible, prepárese para un agasajo durante el mes de septiembre. Luego del informe del presidente Peña Nieto vendrán los informes del jefe de gobierno del Distrito Federal y los gobernadores del estado de México, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.
Ora que si además disfruta de la propaganda oficial, lo cual ya de plano pondría en duda su salud mental, pues tendrá usted un verdadero festín.
Porque los informes de gobierno, que en estricto sentido y de acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales vigentes, deberían ser llanamente una rendición de cuentas ante los gobernados, se han convertido en pretexto para el autoelogio y la promoción política.
Se estima, más que saberse con certeza, que los gobernantes gastan miles de millones de pesos en propaganda oficial, que eufemísticamente se coloca en el rubro de “comunicación social”. Y no se sabe porque la información gubernamental no es precisa, no es clara o no existe.
Lo que sí es del conocimiento universal es la discrecionalidad con que se otorga la propaganda oficial, abierta y disfrazada. Se sigue utilizando para premiar o castigar a los medios. Las arbitrariedades de del gobernador Moreno Valle en Puebla han sido denunciadas en todos los tonos, pero ni ve ni oye. Quienes lo glorifican y solapan reciben millonarios subsidios, quienes no se doblegan solo reciben maltratos y amenazas.
Casos como el gobernador de Chiapas, otro niño verde, superan cualquier capacidad de asombro y simplemente no hay poder que lo llame a la cordura. El tipo gasta más en promoverse que en restaurar escuelas.
El propio Peña Nieto, cuya aceptación ha caído sistemáticamente en las encuestas, está aprovechando la propaganda de su segundo informe para autoelogiar sus impopulares reformas y justificar sus pobres resultados en crecimiento económico, seguridad, corrupción y otros aspectos relevantes en cualquier gestión gubernamental.
Ningún gobierno en ningún país del mundo gasta tantos recursos públicos en propaganda oficial. Hecho extensivo a gobiernos estatales, municipales, legislaturas y demás instituciones del Estado.
En reciente artículo publicado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar se lee “A pesar de la transición democrática, el informe se ha vuelto el auge de la publicidad política, el paroxismo de la propaganda de Estado, apoyado por la industria de la imagen. En estos momentos clave, el discurso oficial ocupa la mayor parte de los espacios mediáticos gracias a un uso desviado de la publicidad. La profusión de spots y anuncios dominan el espacio público. Las voces críticas desaparecen bajo esta avalancha de promoción”.
Estos abusos provocan un hartazgo generalizo, mismo que ha sido fielmente interpretado por Fundar y un grupo de 11 distinguidos ciudadanos, quienes “interpusieron un amparo en contra de la promoción personalizada del presidente en el marco de su informe”.
Aseguran que “Desde este lunes 25 de agosto, los spots y anuncios donde aparece el presidente de la República alabando los éxitos de su gestión gubernamental se han multiplicado en los medios de comunicación, a pesar de que esta práctica está prohibida por la Constitución”. Hacen referencia al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
En consecuencia, informan que ya “el 21 de julio de 2014, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal admitió un amparo indirecto promovido por Fundar en contra del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) publicada el 23 de mayo pasado que viola el derecho a la información. Este artículo permite prácticas propagandísticas en el marco de la publicidad de los informes de gobierno a pesar de la prohibición constitucional”.
Como botón de muestra citan que “En febrero de 2012, el gobernador de Puebla, gastó en un mes la mitad de su presupuesto en comunicación social, 56 millones de pesos, para dar a conocer su primer informe”.
“Nuestros gobernantes deben usar esta herramienta para comunicar información valiosa como lo recomendó en 2011 la relatoría especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Principios para regular la Publicidad Oficial. El punto 2 de dichos principios enfatiza la importancia de los objetivos legítimos de la publicidad oficial. Deben basarse en la inclusión de información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios”.
Pues ahí están los hechos, fundamentos y razones. Ahora los magistrados tienen la palabra. Ojalá que la voz ciudadana sea escuchada ¡ya urge!
Cheiser: ¿Cómo es que los periodistas de investigación descubren hechos, indicios y pruebas que las autoridades nunca encuentran ni aclaran? Misterio.