Con una superficie de explotación y extracción del 3.9 por ciento del total del territorio, que representan 131 mil 567 hectáreas, Puebla se convierte en el sexto estado del país con mayor actividad minera, de acuerdo con el Anuario 2018 que presentó Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El documento titulado “Actividades extractivas en México. Retos para la cuarta transformación” además reveló que la Federación otorgó al gobierno de Puebla en el último año 871 millones 542 mil 994 pesos, provenientes del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, los cuales no fueron destinados para resarcir los daños causados en las comunidades por la exploración.
Fundar destacó que de los 12 estados del país que recibieron el recurso del Fondo el año pasado, únicamente en Puebla se detectó que el gobierno estatal fue quien ejerció la totalidad de los dineros, a pesar de contar con cuatro municipios con esta actividad.
En la actualidad, Puebla cuenta con cuatro minas en construcción y los impactos negativos van desde la contaminación del suelo, agua y aire, así como en la producción de miel, los establos lecheros, las granjas acuícolas y la crianza de cabras.
Las minas en territorio poblano están ubicadas en las localidades de Francisco Z Mena, con una ocupación de 6 mil 928 hectáreas; Jalpan, con 787.59 hectáreas; Pantepec, con 2 mil 772 hectáreas; y Venustiano Carranza, con 7 mil 250.80 hectáreas, siendo este último municipio donde se presenta la mayor explotación.
Las cuatro minas se encuentran a cielo abierto, técnica que usa grandes cantidades de agua y ácido sulfúrico, químico letal para la salud y la biodiversidad.
El estudio que consta de 200 páginas determinó que la minería en México no ha sido un motor de desarrollo local ni de generación de empleo.
Fundar encontró que en el caso de los centros productores de plata, casi el 60 por ciento de la población está en pobreza; el 30 por ciento no cuenta con servicios básicos en la vivienda; 25 por ciento tiene rezago educativo; y una de cada tres personas no cuenta con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica alimentaria.
Por esta razón, propuso seis iniciativas legislativas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión para retirar el carácter de utilidad pública a la minería y la extracción de hidrocarburos, así como prohibir la técnica de fractura de agua o fracking.
En un año atacan a 440 defensores de la tierra; 95 fueron criminalizados
En el país, el Centro de Análisis e Investigación informó que en existen 63 minas en construcción, bajo el amparo de la Ley Energética, siendo Sonora la entidad donde se concentra la mayoría de los proyectos, con 14 concesiones.
El organismo civil reveló que derivado de la imposición de estos “proyectos de muerte”, como se le han denominado, existen 800 conflictos sociambientales en México, principalmente contra 576 proyectos mineros en acuíferos con déficit hídrico.
Dio a conocer que en el último año se registraron 440 ataques a personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente en el país, de los cuales 95 casos se criminalizaron.
Asimismo, alertó que el gobierno federal asignó en el presupuesto de 2019 más de 25 mil millones de pesos a la Secretaría de Energía, que en los hechos servirá para fortalecer las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y continuar con los proyectos de yacimientos no convencionales, que significa la antesala del fracking.
En la actividad minera, el análisis de Fundar enfatizó que durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto creció en un 77 por ciento a finales de 2018, sin que los municipios en donde se llevan a cabo estas actividades se hayan beneficiado.
Documentó que el 92 por ciento de las empresas que realizan exploración de recursos metálicos son extranjeras, principalmente canadienses dedicadas a explotar oro y plata; y señaló como preocupante que el 75 por ciento de las nuevas minas en construcción serán a cielo abierto, técnica altamente contaminante y con severos impactos en el medio ambiente.
En materia de hidrocarburos, el Anuario indagó sobre la riesgosa práctica del fracking, la cual se encuentra prohibida en varias partes del mundo como Francia y Bulgaria, por los graves efectos que provoca en la salud y el medio ambiente.
Además, realizó un recuento de los compromisos asumidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra del fracking, aunque en los hechos se sigue permitiendo.
En cuanto a la Reforma Energética, señaló que no ha dado los resultados esperados, puesto que los ingresos petroleros disminuyeron de 33 por ciento en 2013 a 19 por ciento en 2018, a raíz de un declive del 28 por ciento en la producción petrolera al finalizar el sexenio pasado.
Sobreejercicio de 32 mil mdp en fondos para “mitigar” el impacto del extractivismo
Para “mitigar” el impacto del extractivismo, Fundar dijo que el gobierno peñista creó el Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH) y el Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, que presentan un sobreejercicio de 32 mil 123 millones de pesos.
Los fondos, creados con los recursos que las empresas deben pagar al Estado, deberían destinarse a proyectos de desarrollo que beneficien a las poblaciones afectadas por los proyectos extractivos; no obstante, en el estudio se encontró que se utilizan sin la participación de las comunidades y existe un desaseo en transparentar el uso de los mismos.
En el caso del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, indicó que se destinaron más de 186 millones de pesos a 24 municipios que no son productores de hidrocarburos; y en el caso del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, se desconoce el destino de 3 mil 17 millones de pesos otorgados durante los cuatro años de su ejercicio.
Finalmente, Fundar hizo un llamado urgente para prohibir el fracking en esta próxima legislatura, y retirar el carácter de preferente a la actividad minera.
Frente a este contexto de opacidad y violaciones a las garantías individuales en el que han operado las actividades extractivas, cobijadas por el marco legal minero, determinó que “resulta imperioso revertir este tipo de prácticas, superar el modelo extractivo y avanzar hacia otras alternativas de desarrollo que protejan el medio ambiente y respeten y garanticen los derechos humanos”.