La ex secretaria de Desarrollo Social del país Ana Teresa Aranda Orozco calificó de “gravísimo” que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) librara a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) de ser removidos del cargo, porque dejó en manos de “corruptos” y “vendidos” la organización de los comicios de 2018.
En entrevista, la ex candidata independiente a la gubernatura de Puebla consideró que el fallo dejó mal parados a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF que se encuentran en funciones desde noviembre pasado.
“Yo creo que hasta ahorita no estamos viendo que este nuevo tribunal esté en capacidad de garantizar la equidad de la contienda”, agregó Aranda, quien exigió la defenestración de los funcionarios del IEE por las trabas que le colocaron para lograr el registro como abanderada sin partido e iniciar campaña el año anterior.
No hubo descuido ni ineptitud del instituto: TEPJF
La Sala Superior del TEPJF ratificó la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral (INE) de declarar infundado el procedimiento de remoción solicitado por el PRI, Morena, la ex candidata a la gubernatura del PRD Roxana Luna Porquillo y Ana Teresa Aranda contra de los consejeros electorales de Puebla.
Los inconformes señalaron los 12 reveses jurídicos que el IEE que recibió de la Sala Superior -en su anterior conformación– como prueba del dolo con el que actuó el organismo contra la oposición en los comicios pasados.
Los nuevos magistrados del TEPJF desestimaron los agravios bajo el argumento de que la revocación o modificación de los acuerdos emitidos por el instituto “no actualiza un descuido o ineptitud manifiesta al considerar el contenido de los acuerdos, una diferencia razonable y razonada de interpretaciones jurídicas posibles”.
Asimismo, señalaron que la falta de inclusión de la palabra “gobernadora” en la campaña institucional del IEE para la promoción del voto tampoco implicó “una evidente equivocación de los consejeros electorales ante la inexistencia de una norma expresa que ordenara a tales funcionarios la utilización del lenguaje incluyente”.