Un manejo irregular de 593 millones de pesos identificaron los voceros de la coalición “Juntos Haremos Historia” en la construcción del teleférico de Puebla capital durante el gobierno estatal del PAN que encabezó Rafael Moreno Valle Rosas, el cual incumplió la obligación de concursar el proyecto a través de una licitación pública, otorgó pagos por anticipado a una empresa que abandonó los trabajos y adjudicó el contrato final a una segunda firma con un sobreprecio de 443 por ciento.
Con los contratos en manos y un estudio que elaboró la Secretaría de la Contraloría del estado para corregir todas las inconsistencias cometidas, Carlos Figueroa Ibarra y David Méndez Márquez afirmaron que la candidata del PAN al Poder Ejecutivo local, Martha Érika Alonso Hidalgo, busca suceder a su esposo Rafael Moreno Valle en el cargo en esta elección para continuar con las mismas prácticas.
El teleférico es una de las obras morenovallistas más polémicas de esa administración (2011-2017), debido a que el entonces mandatario local ordenó la construcción de esa atracción turística en la zona de monumentos del Centro Histórico de Puebla sin tener la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y derribó una casona del siglo XVII para darle paso, expuso Figueroa.
Tras confirmarse en tribunales la irregularidad cometida por el gobierno estatal, continuó el vocero, Rafael Moreno Valle no desistió de la obra, sino que cambió el trazo del recorrido elevando su precio de 123 mil 800 pesos por metro lineal, definido en el teleférico original, a 548 mil 700 pesos, sin que exista justificación para ese encarecimiento.
Empresa suiza recibió dos contratos por 234 mdp, señalan
Carlos Figueroa y David Méndez presentaron dos contratos que firmó en 2012 la Secretaría de Transporte, encabezada en ese entonces por Bernardo Huerta Couttolenc, con la firma suiza Bartholet Maschinenbau AG, los cuales mantuvo ocultos la administración estatal durante seis años.
Explicaron que una “garganta profunda” filtró al equipo de campaña de Miguel Barbosa Huerta, candidato al gobierno de “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), los documentos, en los cuales se acordó que el primer teleférico tendría un longitud de 1 mil 890 metros y un costo de 234 millones de pesos.
Bartholet Maschinenbau AG instalaría la primera torre en la zona de Los Fuertes y la última a un costado del Centro de Convenciones, en la Casa del Torno, edificio del siglo XVII ubicado en el Barrio del Artista, detallaron.
“El proyecto tuvo de origen una problemática en su adjudicación: los contratos no reúnen requisitos establecidos por la ley para ser adjudicados, no hay forma de justificar la adjudicación por vía directa, tampoco se tuvo autorización formal y expresa del INAH.
“No hubo proyectos ejecutivos con todos los estudios técnicos que avalaran su realización y la Secretaría de Finanzas y Administración pagó 50 por ciento de los trabajos mediante la modalidad de gastos a comprobar. Esto quiere decir que no estaban comprobados los trabajos y ya había pagos realizados”, abundó Méndez.
Segunda empresa ejecuta el proyecto por 359 mdp, precisan
Carlos Figueroa detalló que en agosto de 2014 el gobierno de Puebla cambió el trazo del teleférico de la zona de Los Fuertes a un costado del mausoleo de Ignacio Zaragoza, adjudicando de manera directa la obra a la empresa Cems Constructora, sin detallar si Bartholet Maschinenbau AG regresó los anticipados que le entregó la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) o si se los quedó y además cobró una penalización por la cancelación del contrato.
En el proyecto final se redujo la longitud de 1 mil 890 metros a 665 metros, pero el costo se elevó de 234 millones de pesos a 359 millones de pesos.
Carlos Figueroa señaló que el caso amerita una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que del costo total de la obra, 287 millones de pesos se pagaron con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
“Nosotros tenemos los contratos desaparecidos, un estudio de la Secretaría de la Contraloría en el que se comprueban los pagos por parte del gobierno del estado a Bartholet Maschinenbau AG. Se deben investigar los registros contables de esa empresa y de Cems Constructora, para saber cuál fue la ruta que siguió el dinero público entregado a esas firmas”, manifestó.
