Suspende Tribunal Colegiado instalación de gasoducto en San Pablito Pahuatlán

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito concedió la suspensión temporal de la instalación del Gasoducto Tuxpan-Tula dentro de la zona geográfica del pueblo otomí de San Pablito Pahuatlán, por afectar al medio ambiente y en general la vida comunitaria.

Así lo dieron a conocer este martes, integrantes del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, entre ellos Salvador Aparicio, Lorenzo Vargas, Oliveria Montes y Rogelio Marroquín, quienes estuvieron acompañados del activista Gerardo Pérez Muñoz, la ecologista Zvezda Ninel Castillo y los abogados Raymundo Espinosa y Gerardo López Ramírez.

Explicaron que el resolutivo significa que la empresa TransCanada ni la constructora Bonatti podrán instalar la tubería que transportará el gas natural desde el sur de Texas, en Estados Unidos, a una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en Tula, Hidalgo.


Además, el Consejo Regional informó que el Segundo Tribunal también frenó que la Secretaría de Energía (Sener) continúe con la consulta previa a la comunidad sobre la ejecución del proyecto.

En rueda de prensa, en la ciudad de Puebla, los pobladores dijeron que el procedimiento de amparo continúa y que será a más tardar en enero del próximo año, cuando se resuelva la suspensión definitiva de los actos reclamados.

En junio pasado, por los considerables daños que ha generado la construcción del Gasoducto Tuxpan-Tula, pobladores de la comunidad El Coyolito, en el municipio de Francisco Z. Mena, detuvieron la construcción de la obra que pasa por los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, y que forma parte del Plan Quinquenal de Gas Natural 2015-2019 de la Secretaría de Energía.

Los lugareños señalaron directamente a la empresa italiana Bonatti SPA de ser la responsable de afectar sus caminos, sus terrenos y modificar su estilo de vida.

Tras iniciar la batalla legal contra el proyecto, integrantes del Consejo informaron que, el pasado  21 de noviembre, se concedió la medida cautelar a favor del pueblo de San Pablito Pahuatlán.

Esto tras resolver el recurso de queja interpuesto por los demandantes en contra de la resolución del Juez Tercero de Distrito que en principio le había negado a la comunidad la suspensión provisional del proyecto del gasoducto.

“Los pueblos originarios de la Sierra Norte del estado ya no estamos dispuestos a seguir siendo los condenados de la tierra, ni a seguir siendo objetos de estudio de seudocientíficos y mucho menos piezas de museo”, reclamaron.

Por lo que exigieron respeto a su derecho a la autodeterminación, al territorio, las riquezas naturales y culturales, como la lengua, medicina tradicional, música, danzas, sitios sagrados y ceremoniales, además de sus usos y costumbres.

Expusieron que los pueblos otomí, nahua y totonaco han habitado y ocupado desde hace cientos de años los territorios ubicados en los municipios de Tenango de Doria, Honey, Pahuatlán de Valle y Tlacuilotepec, en los estados de Hidalgo y Puebla.

Sin embargo, refirieron que las condiciones de vulnerabilidad en la Sierra Otomí-Tepehua y la Sierra Norte de Puebla son históricas y están marcadas por el despojo, la pobreza, miseria y marginación social.

Dijeron que a esto se ha sumado, en los últimos años, la escasez de agua y la deforestación, los derrumbes, deslaves e incendios de los cerros, la precariedad de los caminos, vías de comunicación y medios de transporte, así como la falta de empleo, el rezago educativo, salud, vivienda precaria y la migración.

Les llamó la atención que esto ocurre a pesar que en el territorio existe una gran biodiversidad que ha sido cuidada y resguardada por cuatros pueblos originarios, más la población mestiza pobre.

A lo largo de 2016, señalaron que se enteraron que la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de Transcanada, había ganado la licitación del Proyecto “Gasoducto Tuxpan-Tula”.

Por tal razón, comentaron que los pueblos de la región decidieron organizarse en comités locales para mantenerse informados, a través de reuniones vecinales y con habitantes de otras comunidades.

Informaron que los Consejos fueron asumiendo una participación más intensa en las actividades informativas, hasta verse en la necesidad de conformar el actual Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo.

Expusieron que las comunidades organizadas promovieron denuncias ante los tribunales federales de Pachuca y Cholula en septiembre pasado.

Dichas demandas fueron presentadas por el Consejo Indígena Otomí-Tepehua y de la Sierra Norte de Puebla, el Consejo Supremo Hñähñü de San Nicolás, el Consejo Autónomo Anciano Indígena del Municipio de Honey, el Consejo de Ancianos de la Comunidad Indígena Otomí “Ñañuhu” de San Pablito, el Consejo Intercomunitario Indígena Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla y el Consejo Indígena de Ancianos del Pueblo Totonaco y sus Comunidades.

Los comunitarios recordaron que además de los problemas ecológicos causados por la construcción del Gasoducto Tuxpan-Tula, se suman las afectaciones que tienen los terrenos por el paso de pipas que todos los días transportan hidrocarburo, proveniente de los campos petroleros existentes en la zona petrolera conocida como Paleocanal de Chicontepec.

De acuerdo con el proyecto de la CFE, el ducto Tuxpan-Tula tendría 263 kilómetros de extensión desde la ciudad de Tuxpan, en Veracruz, hasta la ciudad de Tula en el estado de Hidalgo, pasando gran parte por Puebla.

La línea transportaría gas natural desde Estados Unidos, a través del próximo ducto South Texas-Tuxpan, para abastecer de energéticos a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde empalmaría con la red nacional de gasoductos mexicana.