En menos de medio año la administración de Rafael Moreno Valle ha encarcelado a 37 pobladores por criticar las deficiencias a su gobierno o participar en protestas y movimientos, que, de acuerdo con los delitos imputados, significa que el Poder Ejecutivo ha pedido diversas penas que, en conjunto, representan mil 110 años de cárcel para sus opositores, según los que consta en procesos penales y averiguaciones previas del Ministerio Público.
En la lista de los detenidos se encuentran amas de casa, campesinos, ejidatarios, mototaxistas, alcaldes de juntas auxiliares, comisariados ejidales, defensores de derechos humanos, luchadores sociales, opositores al gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM) y pobladores que rechazaron el sistema de transporte público metrobús.
La mayoría de los presuntos inculpados se encuentran recluidos en los penales regionales de Atlixco, San Pedro Cholula y “San Miguel”, este último ubicado en la capital poblana.
Sin embargo, según el proceso penal número 319/2014, podría haber de 350 a mil 200 órdenes de aprehensión más, solo para el caso de la reyerta entre pobladores de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan y la Policía Estatal, que derivó en la muerte del niño de 13 años de edad José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Los abogados defensores Raúl Rodríguez de la Fuente y Vladimir Luna Porquillo explicaron que esto se debe a que los Policías Estatales declararon ante el agente del Ministerio Público que fueron agredidos por 350 vecinos, pero en la manifestación participaron mil 200 personas.
Rodríguez de la Fuente confirmó que, en promedio, cada uno de los cuatro pobladores de Chalchihuapan alcanzaba hasta medio siglo en prisión.
De manera global, dijo que los 37 detenidos, a quienes se les “fabricaron” hasta siete delitos, podrían alcanzar penas que van desde los 20 hasta los 60 años de cárcel.
Los casos más emblemáticos son los de los luchadores sociales y defensores de los derechos de las comunidades del volcán Popocatépetl y la Sierra Nevada, Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.
De acuerdo con el proceso 121/2014, la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, fue detenida el 6 de abril sin una orden de aprehensión por parte del juez, al término de una asamblea ejidal en San José Teruel, municipio de Tepeojuma.
A la sexagenaria, recluida en el penal de Atlixco, se la acusó de robo agravado, por dos celulares a funcionarios del gobierno del estado durante una reunión, y por oposición a que se ejecute una obra pública.
Según los expedientes 127/2012 y 121/2014, el 7 de abril, alrededor del mediodía, fue detenido Juan Carlos Flores Solís, minutos después de haber presentado una queja por violaciones a las garantías de Enedina Rosas, en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El gobierno acusó a Flores Solís, internado en el penal de San Pedro Cholula, de incurrir en los delitos de motín, robo agravado, extorsión y daño en obra hidráulica, que en total suman 32 años en prisión.
Juan Carlos Flores y Enedina Rosas comparten el proceso penal número 121/2014, donde se les acusa del robo de dos celulares. No existe evidencia en su contra más que la declaración del teniente coronel José Ventura Rodríguez Verdín, director de Análisis Político de la Secretaría General de Gobierno del estado, quien hace años fue la misma persona que encarceló al luchador social y líder comerciante Rubén Sarabia “Simitrio”.
Un día después, el 8 de abril, fue detenido y encarcelado Abraham Cordero Calderón, en el penal de Atlixco.
Cordero Calderón es juez de paz de la comunidad de San Francisco Tepeyecac, fundador de la Policía comunitaria de este lugar, y dirigente del Frente Campesino y Ejidatario de San Martín Texmelucan y la Sierra Nevada, que se opuso a la construcción del proyecto carretero del Arco Poniente.
En el proceso penal número 55/2014 culpa a Abraham Cordero de los delitos contra funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad.
Por otro lado, con el número de proceso 409/2014, se detuvo a 12 los mototaxistas de las comunidades de San Francisco Ocotlán, Xoxtla y Santa María Coronango, que cerraron la autopista México–Puebla la noche del 17 de junio, para exigir la devolución de sus unidades.
A conductores y propietarios de unidades se les acusó de daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos y motín.
Entre los inculpados también estuvo la ex presidente de la junta auxiliar de San Martín Zoquiapan, Casilda Dávalos Pajarito, junto a Rafael Tula Guzmán, vecino de la misma comunidad perteneciente al municipio de Coronango, por supuestamente participar en la quema de una patrulla del estado.
La lista de detenidos es larga. Están los ocho vecinos de Cacalotepec recluidos por señalar las deficiencias del sistema transporte público del metrobús; los cinco pobladores de Tehuacán y el encarcelamiento del edil de Magdalena Cuayucatepec, Manuel Morales Guillermo, quienes exigieron la devolución del registro civil.
Además de la reclusión del fundador de colonias populares y luchador social, Delfino Melga Flores, quien a sus 90 años de edad murió al interior del penal de “San Miguel”, en la ciudad de Puebla, acusado del delito de despojo.
Contra Flores Melga se instruyeron tres procesos penales, el 298/2012 en el Juzgado Primero de lo Penal, el 96/2012 ante el Sexto Juzgado de lo Penal y el 355/2012 ante el Juzgado Noveno Penal, todos por cargos de despojo.