El coordinador de los regidores priistas de Puebla, Iván Galindo Castillejos, presentó al Congreso del estado una solicitud por escrito para que se reforme la Ley Orgánica Municipal, con el fin de que los diputados regresen a las juntas auxiliares la facultad de brindar los servicios de registro civil y seguridad pública.
El representante popular argumentó que el retiro de esas atribuciones en diciembre del año pasado originó el descontento social en esas poblaciones, las cuales fueron reprimidas con operativos de la Policía Estatal en Tehuacán y Santa Clara Ocoyucan este mes.
En el oficio que entregó ayer al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el priista Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Galindo explicó que los diputados de la anterior Legislatura no tomaron en cuenta que al retirar los servicios de registro civil y seguridad pública atentaron contra los usos y costumbres de los pueblos.
Las juntas auxiliares, se lee más adelante en el documento, lo sintieron como un ataque a su dignidad al quitarles una facultad que obtuvieron desde principios del siglo pasado.
Además, acusó que el Congreso provocó una “parálisis” en el servicio del registro civil, obligando a los ciudadanos a realizar traslados desde los puntos más alejados de los municipios hasta la cabecera municipal.
“Esto fue lo que generó las protestas de muchos pobladores a lo largo y ancho del estado, inconformidad que fue creciendo hasta llegar a los acontecimientos ocurridos el 9 de julio en el puente de la autopista Puebla–Atlixco, en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan (…) donde la represión del Estado condujo al encarcelamiento de varios miembros de la comunidad y a la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo”, enfatizó el regidor en el escrito.
En entrevista, Galindo acusó que los problemas sociales que originó la reforma de diciembre son producto de un trabajo legislativo “de escritorio” y el desconocimiento de la realidad en Puebla.
El priista propuso la reforma al capítulo XXVII de la Ley Orgánica Municipal para restituir las facultades del registro civil a las juntas auxiliares, así como la creación de un reglamento sobre la prestación y los costos de dicho servicio.
“No se trata de volver al pasado, en el que hubo excesos en las tarifas que aplicaron las autoridades auxiliares, sino de regular el cobro del servicio y respetar los usos y costumbres de los pueblos”, aclaró.