¿Síntomas o enfermedad?

No se puede enfrentar un dilema político desde la economía, hay que encontrar los argumentos políticos.

Petros Márkaris

 


Desde las últimas décadas del siglo pasado, probablemente con el desgaste del presidencialismo y el agotamiento del régimen monopartidista del PRI, se han venido sucediendo hechos que violentan y desgarran el tejido social del país.

Uno de los acontecimientos más emblemáticos de ese proceso es, sin duda, el movimiento estudiantil que hoy conmemora su 46 aniversario. El 2 de octubre simboliza el desencuentro brutal del autoritarismo gubernamental con las ansias libertarias de amplios sectores de la sociedad. Eso explica las enormes simpatías y gestos solidarios que arroparon a los estudiantes en lucha.

También explica el surgimiento de grupos armados para enfrentar la cerrazón y la represión gubernamentales.

Frente a la inconformidad social y el desprestigio internacional, el régimen priista optó por la represión selectiva y el férreo control de los medios para desvirtuar y acallar las acciones de los sublevados y, al mismo tiempo, ofrecer mayores espacios para la participación política. Empezando por la llamada “apertura democrática” de Luis Echeverría, que no rebasó los márgenes de la demagogia presidencialista.

Con López Portillo y encabezada por Jesús Reyes Heroles, devino la primera reforma electoral y el registro de nuevos partidos –el de los comunistas (QPD) incluido pero garantizando la hegemonía del tricolor. A partir de entonces se inicia la llevada y traída “transición democrática” que para unos terminó con el triunfo de Vicente Fox y para otros sigue inconclusa.

Lo cierto es que la alternancia partidista no ha significado cambios de fondo en las relaciones de poder; ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. Peor aún, para efectos prácticos, hablando de la mayoría de la población, la percepción es que las cosas han empeorado.

Tal percepción es avalada por el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ubica a México en la posición 71 entre los 187 países incluidos en el informe. Posición que, como en (casi) todos los temas económicos y sociales, ha ido a la baja en los últimos 20 años, de acuerdo con los datos publicados por diversos organismos internacionales.

Por supuesto que no se puede culpar a “la democracia” de la crisis crónica del país, pero sí a los partidos y organismos empresariales que, tanto a nivel local como federal, han sido incapaces de lograr acuerdos políticos serios e implementar políticas tendientes a mejorar los niveles de empleo, ingreso, seguridad y bienestar.

A lo largo de estos años de “transición” se ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres, haciendo de México uno de los países con mayor desigualdad; entre devaluaciones e inflación, ha empeorado el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos; se han cometido innumerables asesinatos políticos y la violencia criminal se ha apoderado de ciudades y regiones enteras, frente a la complicidad o impotencia de todos los niveles de autoridad; la corrupción y la impunidad se han convertido en el sello de la casa; la identidad y la soberanía nacional han sido puestas en riesgo de extinción por los propios encargados de protegerlas, solo por mencionar algunas de las lacras que estrujan a la república.

Es por ello que, a pesar del descomunal derroche publicitario, las “reformas estructurales” de Peña Nieto son recibidas con apatía, desconfianza y rechazo. Mientras la aplanadora mediática promete las perlas de la virgen, la realidad camina por la acera de enfrente y en sentido contrario.

Con frecuencia alarmante los mexicanos enfrentan rachas de malas noticias a cual más oprobiosa y desalentadora. En estas semanas los medios noticiosos han dado cuenta de la muerte de un niño víctima de la violencia policiaca, alentada y armada por el gobernador Moreno Valle, en Chalchihuapan, Puebla.

El poder corruptor del narcotráfico mostró su músculo a través de La Tuta, uno de sus capos, poniendo en evidencia a funcionarios y periodistas atrapados en sus redes.

Se denunció que los 22 muertos en Tlatlaya, estado de México, supuestamente caídos en un enfrentamiento con el ejército el pasado 30 de junio, en realidad fueron asesinados a mansalva por la tropa. La PGR ya ha consignado a tres militares, pero es exigible una investigación completa y a fondo de la matanza.

En Iguala, Guerrero, la Policía agredió a balazos a estudiantes normalistas de Ayotzinapa con un saldo oficial de seis muertos, 17 heridos y 57 “desaparecidos”. Y ya entrados en calor, en otro hecho, los policías abrieron fuego contra un autobús en el que viajaba un equipo de futbol, muriendo uno de los jugadores, de 15 años, y el chofer del autobús, mandando al hospital a 14 heridos.

Esta violencia oficial sumada a la de los delincuentes, en un marco de crisis como el descrito en la parte de arriba, no generan demasiado optimismo que digamos. Ahora bien, todos estos hechos son síntomas de disfuncionalidad de las instituciones del Estado mexicano o nos hablan de una enfermedad crónica de las mismas y cuyo pronóstico es reservado. ¿Usted qué opina?

 

Cheiser: México es el primer consumidor de chile en el mundo y el segundo productor mundial de chile verde. Empero, la mitad del chile verde que se consume en el país proviene de China y el chile seco se importa de la India. Antes se decía que si los campesinos mexicanos sembraban algo cosechaban puro chile, ahora ni eso.