Sin política en materia rural, la gestión de Moreno Valle

Foto Archivo de La Jornada de Oriente

A finales de noviembre del pasado año diversos académicos de la Facultad de Economía realizamos un primer ejercicio ciudadano de valorar la gestión del actual gobernador Rafael Moreno Valle. Hace dos días realizamos la segunda parte de dicho ejercicio académico y en lo personal mi participación se enfocó a valorar la gestión hacia el campo poblano. No fue fácil la tarea porque el campo y la sociedad rural nunca fueron prioridad ni en las definiciones ni en las acciones del actual gobierno estatal. Un análisis de las propuestas y planes de gobierno deja ver que la producción de alimentos por las unidades familiares campesinas no fueron reconocidas como sujetos productivos, centrales para el abasto local de productos básicos y el cuidado del ambiente en sus distintos ámbitos regionales.

Lo anterior significó que la política hacia el campo en materia rural se desdibujara y se concentrara en la entrega de mototractores, que poco significado tienen para las necesidades y características de los productores poblanos.

Si nos atenemos al número de mototractrores reconocidos como entregados por la administración, 5 mil 369 a enero de 2015 y las Unidades de Producción Rural existentes en la entidad que realizan actividades agropecuarias alrededor de 377 mil, sólo 1.4 por ciento de las mismas recibió dicho equipo.


Para lo que sí contaron los campesinos es para aportar tierras como posesionarios o propietarios de tierras para los planes de expansión.

Resulta grave y conflictivo que se considere a la tierra y el agua de los campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios sólo como reservas territoriales para la expansión de actividades empresariales que además del despojo del patrimonio familiar resultan actividades excluyentes para la mayor parte de los campesinos y campesinas de las regiones. Un claro ejemplo lo tenemos ahora en la zona en que se instalará Audi, que no sólo violentó los procedimientos para adquirir tierra ejidal, sino hasta el 5 de septiembre de 2012 se enteraron de la instalación de la armadora, una vez que ya había cerrado el trato a 8.50 el metro cuadrado

Las negociaciones empezaron en mayo y la oferta inicial, que era de 4 pesos con 50 centavos el metro cuadrado –45 mil pesos la hectárea– fue debatida por comuneros llegando a 8 pesos con 50 centavos por metro cuadrado, 85 mil pesos la hectárea. Así, las 115 hectáreas finalmente fueron negociadas en 9 millones 875 mil pesos”(La Jornada de Oriente, 10/09/2012)

Más grave la propuesta y la autorización del Congreso local del 28/10/2015 donde aprobó los convenios de colaboración que el gobierno estatal firmó con cinco municipios de la zona Audi, para que asuma por los próximos 30 años las funciones de los ayuntamientos y la prestación de servicios, quitando a esas representaciones y los habitantes de los mismos intervenir en las decisiones que marcaran el destino de sus territorios.

El Banco Estatal de Tierras se ha constituido en este periodo en la instancia mediadora ( la inmobiliaria) para el mercado de tierras, que busca “convencer” a los campesinos de “ceder” sus tierras y aguas para nuevas inversiones, frente a la amenaza de expropiación y mano dura.

El Banco de Tierras es un Fideicomiso Público, es decir una Entidad de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Finanzas y Administración, creado por Decreto del Ejecutivo del Estado y tiene a su cargo las funciones y atribuciones que expresamente le confieren su decreto de creación, su Contrato Constitutivo, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado y demás disposiciones aplicables.

En su artículo 6 establece que el Fideicomiso tiene como objeto la realización de una actividad estratégica, consistente en generar un portafolio de reservas territoriales en el Estado de Puebla, para impulsar el desarrollo urbano sustentable de todo tipo de proyectos inmobiliarios mediante la adquisición y/o gestión de áreas de suelo o predios de los centros de población para destinarlos al crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento de los mismos centros de población. (Reglamento interior del fideicomiso, 14/09/2011)

Otro aspecto representativo de lo anterior y que marcó el inicio de la gestión fue el de las ciudades rurales, como proyecto para despoblar los territorios bajo el argumento de la imposibilidad del gobierno de dotar de servicios a las comunidades rurales dispersas en el territorio estatal y por ello la necesaria concentración poblacional en nuevas ciudades rurales. Justamente la propuesta inicial fue en la Sierra Norte de Puebla, donde las comunidades organizadas lograron detener ese tipo de proyectos y defender su territorio y formas de vida. A partir de 2012 se visibilizó el interés de grandes empresas para explorar y explotar minerales metálicos, construir hidroeléctricas y extraer mediante fracking diversos combustibles. Lo anterior permitió conocer que casi 9 por ciento del territorio estatal ha sido concesionado para la extracción de minerales.

De suma importancia también la imposición del Proyecto Integral Morelos, que desde Tlaxcala, Puebla y Morelos, afecta a buen número de comunidades rurales que siguen resistiendo y cuyo objeto es “desarrollar” una amplia zona rural propiciando la urbanización e industrialización en una franja de alto riesgo volcánico, que debía preservarse como rural. La negativa de “ceder” la tierra ha significado la cárcel para ejidatarios y luchadores sociales, como es el caso de doña Enedina Rosas Velez y Juan Carlos Flores. O el caso de Abraham Cordero Calderón, dirigente del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, organización que se opone a la construcción del libramiento Arco Poniente, que atravesará la Sierra Nevada afectando a 7 mil hectáreas fértiles de cultivo.

 

Se desintegra Desarrollo Rural

 

Otro aspecto que marcó la gestión de Rafael Moreno Valle hacia el campo fue la integración de la Secretaría de Desarrollo Rural con la de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial constituyéndose la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, según decreto del Congreso del estado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y Publicada en el Periódico Oficial del 31 de diciembre de 2012. No sólo fue el proceso de integración, que en la práctica derivó en lo contrario, sino la constante rotación de personal, comenzando por el titular de dicha dependencia.

Los resultados disponibles de Evaluaciones de resultados del Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura componentes en concurrencia de recursos 2013; del Programa desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural, en sus componentes desarrollo de capacidades y extensionismo rural y apoyo para la integración de proyectos; del Programa de prevención y manejo de riesgos componente sanidades 2013 y del Programa de sustentabilidad de los recursos naturales componente Coussa 2013, sean insatisfactorias.

En el primer caso se menciona que “debido a la forma en que operó el programa; sin definición de población objetivo y a libre demanda, es muy probable que la población beneficiaria no fuera la más adecuada para cumplir con los objetivos del Programa. Esperaríamos que el programa sea más efectivo, en términos de sus objetivos, si los apoyos del Programa se entregan a las UP sobre las que se conocen sus potenciales productivos, organizativos y de comercialización para las cuales el activo del PAIEI es el elemento restrictivo para detonar su potencial”.

Se estima que se atendió menos de 1 por ciento del total de UP existentes en el estado, con un presupuesto total de 142.7 millones de pesos, de los cuales 81 por ciento se destinó al Componente Agrícola, 12 por ciento al Pecuario y 7 por ciento al Acuícola.

Como resultado indirecto y como producto de la situación de inestabilidad de un ciclo a otro en los precios de los principales productos cíclicos y perennes, –maíz y café principalmente– las UP recibieron menores ingresos en 2013; la Tasa promedio de variación del ingreso promedio neto agrícola de –5.76 por ciento entre 2010 y 2013.

La Evaluación Estatal de Resultados 2013 del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales (PRSN), Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Coussa), busca contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el pago de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y beneficio futuro en favor de las nuevas generaciones de productores rurales.

Los principales resultados de los apoyos proporcionados por el Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua en el estado de Puebla fueron: A nivel de entregables, se estimaron los indicadores capacidad de captación de agua y de superficie incorporada al aprovechamiento sustentable. En el primero se obtuvo que con el total de las obras construidas, la capacidad de captación de agua promedio en el estado para el año 2011 fue de 84 mil 194 m3, que corresponde a un incremento de la capacidad de captación estatal de 0.016 por ciento con respecto a la existente.

Por otro lado, en lo que refiere a la superficie incorporada al aprovechamiento sustentable, se encontró que no se incorporaron superficies al aprovechamiento en las actividades agropecuarias.