Después de tres años en prisión, Simitrio encabeza marcha de la UPVA en Puebla

Después de tres años en prisión, el líder principal de la UPVA “28 de Octubre“, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio encabezó la marcha de este jueves, con seis demandas centrales, entre ellas justicia por el asesinato de Meztli Sarabia y contra la Ley de Seguridad Interior.

En la movilización pacífica además estuvo acompañado del investigador de la UNAM, Andrés Barreda, quien celebró la libertad de Simitrio y de su hijo Xihuel Sarabia.

Como ocurría antes de la represión durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, cientos de comerciantes agremiados a la UPVA “28 de Octubre” marcharon del mercado Hidalgo al zócalo de la ciudad de Puebla, donde efectuaron un mitin frente al Palacio Municipal.


Ahí se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior porque “no solo legaliza la presencia de las fuerzas armadas en todo el país, sino que  fundamentalmente oficializa la guerra y la represión contra el pueblo que en servicio de los imperialistas el estado burgués terrateniente esta realizando contra el pueblo para que no no proteste, no resista, no luche y mucho menos se levante en revolución”.

Lo anterior reclamaron refuerza, profundiza, extienden, intensifica y agudiza su dominación y saqueo sobre el pueblo y las riquezas del territorio nacional -el territorio mismo-, los mares y los aires, el patrimonio histórico cultural, económico y social, y las que produce con su trabajo diario que súper explotan.

“Saquean los recursos naturales, contaminan y destruyen los ecosistemas contribuyendo a aumentar el calentamiento global, valiéndoles gorro la sociedad humana, la naturaleza y la vida misma en el planeta”, sostuvieron.

En ese sentido, dijeron que algunas expresiones de tal guerra son los feminicidios, los asesinatos de periodistas y de los dirigentes y activistas sociales, políticos y defensores de los derechos humanos, la ecología, los derechos de la mujer y de las minorías sociales; los ataques en masa a las poblaciones indígenas y campesinas, como Arantepehua, las ejecuciones como en Tlatlaya, la desaparición forzada, como los 43 de Ayotzinapa, los desplazamientos de miles de personas, y un largo etcétera incluyendo la ejecución de representantes sociales para despojar de tierras y bienes.

Eso y no la supuesta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada -señalaron- es lo que realmente se legaliza con la ley de seguridad interior.

Es más, agregaron, en la guerra contra el pueblo además de las fuerzas armadas oficiales y las policías, el estado también usa a grupos de paramilitares, grupos armados de la delincuencia organizada, sicarios, delincuentes comunes y pandilleros.

Simitrio expuso que esto es fascismo, la violencia extrema y el terror desaforado contra el pueblo, la prevalencia de la tortura, la violación de los derechos humanos, la desaparición forzada, la ejecución extraordinaria, el desplazamiento de comunidades y poblaciones enteras.

Pero también indicó la decisión militar sobre la Constitución y las leyes derivadas, y sobre las autoridades civiles impuestas por la clase dominante con su supuesta democracia electoral, la imposición del estado de excepción en regiones del territorio e incluso todo el territorio nacional, incluso legaliza la posibilidad de un golpe de estado militar.