El retorno del neoporfirismo con sus viejas formas de gobernar a través de la perversión en la creación y aplicación de la ley, así como del manejo de las instituciones represivas, da por resultado lo que hoy tenemos: un gobierno erigido en capataz, al mando de un estado transformado en gendarme o guardia blanca; puestos al servicio de los dueños del dinero y encargados de mantener el estatus de sojuzgamiento sobre la mayoría social que trabaja para generar la riqueza social de la que, mediante artilugios “legales”, se apropian aquellos; y nutre la vena económica de los hombres del estado que imponen tal artificio, por vía del moche. El tiempo –que sirve para medir la duración del sojuzgamiento– tiene distinto significado para el opresor que para el oprimido, por la circunstancia social que cada uno vive.
En este contexto ¿cuál es el tiempo de los derechos humanos de las personas? El de su violación no tendría razón para existir. El respeto hacia la condición del otro, haría desaparecer el concepto mismo. La estratificación social y la ubicación económica de las personas están marcando todas las diferencias entre los seres humanos. Los dueños del capital, y aquellos que se benefician con la acción del estado, por lo general, nunca se quejan de violación a sus derechos humanos. Solo los críticos de la concentración salvaje y los modos de apropiación despojantes de la riqueza social producida por la población trabajadora, enfrentan esa violación por parte de los hombres y mujeres que encarnan al estado. El proyecto gubernamental de convertir a Puebla en un polo turístico y de negocios es evocador de los contrastes del siglo XIX entre las grandes y hermosas haciendas y la brutal miseria de la calpanería. El ornato citadino para negocio de unos cuantos. El grueso de los poblanos paga, no sólo con sus impuestos sino con la libertad perdida por sus conciudadanos, el precio de que el estado y su ciudad capital puedan ser visitados por turistas y hombres del dinero.
¿Cuál es el tiempo para su protección? Esta cuestión está marcada por el hecho de que tanto las autoridades que violan, como las que presuntamente están encargadas de protegerlos, forman parte del estado. De modo que, jurídicamente, tendríamos que afirmar que el tiempo para la protección de los derechos humanos de las personas es: el que marca la ley. O sea, la voluntad del estado. En el caso de Simitrio está por resolverse el juicio de amparo número 22/2015 que se tramita ante el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal. La audiencia constitucional se celebró desde el pasado 28 de julio. La Ley de Amparo, en su artículo 124 relativo a esta clase de amparo, indirecto, establece que una vez celebrada dicha audiencia “…acto continuo se dictará el fallo que corresponda”. Eso dirá la ley pero, lo cierto es que, hasta la fecha esa sentencia no se ha dictado y en el juzgado nos aseguran que aún tardará en salir.
Mientras ha durado la espera ocurrió un hecho singular. El pasado 11 de agosto, mediante comunicado oficial, la Procuraduría General de Justicia del Estado decidió dar por terminado un asunto que, calando hondo en el ánimo de la sociedad poblana, todavía no ha sido discutido como cosa pública en ningún lado: “Negamos categóricamente que en Puebla existan presos políticos…descartando absolutamente que la entidad ocupe el primer lugar nacional en ese aspecto.” (“El Correo”, La Jornada de Oriente). Con índice flamígero señala: “En concreto, me refiero a Rubén Sarabia Sánchez alias Simitrio (y siete personas más)”.
Las organizaciones sociales a las que pertenecen, o los familiares de los presos, nunca han vacilado en darles el calificativo que la Procuraduría les niega. La caracterización que se ha hecho del preso político y de conciencia en organismos internacionales parecería no ajustarse del todo a la realidad poblana; y, sin embargo, bajo distintos mecanismos de estado, la gente que por alguna razón se ha conflictuado con algún proyecto gubernamental –marcadamente en la actual administración– ha recibido como puntual respuesta la cárcel. La UPVA 28 de Octubre, siguiendo su tradición identitaria, ha hecho de la movilización social en las calles uno de sus instrumentos de lucha contra lo que considera una arbitrariedad: la prisión de Simitrio; y ahora de su hijo Rubén y Fernando Alonso.
En un acto poco común –confieso no recordar algún otro semejante– el 17 de agosto, la dirigencia de la organización respondió al comunicado de la Procuraduría ¡con una invitación! Cito literal: “La disposición que dicen tener para mostrar los expedientes –cuidan de no decir frente a quién– debería alcanzar para que expliquen su contenido sin ambages. Sugerimos, por ello, que los asuntos mencionados se abran al debate público; sería una buena enseñanza social donde mucho podrán decir la academia, los juristas y ustedes sobre el papel y uso de las leyes como instrumento de gobierno. En el caso de Simitrio ponemos como temas a debate: a) ¿Quién, y cómo, puede revocar actos de gobernador? b) ¿Qué legislación aplica en un proceso penal de 1989? c) ¿Qué responsabilidad administrativa, penal y política adquiere un gobernador que incumple con su obligación de liberar al sentenciado que tiene a su disposición? d) ¿Hubo debido proceso en su encarcelación? e) ¿Cuál es la base jurídica para acusarlo de narcomenudeo? f) ¿La finalidad de todo es la destrucción de la 28 de Octubre y el despojo del Mercado Hidalgo?” Lo que ocurra de aquí en adelante mostrará a los poblanos si la 28 de Octubre tiene, o no, razón para movilizarse y autoridad moral para enfrentar un atropello convertido en forma de gobierno.