Simitrio: el derecho al revés / XIII

Un estilo muy personal de gobernar está dando sus frutos. La eficiencia que muestra la “procuración de justicia” para perseguir y encarcelar disidentes a las decisiones políticas gubernamentales, no encuentra correspondencia lógica con las cifras oficiales nacionales que marcan a Puebla como uno de los estados con mayor índice de personas desaparecidas, y a la alza en el número de delitos de secuestro. El contraste cobra relevancia porque exhibe prioridades políticas en el manejo del estado y en las formas de conducción social que están modelando la realidad social que cotidianamente vivimos. Si pudiéramos abstraer la causa o motivo que subyace en cada uno de los conflictos sociales suscitados entre el gobierno poblano y los distintos grupos sociales de donde surge el gran número de personas que, ahora mismo, están en la cárcel en calidad de presos políticos, podríamos encontrar que en casi todos ellos está presente un interés gubernamental de naturaleza económica y la oposición de los afectados por el mismo. Este choque de intereses ha hecho emerger todos los conflictos sociales que hoy están presentes: defraudados, transportistas, ambulantes, empresarios, campesinos, juntas auxiliares, patrimonio cultural, mototaxistas, gasoducto, etcétera.

Por ello es necesario preguntar: ¿qué hay detrás de la tozuda persecución a la 28 de Octubre y su dirigencia? ¿Algún gasoducto, mina, plaza comercial, cis, puente, segundo piso, metrobús, “corredor cultural” o algún otro negocito que se piense implementar en el mercado Hidalgo? Harían bien en explicarlo públicamente pues, de ser así, el destino de miles de vendedores y sus familias pende de un hilo en manos del gobierno.

Han pasado más de seis meses desde la aprehensión de Simitrio sin que, siguiendo los procedimientos legales de amparo ante los jueces de distrito, se vislumbre aún la posibilidad de que se haga el examen constitucional que determine si existió violación de sus derechos humanos. No se respetaron. Obtener la protección de tales derechos tardará un poco más. Para este hombre, encerrado, la prisión preventiva y las enfermedades que le acarrea constituyen ya una pena efectiva sin juicio previo. Saberse preso por un inmoral manotazo político, con la sinrazón jurídica como coartada y desconociendo los propósitos ocultos de tales actos, pesa mucho en el ánimo. Hasta las enfermedades, que no dejan de acosarlo, parecen también enviadas por el gobierno.


En estos días ha salido una declaración oficial: “La CDH Puebla ha dado permanente atención a los casos de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre), tanto en sus marchas, a partir del 28 de octubre de 2014, como en los expedientes de queja que se han iniciado en contra de sus líderes y en las mesas de diálogo que sostenían con la Secretaría General de Gobierno.”

Sinceramente no los habíamos visto sino hasta el pasado 19 de junio que nos reunimos con su primer visitador, por intervención de la CNDH. No ponemos en duda su “permanente atención” hacia estos casos; solo decimos que semeja mucho a la que se presta a un espectáculo. En efecto, concurren a las ¿mesas de diálogo?, quizá se refieran a los monólogos que hemos sostenido en la Secretaría General de Gobierno, donde actúan como convidados de palo. Una sola palabra no ha salido de boca de sus enviados. ¿Por qué no acudimos antes a la CDH? Las opacas historias que han configurado su vida institucional a causa del vilipendio que le prodigan los gobernantes, terminaron por hacer de este organismo un ente burocrático poco o nada confiable. El desprecio hacia los derechos de sus propios trabajadores, terminó de labrar su verdadera imagen. Es un organismo que carece de la estatura cívica necesaria para emitir una recomendación seria. Nada más por eso.

En la búsqueda de justicia, menester ha sido recurrir a los jueces federales. Planteamos tres juicios de amparo, según surgieron las arbitrariedades del poder ejecutivo y judicial local. Tengamos presente que dos dependencias del Ejecutivo –Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General de Justicia– con su acción, arrastran la actividad del judicial. El primero, contra la resolución de 18 de diciembre pasado dictada por la Juez Quinto Penal, es el número 1998/2014 del Juzgado Séptimo; el segundo, contra la resolución de 09 de enero anterior, dictada por la Juez de Ejecución de Sanciones, es el 63/2015 del Juzgado Segundo; y el tercero, contra el auto de formal prisión de 23 de enero 2015, dictada por el Juez Penal de Cholula, es el 198/2015 del Juzgado Tercero de Distrito.

¿Cómo actúan los jueces de distrito en casos, como este, donde se debate la libertad de un hombre preso por cuestiones políticas? ¿Cuál es la relación que dichos jueces guardan con el poder gubernamental local? ¿Qué análisis político puede hacerse sobre su desempeño concreto de la función judicial federal en el estado? ¿Son auténticos garantes de la Constitución? Eso… ¡lo veremos!… pero en otra entrega porque aquí ya se acabó el espacio.