Simitrio: el derecho al revés / XLIX

“Descubrí que el verdadero México es un país con una Constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras; pero donde ni la Constitución ni las leyes se cumplen”.

John Kenneth Turner, México Bárbaro.

 


Haciendo paráfrasis de un anuncio político en boga, diremos: En Puebla, lo malo casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Los atrabiliarios ánimos inquisitoriales del gobierno se han ensañado contra la UPVA 28 de Octubre, de manera tan ruin, como quizá no se ha observado contra nadie más, por lo menos en nuestro suelo. La especial animadversión política hacia el líder, su familia y correligionarios hizo presencia efectiva desde las postrimerías del año dos mil catorce, bajo el membrete de “aplicación de la ley” con que el gobernante ha buscado justificar, al tiempo que minimizar, la crueldad de las tropelías cometidas contra ellos. Algo debe sugerir, en este y otros casos de atropello ciudadano vistos durante esta gestión, que oficialmente se diga que se trata de actos de aplicación de la ley cuando es, precisamente, el titular del Poder Ejecutivo quien establece, decide y determina primigeniamente el contenido de las leyes.

Los mexicanos estamos presenciando cómo, nombrándolas “reformas estructurales”, se llevan a cabo en nuestras narices, el despojo de los bienes de la Nación, su transferencia a manos privadas, el desmantelamiento de la institucionalidad del Estado y la puesta en bancarrota de las finanzas públicas y los ahorros de la clase trabajadora; cuyo resultado visible lo tenemos, día a día, en la fragilidad al punto de colapso de la economía del país; mientras el adalid de la democracia, Enrique Pena Ajena, en la asamblea general de la ONU llega a perorar: “…al responder al grave desafío del deterioro en el respaldo ciudadano a la democracia no se debe caer en la trampa de la demagogia ni el autoritarismo, sino ampliar la democracia misma… muchas sociedades se encuentran francamente insatisfechas con su condición actual, algo que aleja a los ciudadanos de sus autoridades; genera desconfianza en las instituciones y acentúa la incertidumbre sobre el futuro… la respuesta a la desilusión con la democracia está en la democracia misma; en propiciar sociedades cada vez más influyentes y participativas, donde todos los ciudadanos disfruten los beneficios del desarrollo” (http://www.jornada.unam.mx/2016/09/21/mundo/026n2mun).

La expresión poblana de tales trapacerías se encuentra en la deuda adquirida por la obra hecha en el centro político del estado, el ocultamiento –información clasificada como reservada– de la situación que guardan las finanzas públicas, el brutal adelgazamiento de la burocracia, la parálisis del sistema de justicia, el fulgurante encumbramiento de la delincuencia (el robo a ductos de Pemex es la contribución local para su desmantelamiento), la venta de bienes propiedad del estado, etcétera; cuya tapadera, en lo esencial, quedará a cargo de un fiscal, un auditor, un informador y un gobernador elegidos y designados, a modo, para ese fin. Tanto allá como acá, taimados, los gobernantes fingen y actúan para hacer creer a la sociedad que su gestión –siendo causa directa– nada tiene que ver con la espantosa descomposición social que se vive en los lugares donde ejercen el poder. Como si fuesen dechados de virtudes, discursivamente se despojan de “la demagogia y el autoritarismo” –patrimonio que los distingue– y los arrojan al aire con la misma pretensión perversa que abriga el ladrón que grita “agarren al ladrón, allá va el ladrón”.

La trampa de la demagogia y el autoritarismo está aquí. Aprovecha que el grueso de la sociedad desconoce las formas de creación y aplicación del contenido de las leyes y no sabe si éstas se cumplen o se violan; si se respetan o no. Acuña la frase de “la aplicación de la ley” que, siendo una expresión vacua, surge como única explicación y justificación de sus arbitrariedades y excesos de poder. En esta condición, el ataque gubernamental a los miembros de la 28 de Octubre es ejemplo vivo. De autoritarismo, porque se encierra en la cárcel a las personas o se les procesa acusándolos de delitos ficticios, acompañando tal acción con el manejo inmoral de la institucionalidad ministerial y judicial. De demagogia, por la calificación que oficialmente le dan a tales desmanes: aplicación de la ley. La cantaleta que venía sosteniendo, tozudamente, que en Puebla no hay presos políticos, de pronto, dejó de entonarse. Sin embargo, este silencio temático no se percibe como expresión de reflexión sobre lo injustificado del ataque ni mucho menos que pudiera preceder alguna rectificación del caso; por el contrario, parece dibujar el agazapamiento de una fiera no satisfecha y, por ello, de nueva cuenta los ambulantes lanzan una alerta a los poblanos.

Los procesos legales abiertos contra los militantes de la UPVA, empiezan a concluir. Los resultados de las sentencias de amparo obtenidas hasta ahora, dan cuenta que las autoridades han pasado por encima de todo lo que digan la Constitución y las leyes, con tal de conseguir el objetivo de someter o destruir a la 28 de Octubre. En esta narración serial ya no puede decirse que hayamos puesto botones de muestra sobre la ilegalidad que se vive en Puebla, sino, acreditamos un patrón en la conducta de autoridad basado en convertir la voluntad gubernamental en ley, a la que mediante interpretación procaz, absurda y deshonesta, la “procuración y administración de justicia” acomodan y aplican los ordenamientos legales. Xihuel Sarabia fue acusado, intencionalmente, ante juez penal incompetente –el de Cholula, por hechos presuntamente ocurridos en el Mercado Hidalgo– que, por ello, no estaba facultado para girar la orden de aprehensión ni dictar su formal prisión. La figura delictiva original usada en su contra fue “narcomenudeo en especie de posesión de cocaína y distribución”; luego de obtener un amparo, ese juez modificó el delito para quedar como “narcomenudeo en especie de posesión para suministro de cocaína y marihuana”; es decir, cambió distribución por suministro y agregó la marihuana. Otro amparo logra que el juez de Cholula envíe el proceso al juez penal de Puebla –sexto– y éste, emite formal prisión por “narcomenudeo en modalidad de posesión con fines de comercio”. Sin acreditar la base ni accesorios del supuesto delito, la judicatura juega de tin marín de do pingüe o, si no es Chana, entonces es Juana. Y, a esto, le llaman “legalidad”. El poder y la desvergüenza juntos hacen cinismo.