Simitrio: el derecho al revés / LXVI

¿Qué sentido tiene que el señor Gali se desgañite con la exaltación de valores morales que no demuestra? ¿Qué valor ético tiene exhortar, a los demás, para conducirse personal o profesionalmente de acuerdo con los valores que pregona sin que, en el ejercicio de gobierno, se haga lo propio? La ética y el civismo son materias de enseñanza que deben retornar ¿nada más a las aulas? Estas actitudes reflejan, por lo menos, incongruencia e insinceridad del pregonero. Cada día que pasa los poblanos vamos descubriendo las conexiones “políticas” que se tejen, en la penumbra, entre el hombre público y la delincuencia; y por ilógico o descabellado que parezca, tales relaciones no necesariamente son de fricción entre quienes engolan la voz para decir que nadie está por encima de la ley, con aquellos que presuntamente la violan. La realidad social y el periodismo las van documentando día con día.

Es altamente probable que tales conexiones permitan explicar clara y suficientemente –entre otras cosas– una dualidad en la acción institucional que agrede y lastima a la sociedad: la fiereza con que se persigue judicialmente al inconforme, opositor o disidente político, tan contrastante con la laxitud con que se persigue a la delincuencia. Casos de muestra sobran. El concepto de fiereza, aquí, no solo alude a la ferocidad, crueldad y dureza utilizadas; sino también a que, siendo sustantivo relativo a las fieras, a éstas al igual que a los representantes de las instituciones políticas, ministeriales y judiciales, tampoco les importa el derecho.

El tiempo está demostrando que la continuidad gubernativa se asienta en la observancia del viejo adagio de “cultura” política y burocrática “el que obedece no se equivoca”. Cabe preguntar entonces: ¿la decisión de mantener en la cárcel a los presos políticos –aquellos cuya causa única para estar en prisión fue la fabricación intencional de supuestos delitos– es muestra de honestidad, respeto o gratitud hacia ellos; o ejercicio ético de gobierno? El mecanismo sucio de autoridad que originó la prisión, procesamiento y persecución política de 366 ciudadanos pacíficos en Puebla, no solo fue un equívoco y un exceso de poder del morenovallismo, sino una ofensa directa a los poblanos que sigue degradando la relación con el gobierno y las bases mínimas de una sana convivencia social.


La persistencia en mantenerlos privados de la libertad sin razón legal alguna, convierte esa obediencia política en una cadena de equívocos, excesos y ofensas. En la medida en que una torpeza descomunal de esta naturaleza no se corrige a tiempo, denota que estamos frente a un ataque institucional contra la población cuya intención política es la reprimenda brutal y arbitraria de quienes manifiesten posturas políticas discordantes con el gobierno. En ello no hay democracia.

La fortaleza moral alcanzada por la 28 de Octubre, convertida en el objetivo predilecto de los arteros ataques políticos, jurídicos y violentos de los gobiernos morenovallistas, es de tal magnitud que su solo nombre, su firme presencia colectiva y su historial de lucha por espacio digno de trabajo para sus agremiados y la construcción de una sociedad humanista, se levantan como potente voz que desmiente y tilda de falsos y demagógicos los discursos oficiales que dicen, promover valores éticos, o elogiar la supremacía de la ley.

Solo el desquiciamiento moral del poder, la perversión de la política, el despotismo autoritario y la corrupción en el ejercicio de gobierno pueden ser los elementos que expliquen la imparable cadena de ataques, oficiales y encubiertos, que desde hace más de tres años vienen padeciendo los ambulantes de la 28 de Octubre. Todo parece indicar que así se castiga la negativa de sometimiento político de la organización al morenovallismo. La respuesta gubernamental envenenada fue echarles la maquinaria del estado desatando en su contra las villanías más repugnantes con careta de actos de autoridad y, al mismo tiempo, lanzarles públicamente la acusación de que en el Mercado Hidalgo existían actividades de narcomenudeo.

Este sigue siendo, hasta hoy, el marco en el que aparecen, se articulan y desenvuelven los nuevos ataques. No logrado el sometimiento, entonces, la alternativa está siendo vista en la destrucción a través del miedo. La acción persecutoria oficial consiguió –con métodos que cualquier abogado digno rechazaría por inmundos– poner en prisión a cinco de sus miembros y someter a proceso a otros cuatro. Pesa la acusación directa contra Simitrio y dos de sus hijos, de estar involucrados en el narcomenudeo. El tiempo ha puesto las cosas en su lugar. Las sentencias obtenidas en múltiples juicios de amparo demuestran la falacia y arbitrariedad de los argumentos de las autoridades que han intervenido en el atropello, incluyendo a los gobernantes.

Como si fuese respuesta, la violencia de los esbirros del estado se ha hecho presente de manera bestial intentando encubrirse tras el mar de inseguridad pública con que se castiga a los poblanos. Es la fase superior de la embestida. Bajo estas condiciones, tenemos pendientes dos resoluciones de autoridad que, en lo inmediato, desvelarán la hipocresía del discurso: la sentencia de Xihuel Sarabia y el resultado de las investigaciones de la Fiscalía sobre el asesinato de su hermana Meztli. Los tiempos electorales llegan e influirán en el sentido de dichas resoluciones, y una pregunta vuelve a lastimar nuestra conciencia: ¿podemos estar seguros que los mismos personajes que inventaron las peores atrocidades jurídicas para llevarlos a la cárcel, van a juzgar imparcialmente a Xihuel acusado de narcomenudeo –en el mismo proceso y por los mismos hechos en que la justicia federal ha determinado inexistencia de delito respecto de su padre y hermano– e investigarán confiable y exhaustivamente el asesinato de su hermana?

La lógica de los hechos dice que no. A un prudente silencio de los ambulantes, ha seguido un insolente silencio gubernamental. Cual malos servidores públicos insistirán en encubrir la realidad de los hechos con el formalismo, manteniéndose, con el manejo “jurídico” y “político”, en la imprecisión que les ha permitido vociferar todo género de subterfugios y calumnias para mantener las infamias que cometen contra los miembros de la 28 de Octubre. ¡Y no les da vergüenza!