Simitrio: el derecho al revés / LXIV

Sin ayuda de nadie el señor Antonio Gali ha entrampado a su gobierno en un problema de congruencia ética. En tiempos en que muchos de los problemas sociales creados por su antecesor, “su” herencia, le están reventando en las manos –inseguridad pública, presos políticos, deuda oculta, feminicidios, agua, huachicol–; ha tomado la decisión de poner en marcha dos acciones que debe considerar contundentes pues de lo contrario, debe suponerse, no las emprendería. Una, que lleva a cabo la Secretaría General de Gobierno: negar sistemáticamente la existencia de esos problemas o, su gravedad, cuando no queda de otra; y, dos, la campaña “Donde hay un poblano hay compromiso” que consiste en la promoción de valores entre la población, comenzando con el de honestidad (http://www.e–consulta.com/nota/2017–06–14/ciudad/lanza–gobierno–campana–donde–hay–un–poblano–hay–compromiso).

Después de todo lo que los poblanos hemos visto como métodos de gobierno y sus resultados sociales durante el periodo de Moreno Valle y lo que va del actual, que hoy nos vengan a hablar de promoción del valor “honestidad” entre la población, semeja una broma de pésimo gusto. No sólo porque lingüísticamente el eslogan se presta a un juego de lógica sarcástica –“y donde no, pues no”– que no tiene intención siquiera de incomodar a los altos funcionarios transexenales que, no siendo poblanos, han hecho de las dependencias estatales a su respectivo cargo verdaderos feudos cuyo funcionamiento está basado en el establecimiento de una prudente distancia frente a ese valor; sino, por la soberbia y egolatría que se perciben en el planteamiento mismo de que será el gobierno quien lo promueva entre la población. Los gobernantes siguen viendo el mundo al revés. La honestidad es valor absoluto y cualidad revolucionaria; no admite doblez. A nadie cabría duda que si los gobernantes, en su acción cotidiana, se condujesen con honestidad, no solo la entidad, el país y el mundo entero serían otros. Nuestro mundo sería, simplemente, sano para vivir.

Encarar con honestidad la problemática social que vivimos en Puebla, no forma parte de la agenda política de éste gobierno que centra sus esfuerzos, básicamente, en encubrir y disfrazar las tropelías del anterior como base para empujar una aspiración presidencial y un proyecto transexenal local. La transexenalidad apreciable en la estructura actual del estado lograda por Moreno Valle, se hizo posible mediante el férreo control político de la institucionalidad; el dominio faccioso de su grupo político; la entronización de pequeños grupos locales, nacionales e internacionales de empresas favorecidas con la obra pública; y, la anulación de la división de poderes. Socialmente, la instauración de una feroz persecución político–judicial desatada contra todas aquellas personas que se mostraran críticas, disidentes u opositoras de la acción de gobierno, dio lugar al surgimiento de los presos, procesados y perseguidos políticos, que la organización civil Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla estima en 366 el número de personas afectadas; tema en que, el actual gobierno, es absolutamente deshonesto.


Lo es en tres sentidos. Primero, por pretender ocultar la realidad, negándola. Una molesta cantinela gubernamental dice: “En el estado de Puebla no existen presos y procesados políticos”. Sin rubor alguno, sus estribillos dicen: “El Poder Ejecutivo ha sido muy respetuoso de la división de poderes”; “En el estado de Puebla, se respetan de manera irrestricta los Derechos Humanos y no existe persecución política alguna”; “No existen libradas órdenes de aprehensión en contra de activistas y defensores de derechos humanos por delitos de naturaleza política”; “Las siete personas que menciona, no tienen calidad de presos políticos porque los delitos por los que están siendo procesados son del orden común”; entre otros. Crear una confusión conceptual según la cual solo serían presos o procesados políticos las personas a quienes se le sigue causa penal por delitos de naturaleza política, es una estratagema de la misma ralea cuyo objetivo es confundir a la sociedad, mediante ese discurso reiterativo, para ocultar el mecanismo clásico productor de presos, procesados y perseguidos políticos que deviene del manejo abusivo de la institucionalidad del estado, hecho por un gobernante, para castigar a la disidencia.

Segundo, entre ese universo de persecución se niega a reconocer, política, profesional, y hasta humanamente, que con los presos y procesados de la 28 de Octubre se cometió una verdadera canallada, solo –ni más, ni menos– porque tan vil acción se decidió en Casa Puebla, se operó en Casa Aguayo y fue ejecutada entre Procuraduría y Tribunal Superior. Pronto sabremos cuál fue la cooperación del Congreso en esta agresión de estado que sufre la organización de los ambulantes. ¿Qué aconsejaría la ética en un caso como éste?

Tercero, usada cuanta barbaridad ilegal y antijurídica se les ocurrió inventar para cometer los atropellos contra Simitrio y demás miembros de su familia y la organización; cuando el cúmulo de amparos otorgados en favor de cada uno de ellos demuestran fehacientemente que nunca existió delito, que jamás debieron pisar la cárcel, ni ser sujetos a proceso; ahora, los funcionarios exigen “respetar los tiempos legales y las resoluciones de la autoridad” para liberarlos. Para dar idea de lo que ocurre, transcribo lo dicho recientemente por jueces federales:

“Pero ahí no quedan las irregularidades detectadas en el apartado inherente al cuerpo del delito imputado…puesto que se ven reflejadas en la probable responsabilidad… Empero, tampoco fundó y motivó cómo se justificó la probable responsabilidad del hoy quejoso en dicho ilícito…sin aportar nuevos elementos de los que se desprendieran imputaciones directas y concretas contra el quejoso…” (Sentencia, 9 de junio 2017, Rubén Sarabia Sánchez, amparo 169/2017, Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal).

“Es de mencionar, que respecto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de narcomenudeo en la especie de suministro de marihuana y cocaína, su estudio es innecesario, dado que al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito, es evidente que la probable responsabilidad también deviene inexistente” (Sentencia, 31 de mayo 2017, Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna, amparo número 117/2017, Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal).

Y, lo que dijo el juez Primero Penal el 28 de marzo pasado, en el proceso 9/2017, al imponerse la prisión domiciliaria para Simitrio:

“Tercero. En consecuencia de lo anterior, dado el estado de salud del procesado no ha lugar a establecer custodia en su domicilio, sin embargo se le apercibe de que deberá permanecer en el domicilio en que se deposite…”

A pesar de estas determinaciones judiciales, hoy es la fecha en que los presos siguen presos, los procesados siguen procesados y la custodia policial en el domicilio particular de éste, no ha sido retirada. ¿Honestidad o cinismo?