Simitrio: el derecho al revés / LXIII

La insistencia del gobierno en negar la existencia de presos, procesados y perseguidos políticos en Puebla entró en fase de abierta contradicción con la percepción y exigencia sociales externadas por organizaciones civiles, personalidades del ámbito político, familiares y amigos solidarios de los afectados que viven esa situación. Esta modalidad de la hipocresía política encerrada en el discurso aparentemente mesurado con que se abordan temas sobre acciones gubernativas perjudiciales para la sociedad tiene por finalidad encubrir, cuando de plano es difícil ocultar, el abuso de poder efectuado para conseguir los objetivos políticos que cada gobierno se propone lograr. El ejercicio abusivo del poder, ajeno a toda legalidad, es el instrumento “oficial” que modela visiones y discursos sobre la obra de gobierno.

La existencia de presos políticos es negada con el mismo propósito con que se niega el endeudamiento malsano en las finanzas públicas, la privatización del agua, las afectaciones del patrimonio histórico y la cultura, el despojo violento de tierras y aguas en las comunidades serranas. Jamás se reconocerán los insultantes contrastes entre riqueza y marginalidad social, el crecimiento imparable de los índices de criminalidad social y organizada, y lo peor de todo, la cada vez más notoria pérdida social de los mínimos valores de humanidad entre seres humanos. El desquiciamiento moral en el ejercicio de gobierno ha convertido a la mentira en su herramienta básica de comunicación social.

El gobierno de la alternancia optó por levantar obra material que fuese visible y notoria para presumirla. El derroche de dinero público fue sello de la inversión sin importar pertinencia social, calidad de construcción ni la utilidad real que tendría. Las necesidades sociales de la población quedaron al margen, postergadas por la ambición de una candidatura presidencial y un minimaximato local. De manera impensada el tiempo y las inclemencias climáticas asumieron el papel de implacables críticos políticos de la obra material del morenovallismo y la están poniendo en su sitio mostrando inconsistencias de construcción a pesar de sus elevados costos, y escasez de funcionalidades que se le atribuyeron. Alguna contrariedad debe causar a la Fiscalía no poder acusarlos por sus actos para meterlos a la cárcel, procesarlos, o perseguirlos con la policía.


La sociedad civil reclama la libertad de 366, mujeres y hombres honrados, de trabajo, que en Puebla han tenido la desgracia de estorbar, el valor de criticar, o la osadía de defenderse de la acción del gobierno en ejecución de su programa. Quizá en el proyecto estaba previsto. Trajeron, importados, hombres de poco escrúpulo que cumplieran el papel en funciones de gobierno, de señalar a los críticos; montarles acusaciones infames e infamantes para encerrarlos en prisión, procesarlos y perseguirlos; hubo necesidad de traer gente probadamente experimentada en la eufemización, minimización y negación de las arbitrariedades de gobierno para intentar ocultarlas. Negar la existencia de presos políticos se volvió acción contumaz de gobierno y Diódoro Carrasco se dedica tenazmente a emitir comunicados de prensa para cubrir esa tarea.

Este negador oficial de las acciones turbias de gobierno cree haber encontrado un increíble e inigualable método para cumplir su función: repetir las veces que sea necesario un argumento que considera dotado de tal contundencia lógica que haría la envidia del mismísimo ¡pobre Aristóteles!: (en Puebla, nadie está procesado o sentenciado por un delito de naturaleza política). O sea: no existen presos políticos porque nadie está acusado de un delito político. ¡Órale! Se nota que la elevación del espíritu y la profundidad del pensamiento son lo suyo. Que hasta ahora ninguna persona haya sido acusada por delito de naturaleza política significa, sencillamente, que nadie ha incurrido en conducta reprochable que afecte al orden constitucional establecido ni a la integridad del estado. En esto basa su grandilocuente inferencia el señor Carrasco.

Pero… ¿quién, durante seis años y medio, ha hablado de eso en Puebla? Nadie. Es una invención, como postura de gobierno, para engañar desviando la atención social. Negar sistemáticamente la existencia de los presos políticos busca, en lo fundamental, eludir responsabilidades políticas y costos sociales atribuibles a una forma de gobernar; excluir el tema como fenómeno social que hace evidente un mecanismo sucio de gobierno; y, evadir reclamos políticos y sociales en general. Particularmente busca evitar los formulados por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla que fija en 366 personas el saldo sucio de la persecución política morenovallista.

Invariablemente en los boletines, Diódoro el repetitivo, intenta desaparecer este incómodo tema aludiendo al problema de la 28 de Octubre como si fuese único. De manera peyorativa minimiza el asunto de los ambulantes con el artilugio de describir, únicamente, la “situación” jurídica de sus presos y procesados escondiendo el punto medular que ellos denuncian: el falseamiento de las acusaciones, el uso inmoral y corrupto de las instituciones de procuración y administración de justicia, y la burla del derecho para acusarlos por delitos inexistentes como bases de su persecución y encarcelamiento. Que sostenga, en este contexto (que en la entidad no se ejerce represión o persecución en contra de las voces disidentes y así lo demuestra el respeto a las distintas manifestaciones de protesta por parte de la población) es afirmación que cae por su propio peso: Rita Amador y tres más están procesados bajo acusación de daño a las vías de comunicación por una manifestación de protesta frente a Casa Aguayo el 21 de agosto de 2015.

Si el titular del ejecutivo fuese mujer u hombre de principios, jamás permitiría que el estado actuara así. Las formas de gobernar un estado son esencialmente decisiones políticas. Burlar el derecho, acusar falsamente y utilizar las instituciones para sostener una farsa que impone privar de la libertad a personas críticas de la acción de gobierno, son decisiones políticas del más alto nivel que convierten a esas personas en prisioneros del poder; en presos políticos. El énfasis institucional puesto en perseguir y encarcelar a los críticos, combinado con la indolencia para atender la problemática representada por el crecimiento de la delincuencia social y organizada, está modelando nuestra sociedad.