Simitrio: el derecho al revés / LXII

El problema de que sean los propios gobernantes quienes no respeten las normas establecidas en la Constitución y las leyes, no solo radica en su degeneración en gobiernos autoritarios y arbitrarios, sino en que al desobedecerlas vulneran tanto el proyecto político de nación establecido en ellas como sus reglas básicas de convivencia entre seres humanos. El modelo social basado en el trabajo, la educación, la concordia y la prosperidad paulatina de la calidad de vida de todos los integrantes de una sociedad, es adulterado y suplantado por la acción anómala de tales gobernantes que, abusando del poder, lo utilizan de manera facciosa para beneficiar a un pequeño sector de la sociedad a costa de agraviar a las mayorías, generando división y polarización social que debieran no solo ser inaceptables, sino inadmisibles por el daño social que traen aparejado consigo.

Puebla y su lacerante realidad cotidiana de degradación social es prueba fehaciente de ello. Un programa de gobierno y un estilo personal de gobernar apilados bajo el calificativo de morenovallismo están mostrando sus desastrosos resultados cuando han transcurrido poco más de cien días que su artífice dejó formalmente el poder, y los efectos colectivos de sus métodos de gobierno se dejan ver y sentir con toda crudeza y horror labrando un escenario dantesco. Una concepción del mundo, la sociedad, las relaciones humanas y del ejercicio del poder público subyace a la realidad social que estamos viendo. La miseria moral como eje rector de la acción pública y la brutal descomposición social como ineludible consecuencia. ¿Quién puede decir ahora que el incremento exponencial de los índices delictivos y la degradación humana que acarrean, no son obras de gobierno?

Se hizo patente que dirigir, tozudos, los esfuerzos institucionales del ministerio público –con el aderezo de inmoralidad característica de sus titulares político y administrativo– para perseguir y encarcelar a base de infundios sobre supuestas conductas delictivas a los disconformes con las políticas del gobierno, mientras la delincuencia –social y organizada– y la corrupción interna crecían frente a sus ojos, fue producto de una decisión de poder convertida en política gubernamental. A pesar de ello, hoy, un extraño manto de aval empresarial poco elegante –por insensible e impensado– se ha tendido dando cobijo a estas formas de gobernar que reflejan en su verdadera y exacta dimensión la realidad política y social que propone un refrito con aroma foxista denominado la fuerza del cambio.


(http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/09/empresarios-del-cce-defienden-moreno-valle-justifican-falta-combate-del-robo-combustible/)

En el lado opuesto, la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre, castigada hasta la fecha por las infamias producto de tales decisiones de gobierno, respondiendo en ese entonces un comunicado social de la Procuraduría General de Justicia, alertó a tiempo y suficientemente sobre el equívoco de tales modos de gobernar: <<Es preocupante que una cuestión tan delicada como la libertad de las personas sea descalificada con el simple y deleznable recurso de la negación “categórica”, como si esta sensible reclamación social (sobre los presos políticos) ameritara contestarse con la técnica barata con que se responde una demanda en juicio ordinario. La sociedad poblana desea saber, a ciencia cierta, qué es lo que está pasando con la aplicación de la ley y por qué las personas que en algún momento defienden trabajo, tierra, modo de vida o destino del patrimonio histórico afectados por decisiones gubernamentales, tienen que parar en la cárcel>>. Todavía, en carta abierta –17 de enero pasado– dirigida a Rafael Moreno Valle, esa organización de ambulantes expresó: <<Sin embargo, a lo largo de seis años, su ejercicio de gobierno se orientó a labrar un proyecto político personal –que ya asoma– sostenido en el envío de los poblanos a la desesperanza por falta de empleos, o la privación ilegal e injusta de ellos; en mandar a la cárcel, procesar o perseguir a cuantos hombres y mujeres honrados han tenido la desgracia de atravesarse en el camino de sus acciones de gobierno; y, en poner la seguridad pública de los ciudadanos al cuidado de la delincuencia. Su gobierno está basado en el temor ciudadano y no en la sinceridad de su ejercicio>>.

Quizá tales señales de prevención política no hayan sido tomadas en consideración por suponerse provenientes de parte interesada, o haber sido vistas como meras descalificaciones del gobierno dado el conflicto específico que enfrentan; o, en último de los casos solo por tratarse de “los ambulantes de la 28” pues, se dirá, ¡vaya usted a saber si esos ambulantes sepan algo de política! Lo cierto es que ahora, cuando la entidad se está haciendo añicos y se desangra, ni los expertos y experimentados negadores de la existencia de los presos políticos, ni los corruptos que designan presuntos fiscales anticorrupción, ni los “embajadores del derecho, justicia y legalidad”, y tampoco los promotores de falsas promesas de reconciliación social, pueden sostener el valor, validez y viabilidad política de su proyecto transexenal de gobierno.

Dejar crecer deliberadamente el fenómeno de la delincuencia debe tener alguna razón de fondo que la explique: ¿reactivar la economía local?, ¿mecanismo para obtener ingresos?, ¿ocupación para estadísticas del desempleo?, ¿heredar ingobernabilidad?, ¿inducción para que la población pida seguridad pública?, ¿pretexto para militarizar al estado, al país?, ¿alguna otra que se me escapa y no dije? Por salud pública, los actuales gobernantes harían bien en dar a los poblanos la explicación correspondiente, clara y suficiente, para saber en dónde estamos parados; a menos que los propósitos para no perseguir esa delincuencia sean inconfesables.

Las heridas abiertas por estas decisiones gubernamentales tienen que ser restañadas, los presos políticos deben volver, libres, a su vida cotidiana y los daños que les han sido causados ser reconocidos y reparados. El enfoque para combatir la criminalidad tiene que ser replanteado concibiendo otro modelo de relaciones humanas, es decir, una sociedad basada en respetar al otro donde sea el gobierno encargado de poner el ejemplo.