Simitrio, el derecho al revés / LX

“La prueba de cualquier hecho hay que buscarla no en las palabras, sino en las condiciones reales”.

John Kenneth Turner, México bárbaro.

 


La madrugada del pasado viernes 31 de marzo Simitrio llegó a su casa bajo el régimen de prisión domiciliaria que le ha sido impuesto. En boletín oficial emitido desde las 14 horas del día anterior, la Secretaría General de Gobierno se encargó de difundir masivamente que esta decisión del nuevo gobierno obedeció a las “condiciones de salud” de aquel, y a “razones humanitarias”, sin decir cuáles fueron estas. El hecho representa, claramente, una medida política y autoritaria. Política, porque así se pretende ir echando tierra –igual que los gatos hacen con su suciedad– y enviar al olvido de los poblanos el capricho de un ex (¿?) gobernante perverso e irresponsable que subvirtió la ley y la autoridad civil para mandar a prisión a un hombre inocente. Autoritaria, porque para efectuarla no se pidió consentimiento ni al propio interesado.

¿Qué lógica, política y argumental, rige para enviar a un hombre a prisión en su domicilio aduciendo “condiciones de salud”, estando previamente recluido en el Hospital General Zona Norte? ¿Qué mensaje político conlleva en estas circunstancias que el nuevo gobierno invoque “razones humanitarias” para justificar la medida? Para Simitrio esta modalidad de su encierro significa: “Que el gobierno se arroga el poder de convertir el domicilio familiar en prisión particular lo cual no está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales.” Cierto: estar en casa con la familia será, siempre, infinitamente mejor que estar en la cárcel, pero eso no quita la situación de privación de libertad (policías estatales apostados día y noche frente a su departamento, armados con R 15, impiden que salga siquiera a la banqueta), ni modifica la intención política que dio origen a su encierro y, por el contrario, confirma la persecución política y las arbitrariedades de que es objeto. La diferencia en la prisión es de grado, no de esencia. Equivale a la diferencia que pueda encontrarse entre el gobierno de Moreno Valle y el de Moreno Gali.

Se trata de un acto gubernamental inclinado a empequeñecer las crueldades políticas con que se gobierna, aderezado con el uso de expresiones lingüisticas que, por su generalidad y ambivalencia, intentan suplir el eslogan predilecto de la administración pasada: “se aplicó la ley”. El gobierno alberga la intención de obtener lucimiento político y social dando prisión domiciliaria a quien no ha cometido delito alguno, invocando el majestuoso concepto de “razones humanitarias”. La sobrexposición mediática del hecho aspira a alcanzar un impacto emotivo favorable en la sociedad; así, la autoridad evadirá la incómoda obligación de señalar qué normas del orden jurídico le facultan para actuar, frente a Simitrio, jugando con su libertad, su salud y la prisión. Como puede verse, es la voluntad del poder puesta por encima de las leyes.

Los poblanos no debemos permitir este artilugio discursivo cuya finalidad es, otra vez, el engaño. El gobierno ha invocado las “razones humanitarias” con el significado de conmiseración. Tal proceder es cínico e inmoral pues, en el fondo, implica burlarse de la desgracia de un hombre –la prisión sin causa, la merma de su salud, el juego con su vida– causada directamente por el mismo equipo de gobierno que ahora pondera y eleva las “condiciones de salud” y las “razones humanitarias” como motivos para ponerlo en prisión domiciliaria. Esta modalidad de prisión no puede verse, so pena de caer en el análisis superficial, como muestra de humanismo gubernamental; tampoco como expresión de ruptura del actual gobierno con el pasado y, mucho menos, como satisfacción a los reclamos de la 28 de Octubre para que deje de movilizarse por las calles en reclamo de libertad para sus presos.

Las razones humanitarias, cualesquiera que sean, tienen que pasar primero por la aduana de la justicia como la razón más humana de convivencia en una sociedad. Como si hubiésemos retornado al porfiriato, para someter y rendir políticamente a Simitrio como líder de los ambulantes, se le encarceló sin motivo legal; apresaron a sus hijos y compañeros; procesaron a la esposa, a la nuera y a los correligionarios, entre otros actos represivos con los que se hostiliza a la organización que dirige. Ahora, en vez de otorgarle su libertad plena por haber cumplido su sentencia desde hace más de dos años y haberle fabricado acusaciones para procesarlo, resulta que pomposa y ruidosamente se le impone la prisión en su casa por “razones humanitarias”. Desfachatez pura.

La hostilidad gubernamental hacia la 28 de Octubre busca eliminar un liderazgo social en Puebla, del tamaño que éste sea. En la consecución de este objetivo no han tenido cabida escrúpulos, moralidad política, legalidad ni razón; solo exhibición absurda de poder. Téngase presente que a Simitrio, para encarcelarlo, no se le acusó de delito alguno, sino de “no observar buena conducta” como parte de un ardid para quitarle el beneficio de prelibertad concedido desde 2001, faltando escasas tres semanas para que obtuviera su libertad absoluta en el proceso 113/1989 del Juzgado Quinto Penal.

Los argumentos y mecanismos jurídicos inventados –que no ideados–, ajenos a la Constitución y las leyes, fueron tan torpes, absurdos y estrambóticos que a sus autores les haría bien darse una vueltecita por una escuela de derecho. Lo que resulta preocupante, por increíble, es que tales pifias estén siendo sostenidas como si fuesen razón de estado. La condición de preso político de Simitrio no desaparece con los banales discursos de Diódoro Carrasco negando la existencia de los presos, procesados y perseguidos políticos que, en Puebla, se cuentan por cientos. Sin justeza el laberinto de la persecución política, como mecanismo de gobernanza y gobernabilidad, seguirá quitando a las leyes el carácter de instrumento y parámetro de sana convivencia social, convirtiéndolas en deleznable pretexto para la represión de personas o grupos sociales incómodos para los gobernantes, excluyendo cualquier posibilidad de democracia. El desquiciamiento moral de la sociedad es la más desastrosa consecuencia de las actuales formas de gobernar. Cuando surge la tendencia a exaltar la figura política de Porfirio Díaz, se hace imprescindible la lectura de México bárbaro.