Simitrio: el derecho al revés / LVIII

Da la impresión. Parece ser. Se deja entrever. Todos los indicios apuntan a que las arbitrariedades cometidas en la gestión de Plutarco Moreno Valle bajo el lema “se aplicó la ley”, seguirán cometiéndose también bajo el eslogan de la “reconciliación”. El engaño a la ciudadanía y la prepotencia en el ejercicio de las funciones de autoridad continuarán siendo ingredientes básicos de relación entre el poder público y los sectores mayoritarios de la población. Acallar inconformidades, someter resistencias, frustrar esfuerzos de organización social, anular liderazgos incómodos, o hasta castigar sencillamente por no hablar español (http://www.periodicocentral.mx/2017/paginanegra/crimenycastigo/item/2958enpueblahanliberado347indigenasqueestabanpresospornohablarespanolcdi) con el uso rudo del poder institucional, serán episodios que los poblanos todavía veremos como expresión de gobierno. La descomposición social que se vive en Puebla es el fruto más perverso de estas formas de gobernar.

Luego que en Ocotepec se ha hecho presente la “reconciliación” (http://www.pueblaonline.com.mx/2015/portal/index.php/estado/item/49777seenfrentanpoliciasyvecinosdeocotepecenprotestaporelagua#.WLHOzzhIQfI), el próximo grupo social que resentirá sus efectos autoritarios –deseo de todo corazón equivocarme y me alegraré de mi desatino– serán los trabajadores despedidos de la burocracia estatal que aún conservan –ellos, sus abogados, algunos analistas políticos– esperanza de recibir una respuesta “conforme a derecho” en el resultado de sus juicios laborales; sin embargo, tal respuesta será política escondida tras un antifaz “legal”. Pronto se verá.

El problema de los derechos humanos en México jamás podrá ser resuelto ni saldremos de la descomposición social que subyace a la violencia de estado que configura su violación, por más que se incluyan en la constitución encendidos textos sobre la protección de aquellos (Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.) si no cambiamos las formas de hacer política. Necesitamos definir, como sociedad, si queremos derechos humanos en la letra constitucional o en la realidad cotidiana. El discurso oficial abandera la vigencia de éstos sólo porque forman parte del texto constitucional o de algunas leyes, mientras la realidad de cada día insiste en mostrarnos los horrores de su desprecio por las propias autoridades que pisan y pasan sobre lo que digan esa constitución o las leyes.


En el caso de Simitrio puede verse que, aunque la Ley de Amparo diga –artículos 201 y 203– que el recurso de inconformidad por incumplimiento de la autoridad al mandato de una sentencia de amparo, debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; resulta que ésta, fundándose en sus “Acuerdos Generales”, decidió no conocer el asunto. Oportunamente planteamos la reasunción de competencia (expediente 177/2016) y con fecha uno de febrero pasado, la Primera Sala dictó el acuerdo que dice: En sesión privada de esta misma fecha, ante la falta de legitimación del solicitante, se sometió a consideración de la Ministra y de los Ministros integrantes de esta Primera Sala, la solicitud planteada para que este Alto Tribunal, reasuma su competencia originaria para conocer del recurso de inconformidad 28/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, y ninguno de ellos decidió de oficio hacer suya la referida petición. Con fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Punto Décimo Cuarto, párrafo primero del Acuerdo 5/2013, infórmese al promovente que ante su falta de legitimación se desecha la petición que formula”.

Debe llamar la atención que tratándose del asunto de un hombre enviado a la prisión por autoridades que invocaron torpezas jurídicas fuera del orden constitucional y que omitieron sus elementales obligaciones frente a la libertad de la persona, para atropellarla; que este hombre obtuvo una sentencia firme de amparo que ordena su libertad, y que ya cumplió íntegramente la sentencia por la que se le ha reenviado a la prisión, haya sido rechazado por los ministros en una “sesión privada”. Que por encima de la Ley de Amparo, reglamentaria de la Constitución, se haya puesto un acuerdo general de la Corte como fundamento legal. Que en el acuerdo dictado no se estableció razón alguna para rechazar el asunto, y que, seguidos escrupulosamente todos los procedimientos establecidos en la ley, los ministros vengan a determinar que el afectado por la violación irracional de sus derechos humanos de libertad, presunción de inocencia y debido proceso, luego de más de dos años de prisión injusta… ¡carece de legitimación para pedir la intervención de la Corte!

El problema de los derechos humanos, entonces, radica en la estructura misma del orden jurídico y el poder constitucional que permiten que la protección tenga como requisito y condición indispensable su violación. Con la creación de esos acuerdos generales, la Corte como poder de Estado puede elegir qué asuntos atiende y cuáles no, invocando en cada caso la ley o esos acuerdos como soporte de su decisión. Hasta que el afectado, obligado a acudir hasta las instancias superiores de poder del Estado, pueda demostrar la violación de sus derechos humanos será cuando, tal vez, obtenga el reconocimiento de ella, seguida de una declaración de protección respecto de un hecho consumado, vejatorio de la condición humana. El régimen constitucional de “protección” de derechos humanos elimina, de facto, su respeto y propicia la opresión social.